Veintidós inmigrantes llegados en patera en los últimos meses a Canarias han sido expulsados este martes a Mauritania en el primer vuelo de deportaciones que organiza España desde que el pasado mes de marzo se cerraron las fronteras debido a la pandemia de covid-19.
Fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han confirmado a Efe que los deportados en ese primer vuelo son los 22 jóvenes africanos que permanecían desde hace semanas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Gran Canaria: 20 ciudadanos de Senegal, uno de Guinea Conakry y uno de Mauritania.
Todos ellos han embarcado en un Airbus 320 de la compañía Evelop, que ha aterrizado a las 10.40 horas en el aeropuerto de Gran Canaria procedente de Madrid y ha partido para Nuadibú a las 11.45.
Una portavoz del Defensor del Pueblo ha explicado a Efe que la institución ha solicitado al Ministerio de Interior información sobre el vuelo, aunque en esta ocasión no ha ejercido su derecho a supervisar con sus propios funcionarios la operación.
España mantiene desde 2003 un acuerdo con Mauritania por el que este país acepta que se le entregue a cualquier inmigrante llegado a Canarias, con independencia de su nacionalidad, si ha salido de sus costas o simplemente ha transitado por su territorio.
En los tres primeros meses del año, España realizó cuatro vuelos de retorno de Canarias a Mauritania, con 162 inmigrantes afectados, los días 20 y 27 de enero, 17 de febrero y 2 de marzo, según datos recopilados por CEAR a partir de informes del Defensor del Pueblo.
De los 162 inmigrantes entregados entonces a Mauritania por España a través del aeropuerto de Nuadibú, 130 eran malienses (el 80 %), 21 senegaleres, ocho mauritanos, dos marfileños y un gabonés.
El gran número de ciudadanos de Mali deportados por esa vía por España a Mauritania fue duramente criticado tanto por CEAR como el Servicio Jesuita al Migrante, que recordaron que está vigente una recomendación de Naciones Unidas, a través de su agencia para los refugiados, ACNUR, de no devolver a los malienses, dada la situación de inestabilidad y violencia que se vive en su país.
Y también el Defensor del Pueblo se pronunció al respecto en su último informe, con esta advertencia sobre la entrega de inmigrantes de Mali a Mauritalia: "España podría estar vulnerando el principio de no devolución previsto en los tratados internacionales suscritos por el propio país, así como en el Reglamento Frontex, al devolver a ciudadanos, aun por vía indirecta, a lugares que impliquen un riesgo para su seguridad".
En realidad, España no devuelve a Mali a los malienses, sino a Mauritania, pero las ONG denuncian insistentemente que, una vez en su territorio, las autoridades de Nuakchot conducen directamente a los nacionales de ese país del Sahel a la frontera.
El CIE de Gran Canaria fue reabierto el 23 de septiembre. Inicialmente, también fueron recluidos en su interior una veintena de ciudadanos de Mali, pero todos ellos quedaron en libertad hace unas semanas, después de que el juez que tutela la instalación, Arcadio Díaz Tejera, acudiera en persona a informarles de su derecho a solicitar protección internacional si huyen de un país en conflicto o sufren algún tipo de persecución contemplada por los convenios internacionales.
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