La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba a Ignacio González casi desde un año antes de que el Gobierno de Cristina Cifuentes pusiera en conocimiento de la Fiscalía General del Estado las presuntas irregularidades en la compra de una compañía brasileña por parte del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y ahora bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y de Anticorrupción.
Según ha podido conocer este periódico en fuentes del caso, el origen de la investigación que ha trascendido ahora bajo el nombre de operación Lezo se remonta al verano de 2015, cuando una denuncia anónima puso sobre la pista a la UCO de que Ignacio González era el titular de cuentas corrientes en paraísos fiscales. González había dejado la Presidencia del Gobierno regional en junio de dicho año -menos de tres años después de relevar a Esperanza Aguirre- y la dirección nacional del PP lo había apartado de las listas con que la formación conservadora concurrió a las elecciones autonómicas del 24 de mayo en beneficio de Cristina Cifuentes, hasta entonces al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Al menos desde 2014 existen fundadas sospechas de que Ignacio González podría ser titular de una cuenta en Suiza, país que ha mantenido el secreto bancario durante los últimos 80 años. Como ha informado El Mundo, el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Jesús Gómez informó a la dirección nacional del partido en 2014 que González tenía una cuenta en el país helvético. Fue en el curso de un encuentro mantenido con el entonces portavoz adjunto en el Congreso, Carlos Floriano, y con el entonces coordinador de Organización del PP, Juan Carlos Vera.
La titularidad de cuentas corrientes en paraísos fiscales, origen de la investigación a Ignacio González
Según ha reconocido Floriano al estallar ahora el escándalo, el partido no puso en conocimiento de la Justicia este hecho porque Ignacio González "negó todo lo relacionado con esa cuenta" cuando le pidieron explicaciones, si bien ha sugerido que este hecho pesó en la decisión de descabalgar al ex presidente de la Comunidad de Madrid de las listas con que los populares concurrieron a las elecciones autonómicas de 2015.
Una de las líneas que investiga el juez Velasco en el marco de la operación Lezo es el intento de pago de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL a González como comisión por la adjudicación a esta constructora del contrato de obra del tren Móstoles-Navalcarnero. Según ha reconocido a El Mundo, el empresario Adrián de la Joya recibió la transferencia a través de su sociedad panameña Lauryn Groun Inc con la indicación de Javier López Madrid -ex consejero de OHL y también investigado por el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional- de que entregara "dos tercios" al ex gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, considerado por los investigadores como testaferro de Ignacio Gónzález. De la Joya, al que ha alcanzado también las pesquisas de la UCO y del magistrado de la Audiencia Nacional, asegura que se negó a 'comerse el marrón' de pagar a políticos y se quedó con el dinero para cobrarse deudas antiguas que el grupo de Villar Mir tenía con él.
La Guardia Civil seguía los pasos a González antes de que la Comunidad de Madrid acudiera al fiscal
De forma simultánea a la investigación de Púnica, por la que se encuentra en prisión preventiva desde octubre de 2014 el ex consejero de Presidencia Francisco Granados, los agentes de la Guardia Civil fueron recabando indicios de la presunta implicación de Ignacio González en una trama corrupta dedicada a desviar fondos públicos en beneficio privado y a la financiación irregular del PP de Madrid. Es la operación que estalló hace dos semanas con el desarrollo de un operativo policial que ha supuesto la entrada en prisión preventiva del ex presidente madrileño y de antiguos directivos del Canal de Isabel II.
Entre el inicio de las pesquisas y la operación Lezo hay otro hito relevante. Está fechado el 13 de julio de 2016, cuando el actual Ejecutivo autonómico -por medio de Ángel Garrido, consejero de Presidencia y presidente del consejo de administración de Canal Isabel Gestión SA- presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado en el que se detallaban presuntas irregularidades en la compra del 75% de la empresa brasileña Emissao por parte de la filial latinoamericana del Canal (Inassa) a cambio de unos 21,4 millones de euros.
Esta operación societaria es una de las líneas de investigación que dirige el juez Velasco, que ha incorporado a la instrucción las conclusiones de la auditoría interna que llevó a cabo la empresa pública y que puso en conocimiento del Ministerio Público. Entre otras sombras, la compra se llevó a cabo sin una tasación independiente, se obvió un informe elaborado por la firma de auditoría KPMG en el que se alertaba de riesgos potenciales que aconsejaban ponderar la valoración de la empresa carioca, se utilizó una firma uruguaya sin actividad real como empresa interpuesta y se desembolsó el 84% del dinero (18 millones de euros) en un banco en Suiza. El cerebro de esta operación fue Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de Inassa entre 2006 y 2016 y también en la cárcel tras su detención en esta redada.
"Dinero en efectivo"
En el auto por el que lo envió a prisión incondicional el pasado 21 de abril, el instructor asegura que existen indicios de que Ignacio González "posee gran cantidad de dinero en efectivo de origen indeterminado" relacionado "con las supuestas actividades criminales" objeto de investigación y de su interés en constituir sociedades diversas para, "a través de destrezas financieras orientadas a velar la titularidad real", aflorar el dinero de procedencia ilícita.
"Existe una pluralidad de indicios que apuntan a que el ex presidente de la Comunidad de Madrid maneja dinero en efectivo en importantes cantidades y cuyo origen debe ser comprometido en orden a la serie de operativas que articula para introducirlo en el sistema financiero legal", expone Eloy Velasco en su resolución.
Localizar el dinero que Ignacio González guarda presuntamente en paraísos fiscales procedente del cobro de comisiones ilícitas es el motivo por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional va a enviar comisiones rogatorias a diversas países, ha informado El País. El juez también sigue el rastro del dinero de origen ilícito que pueda tener en el extranjero Rodríguez Sobrino, ante sus sospechas de que éste utilizó a una hija para ocultar patrimonio en Colombia, República Dominicana e Inglaterra.
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