El Ministro de Justicia, ese buen amigo que manda mensajes a investigados dándoles ánimos, considera que es falso que el Gobierno dé instrucciones a la Fiscalía y además que decirlo hace daño a las instituciones. Ve la paja en ojo ajeno sin ver la viga en el propio y lo que es peor, falta a la verdad. No es el primero, desde el Rey emérito, pasando por todos los presidentes del Gobierno y ministros de Justicia, todos afirman sin sonrojarse una y otra vez que “la justicia es igual para todos” y defienden la independencia judicial.

Lo dicen los mismos ministros que prometen desde hace décadas la digitalización de los juzgados, en los que enviar un correo electrónico es un hecho extraordinario, mientras inundan con millones de euros en ordenadores de última generación las instalaciones de la Agencia Tributaria. Nunca les interesó agilizar la justicia en España, aunque todos lo prometieron, quizá porque algunos sabían que también podía ser ágil investigándoles a ellos.

El fiscal no representa a los ciudadanos sino que actúa bajo las órdenes del Gobierno

Ellos no han cambiado, pero el ciudadano sí lo ha hecho. Conocemos mejor nuestros derechos y la actualidad periodística y judicial nos abre los ojos a una realidad del Estado en la que la ley lo deja todo atado y bien atado en manos del Gobierno. Cuando el actual ministro afirma que no dan órdenes a la Fiscalía no dice la verdad. Un fiscal en nuestro país nunca actúa con independencia porque es un órgano jerárquico y tiene que pedir permiso a su fiscal superior. Un juez no lo hace, no pide directrices a la Audiencia Provincial para actuar. Es el Fiscal General del Estado nombrado a dedo por el Gobierno quien decide siempre cómo actuar en cada caso. Por lo tanto, el fiscal no representa a los ciudadanos, sino que actúa bajo las órdenes del Gobierno. Si fuese elegido democráticamente como en Estados Unidos podría afirmarse lo contrario.

La abogacía del Estado es igualmente un órgano creado para defender los intereses del Estado, habitualmente de la Agencia Tributaria, ni representa a los abogados de este país ni mucho menos los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Su actitud en el caso Nóos defendiendo a la Infanta Cristina lo demostró.

Por lo tanto, el Gobierno tiene en sus manos ejercer la acusación particular de una u otra forma ante un investigado y eso determina su ingreso o no en prisión. Un juez, de oficio, puede dictar medidas cautelares como la retirada de pasaporte o la personación semanal en un juzgado, pero nunca el ingreso en prisión sin que una acusación lo pida. Esta ley se aplica de esta forma para impedir la corrupción judicial y surgió tras el caso del abogado Piqué Vidal y el juez Pascual Estivill. Organizaron un entramado en el que uno acusaba y el segundo entregaba a los acusados un número de cuenta donde ingresarle el dinero para evitarles la prisión sin fianza que él podía dictar.

Piqué Vidal fue siempre el abogado de confianza de la familia de Jordi Pujol y Estivill su juez amigo. Cuando Pujol padre fue acusado por el desfalco de Banca Catalana Piqué Vidal hizo varias visitas privadas a magistrados de la Audiencia de Barcelona y mientras deliberaban el ingreso o no en prisión del President, esperaba pacientemente en la puerta de la Audiencia para asegurarse del resultado. El caso fue sobreseído.

Pujol Ferrusola no estaría en prisión sin el empuje de la prensa y sin la valentía de Victoria Álvarez

El primogénito de los Pujol no estaría en la prisión de Soto del Real sin el empuje de la prensa, especialmente del diario El Mundo, sin la valentía de una mujer, Victoria Álvarez, que en lugar de ir a un plató fue a contarle al juez Ruz lo que vio, incluso sin la osadía de un comisario mediático que retorció la ley y mintió para conseguir la prueba definitiva que precipitara los acontecimientos.

Desde luego el primogénito de los Pujol no está en prisión por la acción de la abogacía del Estado, que durante casi 5 años se ha mantenido al margen mientras cientos de millones de euros se evadían de nuestro país, ni de la Fiscalía que jamás pidió prisión preventiva en todo este tiempo. Lo hizo por primera vez en enero pasado, cuando ya los acusados habían evadido 30 millones de euros de nuestro país.

Señor ministro, Fiscalía ha hecho el ridículo en este asunto hasta ahora y eso sí que perjudica a las instituciones del Estado, ver cómo las maneja un Gobierno a su antojo. Tenemos excelentes fiscales en España, pero hemos tenido mediocres Fiscales Generales salvo excepciones como Cándido Conde-Pumpido. En el caso Pujol el juez de la Mata y la UDEF de la policía nacional se desesperaron soportando durante un lustro la impunidad ante la ley de esta familia. No existe un precedente en Europa de clan familiar del crimen organizado por el volumen de dinero manejado en más de 70 países y Fiscalía y Abogacía del Estado no estuvieron a la altura… Hasta ahora, que les han dejado hacer.