El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retoma su agenda después de las fiestas navideñas y esta misma semana la Comisión Permanente escuchará a los candidatos a presidir ocho Audiencias Provinciales.

El presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y los otros siete vocales que componen la Comisión Permanente escucharán a los 12 candidatos que aspiran a presidir las Audiencias Provinciales de Almería, Baleares, Ciudad Real, Cantabria, Granada, León, Navarra y Salamanca y al candidato que quiere continuar al frente de la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Sólo en los casos de Salamanca y Almería dos y cuatro candidatos, respectivamente, optan a los cargos. En el resto de Audiencias sólo un candidato -el actual presidente o presidenta- opta a la reelección, salvo en Navarra, que también un sólo magistrado de la Audiencia Provincial se ha postulado para asumir la presidencia.

Por lo tanto, el debate del Departamento de Selección no debería demorarse mucho y, a pesar de llevar ya dos años y más de un mes en funciones, el Pleno del CGPJ podría realizar una nueva tanda de nombramientos este enero a pesar de las presiones de los partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, para que esto no ocurra. Desde el órgano de Gobierno de los jueces trasladan que este Consejo seguirá cumpliendo con las funciones que tiene encomendadas y que están recogidas en la Constitución.

PSOE y Partido Popular -representados por el ministro de Justicia Juan Carlos Campo y el consejero de Justicia madrileño Enrique López- tienen cerrados los términos del acuerdo de renovación del órgano desde agosto. Se trataría de un reparto al 50% en la elección de los miembros del Consejo (10 vocales cada uno) poniendo sobre la mesa el partido de Gobierno el nombre del presidente del órgano constitucional e incluyendo en su propuesta tres nombres que contenten a sus socios de Podemos.

Tramitación de la reforma de la LOPJ en el Congreso

Ante la incapacidad de llegar a un acuerdo final por las reticencias del PP, PSOE y Podemos dieron el pasado 17 de diciembre el primer paso para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y limitar la función de los nombramientos al CGPJ cuando esté en funciones, como es el caso.

Fuentes de la negociación reconocieron por aquéllas fechas que ven difícil que los dos principales partidos del Congreso sellen su acuerdo antes de la celebración de las elecciones catalanas, que estaban previstas para el 14 de febrero.

Debido al aumento de contagios por coronavirus en la región, es posible que los comicios se retrasen. Este viernes, el Govern y los representantes de los partidos políticos tienen prevista una reunión de la que debe salir una decisión. Los grupos políticos han pedido a la Generalitat que tome la decisión que tome, pues tiene la última palabra, sea definitiva. Es decir, que no se decida aplazar la convocatoria y posteriormente se anuncie una nueva fecha, con los perjuicios económicos y políticos que conllevaría para una campaña que arranca el próximo 29 de enero.

El PP, volcado en la resaca del temporal

Con las elecciones catalanas en el aire, queda la duda de si también se pospondrá el acuerdo de renovación del CGPJ, se adelantará o el Congreso intervendrá finalmente aprobando la reforma legal para limitar sus funciones, algo que en el órgano de los jueces y en el ámbito judicial se ha entendido como una invasión del Poder Legislativo en el Judicial.

Fuentes populares consultadas por El Independiente trasladan que en los últimos días no ha habido acercamiento reseñables para sellar el acuerdo de renovación. Entre otras cosas, porque el interlocutor del partido Enrique López es a su vez consejero del Gobierno madrileño y está "inmerso en la gestión de la recuperación y la vuelta a la normalidad" tras el temporal de nieve y heladas. Desde el Ministerio de Justicia no se manifiestan al respecto.

El Congreso también tiene que pronunciarse aún sobre la solicitud que le hizo la mayoría de vocales del órgano judicial para que recabe la opinión de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y a oiga a las asociaciones de jueces y fiscales, así como a entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia, antes de impulsar la reforma de la LOPJ. Decisiones que el CGPJ comunicará a su vez a la Red Europea de Consejos de Justicia.