Hacía un siglo que en una pequeña isla del mediterráneo lo practicaban. En Sicilia la extorsión acumulaba décadas de perfeccionamiento. Irrumpió con fuerza en tiempos de Giuseppe Garibaldi y sus “mil camisas rojas”, allá por 1860. La mafia siciliana no tardó en tener aprendices, discípulos, lejos de allí. Sus prácticas mafiosas se habían convertido en una herramienta eficaz para controlar a la población y financiarse a través de la amenaza y la extorsión. Lejos habían quedado sus aspiraciones sustentadas en argumentos político-sociales y de defensa de los ciudadanos. Poco después derivaron en tramas de mero crimen organizado.

A casi 3.000 kilómetros de allí, otra organización armada, Euskadi Ta Askatasuna (ETA) nacería casi cien años después, en 1959, y aplicaría el decálogo que hacía tiempo que la mafia siciliana había extendido por todo el país. Un estudio realizado por Massimo Cermelli,doctor en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Palermo (Italia) y la Universidad de Deusto, revela ahora cómo el sistema con el que ETA se financió durante cincuenta años se basó en las mismas prácticas mafiosas creadas por la mafia en Sicilia.

A lo largo de su historia, la banda terrorista procedió a implantar distintos procedimientos de extorsión y financiación similares a los que la mafia italiana había ido aplicando y evolucionando desde sus orígenes hasta la actualidad. El decálogo de lo que denomina “microextorsión” a todos los niveles revela un paralelismo evidente entre la financiación de la mafia y la de ETA. Prácticas que en el caso de la mafia hoy siguen en plena vigencia, aunque con una mayor nivel de rechazo, y que ETA practicó hasta hace unos años. La banda terrorista llegó a recaudar entre 4 y 6 millones de euros al año durante los años 80 y 90 y alrededor de tres millones de euros anuales en los últimos tiempos a través de la extorsión.

La extorsión reportó a ETA entre 4 y 6 millones de euros al año durante los años 80 y 90. La banda secuestró a 67 empresarios.

Desde su fundación ETA ha llevado a cabo distintas fórmulas para financiarse. La banda terrorista ha realizado 86 secuestros, de los que la inmensa mayoría, 67, los cometió sobre empresarios o alguno de sus familiares, y a los que exigía una indemnización a cambio de su liberación. Fue su mayor fuente de ingresos. La mayor parte de ellos concluyó con su puesta en libertad tras el pago de una cantidad, o su liberación con un disparo en la pierna a modo de advertencia. En una decena de secuestros, ETA llegó a asesinar a su secuestrado en un intento por recordar a quien no cumpliera con sus requerimientos económicos –y más adelante, políticos- que sufriría las consecuencias. Un estudio realizado en su día por el catedrático de Sociología de la Universidad del País Vasco Francisco Llera cifró en 38,5 millones de euros el botín obtenido por ETA sólo por esta vía. Sin embargo, algunas fuentes lo elevan incluso hasta los 100 millones. Extender el terror y forzar así a los empresarios a pagar su seguridad a cambio del pago de dinero no fue ningún invento de ETA, lo aprendió de la mafia siciliana. No fue la única lección de la Cosa Nostra. El decálogo del terror mafioso llegó a aplicarse casi de modo mimético en Euskadi.

El pizzo y el impuesto revolucionario. La recaudación de impuestos y el uso de la violencia para asegurarse el cobro de los mismos ha sido una máxima tanto en ETA como en la mafia siciliana. De alguna manera, ambas organizaciones criminales aplicaron prácticas basadas en justificar el cobro de una cantidad a cambio de brindar la seguridad de no atentar contra ellos. Con el tiempo los empresarios sicilianos han visto cómo el pago del llamado pizzo (impuesto que se abona a la mafia) se había convertido en el único modo de asegurarse su seguridad en el entorno económico. ETA aplicó la fórmula a través del mal llamado impuesto revolucionario y que solicitaba por carta a los empresarios el pago de una cantidad. Ambos impuestos de extorsión se convierten en un modo no sólo de proteger los negocios, sino también la propia integridad física o la vida. Tanto la mafia como ETA justificaban su cobro apelando a la derrota del Estado. La mafia apelaba a razones de justicia social que desoía el Estado y que ella debía asumir, ETA en la necesidad de hacerle frente en favor de una revolución para liberar a Euskal Herria de su “opresión” e “invasión”. Es casi imposible conocer con certeza cuánto recaudó ETA por esta vía. Algunos estudios lo sitúan en torno a los 35 o 37 millones.

