El juez que investiga la trama de desvío de fondos públicos para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Bélgica cree que Rusia estaba dispuesta a enviar a "10.000 soldados" después de la celebración del referéndum del 1-O y antes de la declaración unilateral de independencia para "hacer de Cataluña un país como Suiza", según ha adelantado El Mundo.

Así lo detalla el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en el auto por el que autorizó los 31 entradas y registros practicadas por la Guardia Civil este miércoles en diferentes localidades de Barcelona y Girona en el marco de la Operación Volhov. La redada se ha saldado de momento con una veintena de detenciones.

El magistrado concede plena credibilidad a lo que Víctor Terradellas -antiguo responsable de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y presidente de la Fundación CATmon- le cuenta al ex dirigente de ERC Xavier Vendrell en el curso de una conversación que ambos mantuvieron en la primavera de 2018 y que los investigadores habían interceptado cuando la causa se instruía bajo secreto.

De acuerdo con la explicación ofrecida por Terradellas -detenido en mayo de 2018 durante la primera fase de la investigación por desvío de fondos públicos que dirige el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona-, el ofrecimiento no se consumó porque Puigdemont "se cagó en los calzoncillos". La propuesta se habría realizado días antes de que el Parlament declarara la independencia de forma unilateral.

La embajada de Rusia en España no ha tardado en reaccionar, haciendo mofa de la investigación y del dato.

"La información está incompleta. Hace falta añadir dos ceros al número de soldados y lo más impactante de toda esta conspiración: las tropas deberían ser transportadas por aviones 'Mosca' y 'Chato' ensamblados en Cataluña durante la Guerra Civil y escondidas en un lugar seguro de la sierra catalana hasta recibir a través de estas publicaciones la orden cifrada de actuar", ha escrito el perfil oficial de la representación diplomática oficial de Rusia en España, en un tono claramente irónico.

En el otoño de 2017, la maquinaria rusa aprovechó la crisis en Cataluña derivada del desafío independentista para llevar a cabo una estrategia de injerencia en redes sociales con la que buscaba erosionar la cohesión de la Unión Europea.

Injerencia rusa en las redes sociales

Cuando compareció en la Comisión Mixta Congreso-Senado en noviembre de 2017, la investigadora del Real Instituto Elcano Mira Milosevic-Juaristi llamó la atención sobre el hecho de que la presencia de Cataluña en redes sociales hubiera aumentado un 2.000 por ciento en septiembre de dicho año y que algunos mensajes de Julian Assange fueron retuiteados 60 veces por segundo, hechos que sólo pudieron ser realizados por ‘bots’ (programas informáticos que efectúan automáticamente tareas de repetición a través de Internet).

Uno de los detenidos ahora en la Operación Volhov, Oriol Soler, era precisamente el nexo del independentismo con el fundador de Wikileaks. El economista y editor se reunió con Assange en Londres el 9 de noviembre de 2017 cuando aquél permanecía aún en la Embajada de Ecuador, si bien negó que el encuentro tuviera el procedo secesionista como trasfondo. "La visita fue totalmente transparente y legal", aseguró en Twitter.

Oriol Soler es uno de los 21 detenidos por la Guardia Civil en el marco del procedimiento judicial en el que se investiga si desde la Generalitat se desviaron fondos para sufragar la estancia de Puigdemont en Bélgica. Se les imputan delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.

El empresario David Madí, este miércoles tras ser detenido por la Guardia Civil.

Entre los arrestados se encuentran también David Madí y Xavier Vinyals, integrantes del llamado 'estado mayor' del procés: el núcleo duro que durante meses organizó la celebración del referéndum del 1-O junto a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Ex altos cargos y empresarios

También han sido detenidos el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; el ex interventor de Presidencia de la Generalitat Jordi Sierra; el alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir; la la directora de Centros Concertados de la Conselleria de Educación, Pilar Contreras, y los empresarios Antonio Fuste y Roc Aguilera.

Junto a los arrestos, los agentes de la Guardia Civil han practicado una treintena de registros en diferentes municipios catalanes, lo que les ha permitido intervenir abundante documentación, dispositivos informáticos y de telefonía que ahora someterán a un exhaustivo análisis.

La operación no iba dirigida en su origen contra Tsunami Democràtic, pero en el transcurso de la investigación que han llevado a cabo en la sombra el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona y la Guardia Civil han surgido posibles vínculos de los arrestados y esta plataforma que, desde aplicaciones móviles y redes sociales, lideró las protestas masivas contra la sentencia que condenó a los políticos que lideraron el 1-O.