El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 14 años de cárcel a un hombre por las pruebas aportadas por su mujer que descargó del ordenador familiar fotografías que probaban los abusos a que sometía a su hija. El alto tribunal considera que en este caso no se ha vulnerado el derecho a la intimidad del acusado porque la madre aportara a la policía un pendrive con las fotos de su hija cuando su marido le introducía el pene en la boca.
El alto tribunal examina en esta ocasión los límites del derecho a la intimidad en el uso de las nuevas tecnologías y la aportación de pruebas por un particular. El acusado compartía su ordenador y contraseña con su mujer y su hija y en él sin medidas de protección había descargado fotos de los abusos a los que sometía a la niña cuando esta estaba "aparentemente dormida".
Fotos de familia
La mujer se encontró con este material cuando buscaba fotos de la familia y descargó las imágenes en un lápiz de memoria que entregó a la policía. Los agentes no pudieron constatar que este material estaba guardado en el ordenador porque el acusado, Juan Carlos Galarza, se había deshecho del disco duro "previendo la reacción de su esposa e hija".
Por ello, los jueces rechazan, en una sentencia de la que ha sido ponente el presidente de la sala penal, Manuel Marchena, que se hayan incorporado a la causa "datos privados" del acusado porque el juzgado no pudo acceder al ordenador.
No obstante, los magistrados advierten de que "quién incorpora fotos o documentos digitales a un dispositivo de almacenamiento masivo compartido por varios es consciente de que la frontera que define los límites entre lo íntimo y lo susceptible de conocimiento por terceros se difumina de forma inevitable".
Los delitos
Asimismo, el tribunal rechaza, como alegó el acusado, que las fotografías aportadas por la esposa hayan supuesto una vulneración de sus derechos, ya que consideran que la afectada es la menor y subrayan que el padre podía haber protegido este material con "unas reglas de autolimitación" en el ordenador.
La Audiencia de Guadalajara condenó a Galarza a nueve años de cárcel por abuso sexual y cinco por pornografía infantil y le impuso cinco años de libertad vigilada. También le prohibió volver a tener contacto con su hija durante 10 años. Una sentencia ratificada ahora por el alto tribunal.
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