El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha lamentado este jueves el reguero de filtraciones que están salpicando a casos como la operación Lezo y ha planteado la aplicación de medidas sancionadoras contra los medios de comunicación que las publiquen.
"No tenemos un medio eficaz para luchar contra las filtraciones. No hay medidas. En Alemania sí se sanciona a los medios", ha señalado Moix durante una entrevista concedida a Onda Cero en la que ha hecho referencia a la multitud de grabaciones que están saliendo a la luz relativas a casos bajo secreto de sumario y cuyo contenido deberían conocerse sólo en el contexto de la instrucción.
Moix se ha mostrado partidario de "estudiar" la implantación de estas sanciones que, en su opinión, desembocarían en menos problemas en el funcionamiento del Estado de Derecho, actualmente sin armas para combatir las filtraciones salvo que se detecte su origen. Moix ha sugerido que, cuando no se conozca el origen, se investigue y se sancione a quien las distribuya.
Durante su intervención en el programa Más de Uno, Moix ha enmarcado las peticiones de dimisión de los partidos de la oposición en el "juego político" y ha asegurado que "no se siente presa de ninguna cacería". En la misma línea, ha negado su afinidad con el Partido Popular y ha tratado de subrayar que no es afín "a ningún partido político".
Manuel Moix ha estado en el centro de la polémica generada alrededor de la Fiscalía Anticorrupción desde su nombramiento, hace alrededor de dos meses. Este jueves, el Consejo Fiscal se reúne para analizar algunas decisiones y pronunciarse, entre otras cosas, respecto al relevo de los fiscales que hasta ahora habían llevado la investigación de la trama del 3% en Cataluña, José Grinda y Fernando Bermejo.
Sobre este asunto en particular, Moix ha defendido que el cambio se produce como "obligación" para "optimizar recursos" y evitar "tanto desplazamiento entre Madrid y Barcelona". La causa, salvo rectificación tras el Consejo Fiscal, pasará ahora a manos de fiscales adscritos en Cataluña, pese a que la investigación puede acabar trasladándose del juzgado de El Vendrell al de la Audiencia Nacional.
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