La Audiencia Provincial de Sevilla ha admitido la recusación presentada por el PP y Manos Limpias contra el magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta y que había sido designado como ponente del juicio contra los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por la 'pieza política' de los ERE fraudulentos.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la Sección Tercera de la Audiencia, presidida por el magistrado Ángel Márquez, ha admitido la recusación al entender que existe "apariencia de parcialidad", lo que significa que Izquierdo no podrá formar parte del tribunal que juzgue la pieza política de los ERE y que haya, por tanto, que designar a un nuevo ponente de entre los magistrados de la Sección Primera, que el propio Izquierdo preside.

El magistrado rechazó abstenerse como ponente del juicio pero solicitó a la Audiencia que valorase la "perturbación" generada en la actividad "ordinaria" del tribunal tras las recusaciones planteadas por Manos Limpias y PP-A, a las que se opuso también la Fiscalía Anticorrupción aunque con matices.

En un informe, el magistrado consideraba "procedente" que sea la Sala la que, "valorando todas las circunstancias expuestas por las partes personadas y en este informe, resuelva lo que considere procedente", todo ello "incluso frente a mi percepción subjetiva de poder ejercer de forma responsable mis obligaciones profesionales como presidente de la Sala y ponente".

Izquierdo advertía de que, a raíz de ambas recusaciones, "no sólo se ha visto ya perturbado el sosiego y tranquilidad con la que como ponente debería haber comenzado a abordar el estudio de las actuaciones para su posterior enjuiciamiento con la Sala, sino también, el que como consecuencia de la forma de cuestionar" su inclusión en el tribunal, "se ha visto éste también afectado, al proyectarse de forma persistente una sospecha generalizada sobre si concurrirían las garantías necesarias para afrontar la celebración del juicio".

Por su parte, La fiscalía ya se opuso a la recusación pero pidió al magistrado que analizara si como alto cargo conoció los procedimientos administrativos