El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha citado el próximo 20 de octubre a las 11 de la mañana al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, en calidad de investigado para que preste declaración voluntaria en relación con la causa en la que investiga un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad.
La Sala de lo Penal acordó abrir causa al diputado de Unidas Podemos el pasado 28 de septiembre después de que el juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristóbal de la Laguna (Canarias) enviase testimonio de un procedimiento abreviado seguido contra él, entre otros, en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.
Protesta contra la LOMCE
La Fiscalía había presentado escrito de acusación contra Alberto Rodríguez al considerarlo autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitando la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta. El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él pero al acreditar su condición de diputado al Congreso, acordó la nulidad parcial de dicho auto en lo que se refería al aforado.
Aunque el auto de la Sala de lo Penal no se refirió a los hechos concretos por los que abrió la causa, éstos se remontan a 2014, cuando Rodríguez participó en una protesta contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) coincidiendo con la visita del ministro de Educación durante el Gobierno de Rajoy, José Ignacio Wert, a La Laguna (Tenerife). La protesta se transformó en altercados en los que participaron varias personas, entre ellas, según denunció la Fiscalía canaria, el ahora secretario de Organización de Podemos. Los implicados habrían agredido a los agentes de la autoridad, según el atestado policial que dio origen a la investigación.
Rodríguez ya fue investigado por el Tribunal Supremo por presunto delito de desorden público en 2017 en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006. El alto tribunal archivó la investigación declarando extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.
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