El Ministerio de Sanidad trata de recuperar desde hace más de cinco meses más de 1,8 millones de euros correspondientes a una compra de respiradores que hizo tras declararse la pandemia por coronavirus y que rescindió tras comunicarle el intermediario que no podía suministrarle el modelo que se había acordado. El contratista, sin embargo, asegura estar en condiciones de demostrar que ya ha devuelto el dinero.

En respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia, la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, reconoció la pasada semana que se está reclamando en vía de apremio a Hyperin Grupo Empresarial SL la suma de 1.810.560 euros. El plazo de que disponía el distribuidor para realizar la devolución expiró el pasado 5 de julio, por lo que se le aplicarán recargo e intereses de demora.

Lacruz firmó el pasado 24 de marzo la memoria por la que justificaba, con carácter de emergencia, la compra de un lote de 144 dispositivos de ventilación mecánica invasiva a Hyperin Grupo Empresarial. El pedido se cerró en 3.310.560 euros (incluidos los 574.560 euros de IVA), cantidad que el Ministerio adelantó justo al día siguiente en cumplimiento de la condición que había exigido el fabricante.

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Hyperin era un mero intermediario en la operación entre el productor -con sede en Estados Unidos- y Sanidad, que en esas semanas hizo compras masivas de material médico para luchar contra el coronavirus. Como ha informado este diario, la citada empresa -cuyo objeto social es la "fabricación de elementos de yeso para la construcción"- asegura que no ha buscado beneficio económico en ningún momento y que intervino exclusivamente con el ánimo de "echar una mano" ante el grave problema de desabastecimiento que existió a nivel mundial la pasada primavera.

Sanidad rescindió el contrato en abril tras informarle el fabricante de que no podía servirle el modelo acordado

El encargo consistía en el suministro de un lote de 144 respiradores Vivo-65, versión que el fabricante estadounidense de origen sueco Breas lanzó en el año 2017. El 2 de abril, el administrador de Hyperin se dirigió a Sanidad para comunicarle que no podía suministrarle el modelo propuesto, al tiempo que planteaba como alternativa otro tipo de respirador: el Avante MVP, del fabricante estadounidense Avante Health Solutions.

El departamento que dirige Salvador Illa rechazó esa alternativa por no reunir los dispositivos propuestos "las condiciones y requerimientos exigidos", lo que llevó a Hyperin el 7 de abril a renunciar al contrato y a solicitar que le facilitaran un número de cuenta para proceder a la devolución del dinero que ya había cobrado de antemano y enviado a Estados Unidos.

Justo una semana después de aquella comunicación, la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia formalizó la resolución del contrato y le facilitó al intermediario las instrucciones para que devolviera los 3,3 millones al Tesoro, como consta en la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público De esa cantidad, tan sólo ha ingresado hasta el momento 1,5 millones.

No fue el único requerimiento que se le ha realizado. Según detalla la citada dirección general en su contestación, el pasado 26 de mayo volvió a dirigirse a la empresa indicándole el trámite que debía seguir para realizar el ingreso en la cuenta del Tesoro Público, a la vista de que los fondos seguían sin llegar.

Como informó este diario, Hyperin achaca el retraso en la restitución del dinero a la negociación que tuvo que abrir con el fabricante a fin de que éste corriera con los gastos financieros ocasionados por el cambio de divisa y le eximiera a ellos de sufragarlo, habida cuenta de que el contrato se rescindió exclusivamente por incumplimiento del productor.

"Al corriente de pago"

En mayo, la empresa aseguró que el fabricante le había enviado ya los 3,3 millones de euros, pero no así el importe de los costes financieros. Frente a la información facilitada el pasado 5 de noviembre por Sanidad, Hyperin asegura disponer de un certificado de Hacienda que acredita que se encuentran ya "al corriente de pago".

Esta compra de 144 equipos de ventilación mecánica invasiva fue una de las nueve operaciones que cerraron tanto la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia como el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) durante el primer estado de alarma. En total, los dos organismos dependientes de Sanidad encargaron 7.328 unidades (de ellos 5.000 p0rtátiles) por un importe superior a los 71 millones de euros.

En marzo, el Ministerio dirigido por Salvador Illa entendía que, de acuerdo con la experiencia de otros países en los que la pandemia estaba teniendo una incidencia similar y con la información recabada en centros sanitarios, sería necesario adquirir hasta 4.000 respiradores para poder dar respuesta a las necesidades de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).