Un juzgado de Madrid ha imputado a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por un delito societario al admitir la querella presentada por la fiscalía contra ella y otras 15 personas, entre ellas, Pablo González, el hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid por una operación en Mercamadrid.

La fiscalía presentó su demanda contra Dancausa porque cuando ocurrieron los hechos era concejal en el Ayuntamiento de Ana Botella y  presidía Mercamadrid. En su escrito, el ministerio público considera que los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L. han supuesto un “importante perjuicio patrimonial” para la empresa pública y  “un enriquecimiento ilícito” para la segunda.

El ministerio público explica que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel e instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.

Pagos sin abonar

Mercamadrid S.A. estableció a la empresa, según la denuncia, la obligación de abonar en concepto de canon para la construcción del hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22, S.A. cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22.

Merca Ocio Hoteles 22 S.L. comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado.

Por su parte, Merca Ocio Hoteles 22, S.L. presentó una demanda en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8.004.535,12 euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

Acuerdos extrajudiciales

Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid y por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.

El acuerdo, que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Meca Ocio 22 S.L. y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla Jiménez, “incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional”.

El 31 de octubre de 2013 Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la Vicepresidenta Segunda de Mercamadrid María Dolores Flores Cerdán. Fue ella misma quien un mes más tarde suscribió en representación de Mercamadrid con Merca Ocio dos acuerdos de transacción que puso fin a la vía judicial.

Para la Fiscalía el “enriquecimiento ilícito” de Merca Ocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por los cánones superficiales impagados al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208,40 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013 cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377,20 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032. En total, hasta octubre de 2016 Merca Ocio recibió 2.255.349, 51 euros “para obtener el uso de dos salas –de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno”.

Informe del ayuntamiento de Carmena

Además, la Fiscalía subraya que el acuerdo no resultaba “equitativo” para ambas partes ya que Merca Ocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda “perfectamente contrastada” y a su compensación con rentas futuras. Incluso, subraya que, en contra de lo que afirmaba el informe técnico, la reclamación a Mercamadrid de ocho millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios no era “viable”.

Por último, la denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81 % superior al precio de mercado y deja bien claro que en el “momento actual” no consta “si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Merca Ocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos”.

La versión de Dancausa: "Denuncia infundada"

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, cree que la denuncia de la Fiscalía Provincial que ha dado pie a que un juzgado la investigue por un presunto delito societario en Mercamadrid es "infundada", ya que "tras dieciséis meses de supuesta investigación" no ha comprobado "hechos esenciales".

Dancausa ha hecho estas consideraciones, en un comunicado remitido a Efe, en el que afirma que "no es cierto que se me haya imputado". "Lo único que ha hecho el Juzgado de Instrucción es admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid", y por lo tanto ella es "investigada" porque el juez no le está "imputando ningún delito".

Explica que hoy mismo ha presentado un escrito de alegaciones "al que se adjunta toda la documentación que demuestra que la denuncia es infundada porque, sorprendentemente, omite hechos esenciales". "Tras dieciséis meses de supuesta investigación a raíz de una denuncia instigada por Ahora Madrid, la Fiscalía no ha comprobado hechos esenciales que le habrían permitido ver que aquí no existe ninguna irregularidad, no ya penal, sino tampoco civil", añade.

Dancausa está "convencida" de que la denuncia se archivará, y entonces ella analizará "el ejercicio de todas las acciones legales" que le asisten "para resarcirme del daño reputacional y moral que esta denuncia pueda causarme".

La delegada detalla que Mercamadrid arrendó los locales a Mercaocio "porque era la mejor manera de poner fin a un litigio de resultado incierto, de recuperar unos cánones impagados, y sobre todo porque Mercasa se comprometió a subarrendar esas mismas naves por el mismo precio, por lo que la operación era beneficiosa para Mercamadrid", y asegura que la decisión se adoptó "siguiendo el procedimiento establecido y con todos los informes favorables".

Dancausa ha conocido la decisión del juzgado de abrir diligencias durante un acto de la Policía al que asistía a mediodía, al ser preguntada por los periodistas, a los que ha dicho que estaba "absolutamente tranquila" y que no había recibido ninguna notificación al respecto.