Un discreto amigo, perfectamente situado en la alta clase empresarial tanto en Europa como en Rusia, América Latina y Oriente Medio. Y un fiel escudero, coronel del Ejército del Aire próximo a la reserva y distinguido por su lealtad a la Corona. Uno es el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause; el otro, el militar español Nicolás Murga Mendoza. El nexo que los une es Juan Carlos I, quien se habría valido de ellos para disponer durante años de elevadas cantidades de dinero con origen en cuentas opacas.
Sanginés-Krause y Murga representan perfiles muy distintos pero a la vez complementarios. Desde hace meses, la Fiscalía investiga si ayudaron al padre del actual rey a mover fondos con los que costeó lujos millonarios, tanto suyos como de la reina Sofía y otros miembros de su familia (nunca Felipe VI, ni la reina Letizia, ni sus dos hijas). El rey emérito no declaró ese dinero a Hacienda en una conducta que ya no estaría amparada por la inviolabilidad con la que la Constitución protege al jefe del Estado, dado que el uso de las tarjetas vinculadas a cuentas no declaradas se habría realizado después de que en junio de 2014 abdicara en favor de su hijo.
Esta semana, eldiario.es adelantó los primeros detalles de una investigación que la Fiscalía Anticorrupción comenzó hace un año y que no había trascendido hasta ahora. Las pesquisas tratan de esclarecer si Juan Carlos I cometió delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. La clave que determinará la eventual responsabilidad penal del rey emérito es si la cuota no declarada supera los 120.000 euros anuales, cantidad a partir de la cual se puede considerar delito fiscal. Sólo en ese caso el Ministerio Público podría solicitar al Tribunal Supremo -órgano jurisdiccional ante el que sigue teniendo fuero el rey emérito- que le abra una investigación.
De momento, han empezado a salir a la luz detalles del triángulo en el que el padre de Felipe VI habría basado su operativa para costear lujos tan extravagantes que la asignación de más de 160.000 euros anuales que la Casa Real le destinaba anualmente- hasta que Felipe VI acordó retirársela- no podía cubrir. Entre éstos, según ha publicado El Confidencial, figuran viajes a Irlanda, las islas griegas, tratamientos médicos, facturas de restaurantes y clases particulares.
Éstos son los dos hombres a los que un equipo de la Fiscalía -formado por fiscales expertos en Derecho Penal del Tribunal Supremo y al que se ha incorporado el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón- investiga junto al anterior monarca y a los que ya ha tomado declaración en el marco de las diligencias con las que trata de determinar cuál es su responsabilidad en los hechos:
Sanginés-Krause, el empresario mexicano
De origen mexicano y nacionalizado en Reino Unido, Sanginés-Krause es un magnate del sector inmobiliario muy bien situado en la alta sociedad internacional. Doctor en Economía por la Universidad de Harvard, donde obtuvo las más brillantes calificaciones, estuvo al frente de la banca de inversión Goldman Sachs en España (Madrid), México y Moscú (Rusia).
Hasta finales de 2019, presidió la compañía RLH Properties, constituida en México en 2013 y enfocada a la adquisición, desarrollo y gestión de activos hoteleros. Precisamente cuando el mexicano estaba a la cabeza de la firma, ésta adquirió el lujoso hotel madrileño Villa Magna, el establecimiento abierto en el Paseo de la Castellana en mayo de 1972 y que se levantó sobre el solar en el que se encontraba el Palacio de Anglada.
La amistad que le une a Juan Carlos I viene de décadas atrás. Precisamente fue el emérito quien le presentó a su ex amante, la empresaria alemana Corinna Larsen, compartiendo los tres algunos conocidos en la política rusa y entre las familias que ostentan el poder en distintos países de Oriente Medio.
Precisamente Sanginés-Krause adquirió el castillo de Killua, en el condado irlandés de Westmeath, que perteneció a la familia de Thomas Edward Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia. En el verano de 2017, Juan Carlos I asistió a una fiesta en dicho castillo que organizó la esposa de Sanginés-Krause por el 60 cumpleaños del primero. Del evento salió a la luz el vídeo de la celebración en la capilla en la que se vio al ex jefe del Estado con la mallorquina Marta Gayá, una de sus examantes y del círculo de amigas de la mujer de Sanginés-Krause.
