El Gobierno ha ignorado en lo que va de año 68 resoluciones en las que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) había estimado, al menos parcialmente, las reclamaciones presentadas por ciudadanos que no habían recibido respuesta a las solicitudes de información que habían formulado a 11 ministerios. Interior, Presidencia y Sanidad encabezan la clasificación de los los departamentos más opacos.

Con datos referidos hasta el pasado 31 de octubre, a Transparencia no le constaba que la Administración hubiera proporcionado la información requerida en los diez días hábiles que tenía para ello o hubiera acudido a los tribunales de lo contencioso-administrativo para pleitear contra sus dictámenes. No es descartable que alguna de esas peticiones hubiera obtenido respuesta durante el mes de noviembre, extremo que no se conocerá hasta que el CTBG -previsiblemente en enero- actualice sus estadísticas.

Con estos antecedentes, la transparencia del Gobierno de coalición vuelve a estar nuevamente a prueba. El Ministerio de Sanidad tiene hasta el 17 de diciembre para facilitar la relación de expertos que ha asesorado al Ejecutivo en la gestión de la pandemia de coronavirus, después de que el CTBG haya estimado la reclamación de un abogado y haya avalado el derecho de este ciudadano a conocer la identidad de los especialistas que supuestamente han recomendado las medidas a adoptar.

"Vamos a valorar la resolución. Vamos a estudiarla. La valoraremos y, cuando tengamos una decisión tomada, la conocerá públicamente todo el mundo", ha expresado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. El Ejecutivo tiene tres opciones: facilitar la información requerida en dicho plazo, combatir la resolución del Consejo de Transparencia en los tribunales -antes de dos meses- o simplemente no hacer nada, como ha hecho con 68 resoluciones emitidas por el CTBG entre el 15 de enero y el 15 de septiembre pasados.

La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en vigor desde finales de 2013, no prevé sanciones para los funcionarios o altos cargos que no ofrezcan informaciones amparadas por Transparencia y no recurridas judicialmente. Ésta es una de las deficiencias de la norma que diversos colectivos ciudadanos exigen que se corrija con la futura reforma, promesa que figura en el programa de gobierno de PSOE y Unidas Podemos para esta legislatura. "Aprobaremos una reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y aprobaremos su Reglamento sobre la base de la experiencia acumulada", detalla el punto 2.11.6.

El Ejecutivo tiene hasta el día 17 para revelar la identidad de los expertos que le asesoran en la pandemia del Covid

El Ministerio del Interior es con diferencia el departamento que más ha ignorado los pronunciamientos del CTBG durante los diez primeros meses del año: 30 veces. Estas solicitudes de acceso trataban de acceder a información pública sobre compra de material de protección contra la covid-19, el número de policías nacionales heridos durante los graves disturbios registrados en Cataluña en octubre de 2019 tras dictarse la sentencia del procés, expedientes sobre concesión y retirada de medallas y condecoraciones policiales, el coste de la festividad de los ángeles custodios, las deportaciones de migrantes en el periodo 2009-2019, el informe de la consultora contratada para la equiparación salarial o los fallecimientos registrados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Esta forma de proceder contrasta con el discurso que mantiene Grande-Marlaska tanto en sede parlamentaria como en sus manifestaciones ante los medios de comunicación. Un ejemplo son las palabras que el titular de Interior pronunció al inicio de su intervención ante la Comisión de Interior del Congreso el pasado 17 de febrero. "Lo hago a petición propia en nombre del Gobierno, como no puede ser de otra manera en un Consejo de Ministros que tiene en la transparencia y en la rendición de cuentas uno de sus ejes principales de trabajo", mantuvo.

De acuerdo con los datos del CTBG, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática no ha respondido a sus resoluciones en 15 ocasiones. Varias de esas peticiones tenían que ver con gastos ocasionados por la estancia de Pedro Sánchez en el Palacio de las Marismillas (Doñana) durante sus vacaciones y en algunos de sus viajes oficiales, como uno realizado a Nueva York (EEUU). También han sido requeridos informes sobre la declaración del primer estado de alarma o sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña, entre otros.

Las reuniones del doctor Simón

La pandemia ha provocado que las peticiones de información al Ministerio de Sanidad hayan crecido de forma notable en los últimos meses, al ser uno de los departamentos más implicados en la gestión de la crisis y haber adjudicado -de forma directa, sin promover la concurrencia por la situación de emergencia- contratos de compras de material de protección por importe superior a los mil millones de euros. El CTBG no tiene conocimiento de que siete de sus resoluciones hayan sido atendidas, entre ellas la que formuló maldita.es en relación con las reuniones mantenidas por el doctor Fernando Simón -director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES)- desde el 1 de enero.

Algunas de las resoluciones estimatorias dictadas por el Consejo de Transparencia hasta el pasado 31 de octubre y que "no consta" su cumplimiento.

Completan el listado Hacienda (4); Justicia (3); Trabajo y Economía Social, Política Territorial y Función Pública, y Transportes, Agenda Urbana y Movilidad (2 cada uno), y Asuntos Económicos y Transformación Digital, Transición Ecológica y Reto Demográfico, y Cultura y Deporte con una. Por contra, constan como 'cumplidas' las resoluciones concernientes a los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Defensa; Derechos Sociales y Agenda 2030; Igualdad y Universidades.

Los ministerios del Interior y Presidencia, los que más ignoran las resoluciones del Consejo de Transparencia

De los 68 expedientes, 42 (el 62 %) corresponden a resoluciones emitidas por el Consejo de Transparencia a partir del 1 de junio, después de que se levantara la suspensión de los plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público establecida en virtud del real decreto-ley por el que se aplicó el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

En sus resoluciones, el CTBG viene afeando con frecuencia a distintos departamentos ministeriales que no responda en el plazo de un mes que prevé la ley o que amplíe dicho margen invocando la complejidad de la petición -posibilidad que la norma prevé en su artículo 20- para luego acogerse al silencio administrativo y no contestar.

En otras ocasiones, la Administración deja correr el plazo de un mes para responder y luego ofrece la información en el trámite de alegaciones tras la interposición de reclamación, ignorando con frecuencia también esa posibilidad que le brinda el CTBG para conocer sus argumentos antes de emitir pronunciamiento.