Abogados especializados en Derecho Internacional Público consultados por El Independiente no comparten el argumento principal esgrimido por el juez Antonio Serrano Arnal para sobreseer el caso Delcy en lo que respecta a las posibles responsabilidades de los funcionarios del aeropuerto madrileño de Barajas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid considera que ningún trabajador del aeropuerto infringió las normas al consentir el encuentro que se produjo en una sala VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto Madrid-Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien está prohibida la entrada en los 26 países que integran el espacio Schengen en virtud de las sanciones acordadas por la UE en noviembre de 2017 a distintos mandatarios venezolanos por torturas y graves violaciones de los derechos humanos.

Las formaciones políticas Vox, Partido Popular y Partido Laócrata denunciaron el encuentro, que desveló Vozpópuli, y consideraron que había razones para investigar por un lado a los funcionarios que trabajaron la madrugada del 20 de enero, cuando la mandataria llegó a Barajas procedente de Caracas y después voló hasta Doha (Qatar), y por otra a José Luis Ábalos -aunque en este caso el Tribunal Supremo es el competente y aún no se ha pronunciado al respecto.

En un primer momento, el ministro de Transportes negó que se hubiera producido el encuentro en un avión en pista de aterrizaje. Finalmente tuvo que admitir que se produjo y que además estuvieron juntos en una sala VIP del aeropuerto y no sólo en la aeronave, según publicó El Independiente.

El juez considera -igual que esgrimió la Fiscalía para pedir archivar la causa- que, con base en el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería (en concreto, el artículo 25), la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional.

Sin embargo, distintos abogados consultados por este diario entienden que la sala VIP donde ambos estuvieron no está en la zona de tránsito internacional y, por lo tanto, es territorio español. Mientras unos abogados entienden que en el momento que los dos políticos bajaron de la aeronave y pasearon por el aeropuerto ya pisaron territorio nacional, otros aclaran que cada terminal del aeropuerto tiene una zona internacional en la que se sitúan las salas de "inadmitidos y dudosos", previa a los controles de pasaporte y demás documentación. Afirman que esa es "la única zona de tránsito internacional del aeropuerto", no la sala en la que ambos se encontraron. En la misma línea se manifestaron fuentes de la Guardia Civil y la Policía consultadas por este periódico.

Vox recurrirá

El partido político Vox, que ejerce la acusación popular, recurrirá la decisión. Según trasladan fuentes de la formación a este diario, todavía tienen que estudiar el auto de sobreseimiento para ver si lo hacen ante el propio juez o ante la Audiencia Provincial.

El Parlamento Europeo pedirá información al Gobierno

El auto de sobreseimiento llega un día después de que se conozca que el Parlamento Europeo pedirá explicaciones al Gobierno sobre el encuentro.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) enviará una carta, según recogió Europa Press, a la Comisión Europea (CE) para reclamarle que indague sobre la estancia de la vicepresidenta venezolana en Barajas la madrugada del 20 de enero pese a estar sujeta a sanciones europeas.

«Enviaremos una carta a la CE que, como guardiana de los tratados, es competente para asegurar por tanto el cumplimiento del Derecho de la Unión», dijo la presidenta de ese comité parlamentario, Dolors Montserrat (Partido Popular). La política española también aclaró que dicha comisión de Peticiones solicitará información a la Presidencia alemana del Consejo para que haga lo propio y al Gobierno español sobre qué medidas se tomaron «para evitar la entrada en su territorio de personas sancionadas»