La Fiscalía del Tribunal Supremo asumirá unas nuevas diligencias de investigación que ha llevado a cabo durante este año la Fiscalía Anticorrupción, que aún están inacabadas y afectan directamente a Juan Carlos I.

Estas actuaciones de investigación secretas (12/2019) giran en torno a la utilización de tarjetas de crédito opacas, cuyos fondos proceden del extranjero, con las que el rey emérito, la reina Sofía de Grecia y otros familiares (que no son ni Felipe VI, ni la reina Letizia ni sus hijas) costearon importantes gastos después de que Juan Carlos I perdiera su inviolabilidad como jefe de Estado, según ha publicado este martes Eldiario.es

La Fiscalía General no confirma que las diligencias que ahora asumirá el fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, versen exactamente sobre los hechos publicados en dicho periódico. Únicamente remiten a unas diligencias secretas que afectan directamente al emérito, aforado ante el Tribunal Supremo.

Igual que hizo con la investigación sobre las presuntas comisiones del AVE a la Meca que inició la Fiscalía Anticorrupción tras salir a la luz las conocidas 'cintas de Corinna' del caso Villarejo, la fiscal general, Dolores Delgado, ha decretado que a partir de ahora será la Fiscalía del Tribunal Supremo quien asuma dicha investigación por afectar a Juan Carlos I. De ahí que haya exigido a Anticorrupción que remita las diligencias de investigación "con efectos inmediatos" a Campos y su equipo para que "continúe las actuaciones hasta su conclusión y efectos".

Así, será el equipo de Campos quien analice si el emérito pudo incurrir en delitos económicos a partir de 2014. A su vez, continúa la investigación sobre las cuentas abiertas en un banco de Suiza a través de fundaciones offshore en las que Juan Carlos I recibió 65 millones de euros del rey saudí Abdul Aziz Al Saud y desde las que transfirió prácticamente la misma cantidad a una cuenta de su examante, Corinna Larsen. El fiscal encargado de la investigación, según han publicado en los últimos días El Confidencial y El Español, tiene previsto pedir el archivo de estas diligencias al considerar, igual que lo hicieron los letrados del Congreso de los Diputados, que la inviolabilidad le protegía hasta su abdicación y los hechos investigados son anteriores a esa fecha. De ahí que, aunque se hayan encontrado pruebas de hechos que serían constitutivos de un fraude a Hacienda, no vería la procedencia de continuar la investigación sobre unos presuntos delitos que, también en parte, habrían prescrito.

Expediente por filtraciones

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, envió un informe sobre dicha investigación a la Fiscalía General. La fiscal general Dolores Delgado, tras "constatar" que lo que se ha publicado en medios de comunicación coincide con el "contenido de las diligencias de investigación" ha incoado un expediente gubernativo y ha dado traslado a la Inspección Fiscal para saber si ha habido una "fuga de información" desde la Fiscalía Anticorrupción, según informa la Fiscalía General del Estado.

Esa investigación interna "a fin de comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes" se habría iniciado, según informan desde la Fiscalía, el pasado 29 de octubre y no a raíz de la información publicada este martes.