"No dimitiré". Núria Marin resiste el primer envite tras su inclusión como investigada en la causa sobre la presunta malversación en el Consejo Deportivo de su ciudad. Alcaldesa de l'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marin es una de las figuras más relevantes del PSC, partido que preside. Personifica el principal bastión de los socialistas en Cataluña, el ayuntamiento de la segunda ciudad por número de población, que el PSC ha gobernado desde el inicio de la democracia. Es uno de los pilares de la ejecutiva de Miquel Iceta y su nombre sonó como posible ministra, hasta que Pedro Sánchez optó por el secretario de Organización del partido, Salvador Illa.

Su discurso claro y combativo durante el proceso independentista, especialmente en la jornada del referéndum ilegal del 1-O, la catapultó mucho más allá de los limites de su municipio. Por eso su imputación como investigada dentro de un caso de presunta corrupción en el Consell Esportiu de l'Hospitalet (CELH) su municipio es un duro golpe para el PSC a las puertas de las elecciones.

Esquerra aprovecha el filón

Tanto el PSC como el PSOE se apresuraron a ratificar su plena confianza en la dirigente socialista. Pero a Esquerra, favorita de las encuestas en las próximas elecciones autonómicas, no tardó en reclamar la dimisión de Marin. Y, sobre todo, exigir a JxCat que rompa el pacto con los socialistas en la Diputación que dio la presidencia a la alcaldesa socialista.

"Cada cual es libre de tomar sus decisiones, pero yo intento escuchar antes de tomarlas" respondió Marin a las peticiones de dimisión lanzadas por los republicanos. La alcaldesa defiende la presunción de inocencia, tanto la suya como la de los dos regidores que aparecen como cabecillas de la trama corrupta. Y asegura que responderá a todos los requerimientos de la justicia.

"He respondido a todas las preguntas de la Policía, pese a estar en mi derecho de no declarar" destacó este jueves en su primera comparecencia pública tras ser interrogada por la UDEF. "Y haré lo mismo ante la jueza que instruye el caso".

Los republicanos, sin embargo, recuerdan que desde el inicio de la investigación no han dejado de reclamar a la alcaldesa "que actúe con transparencia" como han hecho también los populares en el Ayuntamiento. E insisten en la petición de comparecencia en el Parlament que Marin tienen pendiente, precisamente para dar explicaciones sobre este caso.

Desde el partido de Oriol Junqueras no dejan de repetir que el PSC es su principal rival en las próximas elecciones. Lo es fuera del campo de batalla independentista, sobre todo desde que algunas encuestas sitúan a los socialistas como segunda fuerza. Por eso hace dos semanas llevaron ya al Parlament el caso de presunta corrupción en l'Hospitalet, por el que Marin se comprometió a comparecer ante la cámara.

Interrogatorio policial

Marin ha declarado este jueves durante más de tres horas ante la unidad de delitos económicos de la Policía (UDEF) que desde el pasado junio investiga las presuntas irregularidades del Consell. Queda pendiente la declaración ante la juez que instruye la causa. Sobre la mesa, el supuesto desvío de medio millón de euros sólo en el ejercicio de 2018 del Consell, una práctica que según algunas fuentes locales podría haberse establecido hace años.

Ahora el juez investiga si el Consell Esportiu, una entidad privada con participación pública que promueve el deporte escolar en L’Hospitalet, desvió dinero de ayudas públicas con fines particulares y después intentó justificar el destino del dinero de las subvenciones con documentación falsa. No hay ningún indicio de que la alcaldesa se haya beneficiado directamente de esas presuntas irregularidades, pero está en cuestión si trató de ocultar los hechos cuando fueron denunciados por el ex regidor de Cultura y Deportes, el también socialista Jaume Graells.

Graells denunció los hechos ante Marin el pasado febrero, al tiempo que hacía públicas sus sospechas. La alcaldía anunció entonces una auditoria económica, financiera y de gestión para aclarar las presuntas irregularidades, pero la pandemia, según Marin, impidió avanzar en las investigaciones. Graells acudió entonces a la Policía y en junio se abría la causa y se producían los primeros registros y detenciones.

Indicios de criminalidad

El auto de la juez que instruye el caso habla de «indicios claros de criminalidad» en la gestión del Consejo tutelado por el Ayuntamiento, como en todos los consejos deportivos, creados por la legislación catalana.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ve indicios de los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, en la trama de supuesto desvío de subvenciones públicas, en la que tendrían un papel central dos regidores socialistas: Cristian Alcázar, segundo teniente de alcalde, y Cristóbal Plaza, regidor de deportes.

En la causa han sido detenidas en los últimos meses trece personas, entre ellas los dos concejales y el secretario general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, a las que también se atribuye el delito de pertenencia a organización criminal. Según la documentación que obra en manos de la UDEF, el Consell llevaba dos contabilidades discordantes, la que presentaba ante las asambleas de la entidad y la que consignaba en el Consell Catalá de l’Esport (Generalitat) para justificar las subvenciones recibidas.

Entre las irregularidades que la instrucción ha puesto al descubierto destaca la supuesta falsificación de las actas de una asamblea de la entidad para justificar la concesión de subvenciones de la Generalitat. Y el pago de gastos personales de Plaza a cuenta del Consell, desde multas de tráfico a libros de autoayuda. El regidor, además, habría cobrado una indemnización de despido improcedente de 47.000€ cuando abandonó la entidad, para incorporarse meses más tarde al gobierno local.