El pizzo es un impuesto que la mafia reclama a los pequeños empresarios. Al igual que el impuesto revolucionario, la amenaza es la garantía para su pago

“Un Estado dentro de un Estado”. Es el primer paso. Cermelli recuerda en su investigación que en Sicilia y en el País Vasco los intentos por derrotar la legitimidad del Estado han sido constates. El Estado debía ser puesto en cuestión, deslegitimado ante la sociedad, por ineficaz e incapaz para garantizar las aspiraciones de justicia social del pueblo, en el caso de la mafia, y las aspiraciones soberanistas en el caso vasco. De este modo, la mafia se erigía como un sujeto “que actúa en primera instancia como mediador entre las instituciones y los ciudadanos y en garante implícito del entorno social y político”, señala Cermelli, algo así como “un Estado dentro de un Estado”. En el caso de ETA el cuestionamiento del Estado también es constante, y asumir una parte de sus funciones y su soberanía en un determinado territorio –como ocurre en Sicilia- evidencian una misma estrategia justificativa para la extorsión. La mafia trabaja por y para el pueblo frente al Estado y ETA actúa en nombre del pueblo vasco para defenderlo de la opresión del Estado. Incluso en su comunicado de desarme llegó a asegurar que tomó las armas por el pueblo y que por ello ahora las entregaba a una representación de la sociedad civil.

Extorsión socialmente justificada. El pago de estas fórmulas de extorsión y la deslegitimación del Estado han llegado en ocasiones a ser aplaudidas y justificadas por determinados sectores sociales que han visto en esa fórmula de “gobernanza” alternativa, que aspiraban a representar ETA y la mafia, un modo de atacar al Estado. El entorno de la izquierda abertzale justificó durante décadas los secuestros y la extorsión como un modo de contribuir a la liberación del País Vasco y situó al empresariado en la balanza de los culpables. Las pintadas de “Gracias, Julio”, en referencia al pago del rescate por el secuestro durante 116 días de Julio Iglesias Zamora, o las aparecidas en 1993, “¡Aldaya, paga y calla!”, relativas a rescate de José María Aldaya, secuestrado 341 días en 1995, dan fe de ello. El secuestro que más réditos dio a la banda fue el del empresario Emiliano Revilla, por el que se estima que obtuvo en 1988 el equivalente a 7,3 millones de euros.

Pintadas como “Gracias, Julio”, en referencia al pago del rescate de Julio Iglesias Zamora, o “¡Aldaya, paga y calla!” revelan apoyo social a la extorsión

Crear ‘psicosis’ al empresariado. A lo largo de su historia, ETA se calcula que extorsionó a alrededor de 10.000 empresarios, según un reciente estudio de la Universidad de Deusto. La mayoría no cedió al chantaje. Algunos de los que se atrevieron a cuestionar la amenaza terrorista lo pagaron con su vida. Es la misma fórmula mafiosa ampliamente extendida en Sicilia, dividir al colectivo empresarial entre quienes cedían al chantaje o no. Un dilema ético y moral que los empresarios, sumidos en la soledad, el miedo y la exclusión afrontaban en un contexto en ocasiones amenazante y delator y que no dudaba en justificar la extorsión. Entorno que hacía aún más vulnerable al empresario. En la investigación llevada a cabo por Cermelli se apunta que sólo en la isla de Sicilia cerca del 80% de los comercios pagan el pizzo, es decir, de los 71.000 pequeños empresarios, 57.000 asumen el pago de esta fórmula de microextrosión. En el caso del impuesto revolucionario, algunas estimaciones sitúan el porcentaje en el 13% de los extorsionados.

Mismo procedimiento; carta y mediador. ETA aprendió de la mafia. El envío de cartas reclamando el pago del impuesto revolucionario ya lo practicaba la Cosa Nostra desde hacía décadas. La banda terrorista también le imitó en la fórmula de elevar la presión en caso de impago con otras cartas o avisos con misivas más duras, con balas en su interior, con dianas amenazantes en su portal o con nuevos avisos. Como la mafia, en una primera carta la cantidad que se reclamaba solía ser demasiado elevada para forzar a la negociación. Era ahí cuando entraba en juego la figura del scarica, un sujeto que siendo consciente de la solicitud y las amenazas que ha recibido el empresario se muestra dispuesto a intervenir.

Como la mafia, en ETA en una primera carta la cantidad que se reclamaba solía ser elevada para forzar a la negociación. Ahí entraba en juego la figura del scarica o mediador

En el caso de ETA, el mediador procedía a menudo del entorno abertzale, alguien dispuesto a intermediar con la banda para negociar el pago y acordar el modo de hacerlo. “En ambos casos la suma final que se solicita suele ser más alta que aquella que constituye el objetivo final. Incluso se llegaba a acordar una fórmula más cómoda de pago, a plazos”, asegura Cermelli. Así ocurrió en el pago de determinados rescates por secuestro que las familias, a través de mediadores, acordaron desembolsar a lo largo de varios años.