El empresario azteca participó en el intento de la petrolera rusa Lukoil de asaltar a la española Repsol en el año 2008
El empresario mexicano tiene con su esposa Lorena dos hijas y un hijo. Una de ellas estudió en el colegio inglés St Mary's School Ascot, el mismo donde estuvo matriculada un año la hija de Elena de Borbón, Victoria Federica, según ha publicado la revista Vanity Fair.
No es la primera vez que el apellido del mexicano Sanginés-Krause aparece tras negocios internacionales en los que Juan Carlos I mostró interés. Según publicó El Mundo, el supuesto donante de fondos para el emérito fue el representante del grupo ruso Lukoil en el asalto a la petrolera Repsol en 2008. El magnate se movilizó con banqueros para tratar de sacar adelante la operación, a la que se opuso el ministro de Industria durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (Miguel Sebastián).
El rey emérito trató de convencer a miembros del Gobierno de que dicha operación, con la que se buscó comprar el 30 % de la petrolera y que también rechazó la presidencia de Repsol, era interesante para España. Entre las personas que movieron hilos para que llegara a buen puerto estuvo Corinna Larsen. Precisamente Sanginés-Krause también asesoró en su etapa en Goldman Sachs España operaciones de OHL bajo la presidencia de Juan Miguel Villar Mir, amigo de Juan Carlos I.
Nicolás Murga, un paracaidista en Zarzuela
En agosto de 1979, cuando el padre de Felipe VI llevaba casi cuatro años de reinado, Nicolás Murga Mendoza fue nombrado caballero cadete de la Academia General del Aire para el arma de aviación (escala de tropas y servicios) junto a los otros 19 compañeros que componían la XXXV promoción. Iniciaba así una carrera militar que le llevaría hasta el empleo de coronel. La divisa de las tres estrellas de ocho puntas era la que lucía en la bocamanga de su guerrera cuando le llegó la hora de la retirada.
Murga Mendoza estuvo destinado en la Escuela Militar de Paracaidismo (con sede en la localidad murciana de Alcantarilla), fue jefe de la Oficina de Relaciones Sociales y Comunicación del Ejército del Aire y ejercía de portavoz de información pública de la base española en Herat (Afganistán) cuando la explosión de una mina acabó con la vida de la soldado Idoia Rodríguez Buján en febrero de 2007, entre otras responsabilidades.
El coronel Nicolás Murga ejerció como ayudante de campo de Juan Carlos I antes y después de la abdicación
Lo que difícilmente podía imaginar el militar -antiguo aficionado a las carreras de orientación en la naturaleza- es que terminaría convirtiéndose en uno de los ayudantes de campo de Juan Carlos I, de quien fue su 'sombra' incluso después de que éste dejara la Jefatura del Estado en manos de su hijo. Entre 2007 y 2017, conforme se acrecentaba el deterioro físico del monarca debido a las operaciones a las que tuvo que someterse el ex jefe del Estado, Nicolás Murga acompañó a aquél en multitud de actos oficiales tanto en España como en el extranjero -como al organizado en Suecia en abril de 2016 con motivo del 70 cumpleaños del rey Carlos Gustavo- y en diferentes actos privados.
La hipótesis con la que trabajaba la Fiscalía Anticorrupción es que este coronel español actuó presuntamente como testaferro del dinero que por orden del empresario mexicano tenía como destino al monarca y con el que se sufragaron gastos que éste y otros miembros de su familia realizaron después de su abdicación. La información que aporten las comisiones rogatorias ya tramitadas ayudarán a esclarecer el papel de Murga Mendoza, ya en la reserva.
Las investigaciones que el Ministerio Público llevaba en secreto en torno al anterior monarca han trascendido cuando se cumplen tres meses desde que Juan Carlos I decidió marcharse de España e instalarse en Emiratos Árabes "guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles" ante la "repercusión pública" que estaban teniendo "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada. Fue después de que se conociera que la Fiscalía del Tribunal Supremo estudiaba ya si se querellaba contra él por delito fiscal y blanqueo de capitales tras descubrirse que ocultó en una fundación panameña la donación de 65 millones de euros que le hizo el Rey Abdalá de Arabia Saudí en 2008.
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