Migrantes llegados en pateras a Canarias en las últimas semanas se encuentran ya en al menos una decena de provincias peninsulares -fundamentalmente de la costa mediterránea- mientras arrecian las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por el "oscurantismo" con que se están produciendo estos movimientos. El foco de la polémica por la crisis migratoria alumbra a los ministros Grande-Marlaska (Interior) y José Luis Escrivá (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

Fuentes policiales consultadas por este diario tienen constancia del traslado de migrantes irregulares desde ciudades canarias a Zaragoza, Barcelona, Madrid, Cádiz, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga y Granada, sin que haya trascendido cuántos han abandonado ya las islas. A aquéllas se suma Huelva, adonde -según ha informado el PP- llegaron a primera hora de este martes otras 42 personas.

Durante el puente de la Inmaculada, más de 600 inmigrantes han llegado a Valencia (313), Alicante (100) y Granada (200) en vuelos de líneas regulares procedentes de Canarias. El próximo fin de semana está previsto que se produzcan más desplazamientos por vía aérea desde Gran Canaria, Tenerife Norte y Fuerteventura a Valencia, según previsiones policiales.

Fuentes jurídicas han recordado que, transcurridas las primeras 72 horas bajo custodia judicial, todo inmigrante que cuenten con documentación dispone de libertad deambulatoria mientras no sea firme una orden de expulsión por haber entrado irregularmente en el país. Su única obligación es facilitar un domicilio para que puedan estar localizados. "Si están documentados y tienen el dinero para comprar el billete, nadie puede prohibírselo", añaden.

Sea como fuere, el secretismo y el goteo de noticias sobre llegadas de migrantes a diferentes provincias están avivando las especulaciones y los reproches tanto de grupos de la oposición como de sindicatos policiales al Gobierno, al que "no le consta" que se hayan hecho "desplazamientos o traslados de personas que no estén en condiciones regulares y ordenadas de poder hacerlo". Así lo expresó en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros de este miércoles la ministra portavoz (María Jesús Montero), que defendió que los traslados de migrantes se hacen de forma "controlada" y con "garantías sanitarias".

El SUP pone en duda que se estén realizando PCR y asegura que dos de los migrantes que volaron a Valencia han dado positivo

Especialmente crítico con el Ejecutivo se había mostrado en los últimos días el alcalde de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos), quien ha censurado que el Gobierno haya optado por "soltarles a su libre albedrío" sin conocerse si estas personas que llegaron en pateras a Canarias han sido sometidos a la prueba PCR para determinar si están contagiados por el coronavirus.

Esa misma duda es la que ha expresado el Sindicato Unificado de Policía (SUP), a quien el ministro Escrivá ha acusado de "alimentar la xenofobia" por preguntar a Interior si dichas personas viajan una vez que se les ha realizado el test de diagnóstico. "¿Por qué se levantan sospechas infundadas sobre inmigrantes cuando es conocido que los protocolos existentes garantizan que cualquier inmigrante llegando a costa es sometido por las autoridades sanitarias autonómicas a un PCR?", ha replicado el titular de Migraciones desde su cuenta en Twitter.

El SUP cuestiona estas afirmaciones de Escrivá, al que le ha pedido una reunión urgente, y asegura que dos de los 16 migrantes que fueron detenidos este martes en Valencia han dado positivo este miércoles tras hacérseles la prueba a su llegada. "Vienen sin PCR ni ningún tipo de control sanitario", sostiene el responsable de este sindicato policial en la Comunidad Valenciana, Fermín Gimeno.

El sindicato rechaza que estén fomentando la xenofobia o el racismo y demandan que Interior o Migraciones informen de los protocolos que se están siguiendo para tener garantías de que se están cumpliendo las medidas sanitarias, a fin de que los policías nacionales puedan adoptar la prevención necesaria para evitar contagios. "Lo único que estamos pidiendo, por la salud de ellos y por la de todos, es que haya un protocolo claro y que las pruebas se realizan. Eso es lo que estamos reivindicando, nada de movimiento racista", señala la secretaria general del SUP en Andalucía, Mariló Valencia.

Esa inquietud ha encontrado eco en grupos de la oposición. El PP ha registrado este miércoles la petición de comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska para que informe "con carácter de urgencia" sobre "las circunstancias de los traslados de inmigrantes irregulares a la península desde la comunidad autónoma de Canarias" después de que el titular de Interior dijera "en su día que había que evitar desplazamientos de irregulares a la península".

Canarias pide solidaridad

Mientras el Gobierno canario ha pedido en las últimas semanas la solidaridad de otras regiones para compartir la solución a la presión migratoria que está sufriendo desde el pasado verano por el cierre de la ruta del Mediterráneo, lo que provocó el hacinamiento durante varios meses de marroquíes y subaharianos en el muelle grancanario de Arguineguín, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha mostrado contrario a las derivaciones de migrantes indocumentados a la península al entender que ello podría producir un "efecto llamada" y ha circunscrito las que se han llevado a cabo a personas "vulnerables". Éstas las autoriza Interior pero es Migraciones el departamento ministerial que se encarga de ofrecer una solución social.

Por contra, la estrategia se está centrando en habilitar varios campamentos provisionales -con una oferta de 6.900 plazas- repartidos por Gran Canaria y las otras dos islas que mayor presión migratoria están sufriendo: Santa Cruz de Tenerife y Fuerteventura. La mayoría de estos espacios se están habilitando todavía o no estarán operativos hasta el próximo año.

De acuerdo con los datos recopilados por Interior, el número de migrantes que llegó por mar a las islas Canarias hasta el pasado 30 de noviembre ascendía a 19.566 personas, cifra que representa un 881,7 % más que en el mismo periodo del año anterior. En los cinco primeros meses del segundo semestre se contabilizan 16.866 migrantes (el 86,2 % del total acumulado).