Gratitud por mediar y ‘proteger’.  Al igual que en Sicilia, también en el País Vasco se llegó a generar en los momentos más duros de presión terrorista una realidad oculta en la que el amenazado llegó a percibir un sentimiento de gratitud con quienes colaboraban con él en su difícil relación con ETA. Algo similar a lo que se cree que pueden padecer los secuestrados que tras largos periodos privados de libertad salen en libertad y minimizan el papel de sus secuestradores, el denominado síndrome de Estocolmo. En el caso de la extorsión, Cermelli asegura que tanto en Sicilia como en el País Vasco se puede percibir un paralelismo en las “relaciones”, incluso duraderas, que se terminan creando entre ambos mundos, el que amenaza y el amenazado. “La organización mafiosa no sólo logra financiarse”, apunta, sino que termina por entablar, a través de sus mediadores, una relación “obligada” pero que en algunos casos incluso deriva en algo similar a un sentimiento de “gratitud” ante quienes les han facilitado una vía de comunicación con ETA, y en definitiva una protección ante ella, que el Estado parecía no poder ofrecerles.

Una financiación social amiga por sus presos. Es otro modo de extorsión. En el caso de ETA, más sútil y cercano a su entorno y en el que no participar no estaba bien visto. En esta ocasión era el entorno, el clima favorable el que ejercía la presión y coacción. Tanto en la mafia como en la banda terrorista el cuidado de sus presos y sus familias se convierte en una prioridad. Financiar su mantenimiento también requiere de vías definidas para recabar recursos. En el caso de la mafia se fija a través de una tasa exigida a los comerciantes con motivo de una festividad o un evento pseudosocial promovido por la organización. Lo recaudado va destinado a las familias de los presos o al pago de su defensa. En el caso de ETA y su entorno, también se promueven canales de financiación para sus reclusos. La organización de festivales musicales o de otro tipo de eventos promovidos por las juventudes de la izquierda abertzale o la colocación de huchas en las herriko tabernas o la venta de merchandising en manifestaciones o marchas de apoyo a los presos.

La mafia y ETA han extorsionado para apoyar a sus presos. En Sicilia con el cobro de una tasa en determinadas fiestas, en ETA con eventos populares

Cotidianidad del chantaje. La extensión del mismo lo convirtió en algo cotidiano y cada vez más asumido y por tanto contra el que el rechazo social expreso en ocasiones permaneció adormecido. Suponía un verdadero estigma, aceleraba el aislamiento del empresario obligado a sobrellevar la extorsión en silencio para no extender la angustia a su entorno cercano. A ello contribuía una red de delatores e informadores afines a la red criminal, mafiosa o terrorista que no sólo facilitaban información de potenciales víctimas sino que derivaban en una limitación de la libertad de expresión de determinadas opiniones por el temor a ser víctimas de la extorsión.

ETA culpa al empresario, la Mafia lo controla. Es una de las diferencias más notables que destaca Cermelli en su informe. Señala que la banda terrorista atribuía a los poderes económicos una responsabilidad por la situación de opresión que vivía el País Vasco. ETA asigna al empresariado una capacidad de influencia sobre el poder político que no ejercía y que el Estado desoía las reivindicaciones soberanistas de ETA, lo que le convertía en parte responsable de la situación política y, por tanto, sujeto de extorsión y amenaza. “Sin embargo, en el caso de Sicilia no se ha producido este fenómeno, puesto que es la mafia la que en muchos casos representa o controla gran parte del poder político”.

Una extorsión que lastra la economía. Cermelli subraya cómo la implantación de estas prácticas de extorsión en las economías tanto de Sicilia como en el País Vasco han supuesto un lastre para el desarrollo de sus respectivas economías. “Han sido los principales límites para la libertad de empresa y un freno para sus capacidades de aprendizaje”. Afirma, incluso, que la presión ha generado costes añadidos, directos e indirectos, con impacto en los productos y servicios por el pago exigido en forma de impuesto. A lo largo de su informe recuerda cómo algunos proyectos u obras públicas dispararon sus costes por la amenaza de ETA, que se opuso a ellas, y que obligó a reforzar la seguridad. Así sucedió en la construcción de la Autovía de Leizarán que comunica Navarra y Guipúzcoa o en las obras del Tren de Alta Velocidad. Ambos proyectos sufrieron ataques de la banda terrorista.