Tras la ya segura aprobación de los primeros Presupuestos Generales de Pedro Sánchez y un acuerdo sobre los desahucios, se le abren otros frentes al Gobierno de coalición. Uno es la ley Trans, que enfrenta al Ministerio de Igualdad con las feministas del PSOE. El otro, la derogación, total o parcial, de la reforma laboral. En el primer caso, el choque es con el sector capitaneado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en el segundo, vuelve a ser con la titular de Economía, Nadia Calviño, convertida en la nueva "bestia negra" de Unidas Podemos.

El sector morado del Gobierno cree que es necesario aprovechar la actual inercia parlamentaria, una vez que los Presupuestos ya suman, confirmados, 185 votos, y para ello acelerar algunos de los principales puntos del llamado Acuerdo de Coalición Progresista. Y uno de ellos es, sin duda, derogar lo que consideran los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 siendo Fátima Báñez ministra de Empleo.

Reforma de la negociación colectiva

Ya se ha tocado lo que afectaba a las bajas por enfermedad. El segundo punto que no gusta a los dos socios de coalición es el que tiene que ver con la negociación colectiva y la capacidad de descuelgue de las empresas, pero ahora el sector socialista cree que mejor que introducir modificaciones parciales es abordar la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que también forma parte del pacto de Gobierno.

"El tema no es reforma laboral sí o no -aducen en vicepresidencia económica- sino un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI y con diálogo con los agentes sociales y no ir parcheando".

La propia vicepresidenta lo explicaba este lunes tras la reunión telemática del Eurogrupo. "Desde el principio hemos sido absolutamente claros con respecto a la voluntad de afrontar o poner en marcha un paquete de cuestiones que permitan modernizar nuestro marco laboral en el contexto del diálogo social. El planteamiento que se hará a las autoridades europeas será plantear todo este conjunto o paquete de acciones de reformas e inversiones que van a irse desplegando y desarrollando a través del diálogo social".

Si esto es un túnel no se puede salir por el mismo sitio por el que has entrado", dicen en Economía

En el Departamento de Calviño se defienden de las andanadas de Unidas Podemos apelando a que la vicepresidenta, -cada vez más reforzada en el Ejecutivo-, "está por responder a las necesidades de una economía tocada por la pandemia", en definitiva, "qué hacemos con los fondos europeos. Si esto es un túnel no se puede salir por el mismo sitio por el que has entrado", apuntan de manera harto gráfica.

Para el departamento de la otra ministra que, junto a Calviño, es de las más afianzadas, esto es, la titular de Empleo, Yolanda Díaz, la reforma laboral es prioritaria. En ello se quiere centrar cuando cierre con la patronal la regularización laboral de los llamados riders, o trabajadores de reparto a domicilio, al objeto de que sean reconocidos asalariados y no ejerzan de falsos autónomos. No deja de ser curioso que sean ellas dos las que vayan a un choque seguro antes de llevar una propuesta consensuaba a la mesa de diálogo social.

Bien es cierto que en el Plan Normativo para 2020 que presentó a principios de septiembre Carmen Calvo, la única alusión sobre este asunto era lo suficientemente general como para comprometer poco. Apostaba por "reforzar la protección de las personas trabajadoras y recuperar el papel de los convenios colectivos, mediante la reforma de la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial".

Pero el calendario apremia. La negociación presupuestaria y los riders se comen el tiempo para abrir otros asuntos. "No puede haber dos temas abiertos", aducen en el entorno de Díaz y replican que "nosotros tampoco queremos parches".