Unidas Podemos ha presentado en la Comisión de Interior una Proposición No de Ley (PNL) relativa a la adquisición y uso de pistolas eléctricas, conocidas comunmente como Taser, con el objetivo de que los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado limiten su uso para evitar riesgos "de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes", según indica el texto al que ha tenido acceso Europa Press.

"La PNL se registra, entre otras razones, por un doble motivo: la información ofrecida por Interior sobre la próxima adquisición de un número muy relevante de armas de este tipo y por la propia demanda que trasladan los agentes policiales, que prefieren tener lo más detalladas posible las normas exactas para su uso, tanto para mejorar su propia seguridad como por la de los casos y las personas sobre las que se puede utilizar", expresa para El Independiente Enrique Santiago, impulsor de esta iniciativa parlamentaria.

Es una falta de respeto a los profesionales que escoltan a los dirigentes de ese partido y los protegen sus domicilios"

SUP

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha mostrado este lunes su rechazo hacia esta PNL por considerar que se trata de "ataque gratuito e injustificado" del diputado a la Policía Nacional. Protesta además ante una "nueva falta de respeto a los profesionales de la seguridad pública", que son quienes "escoltan a los dirigentes de ese partido y protegen sus domicilios, sin que hayan prescindido de ese servicio siguiendo esa desconfianza que muestra el diputado Santiago en su propuesta", señalan, en referencia a la vigilancia que realizan en los alrededores de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. "Es un ataque más de los que estamos recibiendo por parte de sectores de esta sociedad y por parte de grupos políticos, que son ataques directos en los que intentan sacarnos los colores diciendo que nuestra forma de actuar no está conforme a la legalidad", declara para El Independiente Carlos Morales, portavoz nacional de SUP.

En la misma línea, la Confederación Española de Policía (CEP) ha condenado a través de su cuenta de Twitter esta iniciativa: "Te juegas la vida a diario y Podemos presenta una PNL en la que te coloca bajo sospecha, pidiendo investigar usos inadecuados de defensas eléctricas que aún no tenemos". El sindicato ha acompañado este mensaje con el vídeo de los disturbios del 22 de marzo de 2014 en Madrid, en el que se ve a un agente sin casco siendo agredido por los manifestantes. "A ver si con este vídeo hacéis otra PNL para endurecer el tipo penal de atentado", concluyen.

En la PNL, Enrique Santiago ha llamado a excluir el contacto directo con estas pistolas, así como la descarga "reiterada o prolongada". El portavoz de Interior de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida asegura para este periódico que su texto recoge "demandas similares lanzadas por instituciones que tienen más amplia información sobre este tema, entre ellos el Defensor del Pueblo". Carlos Morales asegura que las pistolas eléctricas "solamente se van a utilizar en casos muy, muy, muy extremos", es decir, cuando corra "peligro la vida de terceras personas o nuestra propia vida". "Se tienen que hacer las descargas mínimas e indispensables para la paralización del individuo", insiste. 

Por el momento, no se han distribuido los 300 dispositivos que adquirió la Dirección General de la Policía en octubre. Morales opina al respecto que "no se las van a dar a todos los agentes", sino que quienes podrán tener acceso a este arma será "gente que esté cualificada para el uso de esa pistola, casi seguro, a partir de oficial o subinspector". Desde SUP indican, además, que "el uso de pistolas eléctricas es una práctica operativa policial extendida en todos los países avanzados y que, frente a lo que insinúa este político, garantiza mucho más la seguridad tanto de los policías como de los ciudadanos, al tratarse de una herramienta de trabajo no letal".

La Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, desde 2008, y otros 200 policías locales, desde 2002, ya contaban con este material. Esta PNL, tal y como expresa el sindicato, "cuestiona tanto la capacitación de los agentes para su uso como el respeto al principio de oportunidad y proporcionalidad", dado que el texto de la iniciativa presentada por Enrique Santiago solicita que "debería investigarse después de cada uso de ese medio de protección". "En España no creo que se haya hecho un mal uso de estas herramientas, ni de la defensa extensible (porras extensibles) ni de la pistola Taser. A lo mejor en otros países, como puede ser en Estados Unidos, sí ha habido casos de mala utilización, pero no es el caso del modelo policial español", sostiene el portavoz nacional de SUP. 

Asimismo, Santiago ha pedido que las Taser no se utilicen "contra determinados colectivos", entre ellos "menores de edad, personas con alteraciones emocionales o incapacidad mental o física, o personas bajo el efecto de las drogas". "Esto es muy recomendable y así lo hemos solicitado en nuestros cursos", dice Morales, pero matiza que "hay casos en los que las personas que están con síntomas de droga se puede ver influenciada su forma de actuar con violencia y agresividad, y puede ser que podamos utilizar este tipo de arma". "Con menores, no, y con personas con discapacidad, tampoco", recalca. 

No es una valoración particular: los agentes buena medida o nunca han usado este material en actuaciones reales"

enrique santiago (unidas podemos)

En el texto, Unidas Podemos destaca la necesidad de que se garantice la formación de los agentes con este tipo de mecanismos. "No es una valoración particular, sino la que hacen los propios profesionales policiales y sus representantes que en buena medida o nunca han usado este material en actuaciones reales o tienen aún conocimientos limitados sobre su uso", señala Santiago. SUP sostiene que ha dado ya cursos sobre la utilización de la pistola Taser y de la defensa extensible, ya que la Comisión de Personal del Consejo de Policía transmitió que se iban a adquirir 10.000 bastones de este tipo, y se espera que la Dirección General de la Policía proporcione una formación complementaria a aquellos efectivos que vayan a poder utilizar estos dispositivos, que, para el portavoz de SUP, son herramientas intermedias "entre un arma de fuego y la defensa policial".

"Unidas Podemos demuestra, además, un absoluto desconocimiento de la realidad policial que resulta alarmante en un partido que ostenta responsabilidades de gobierno", expresa SUP en una nota.

Un total de 1.000 Taser hasta febrero de 2022

La División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional formalizó el pasado 25 de mayo el contrato por el que la UTE formada por Nidec SLU y Axon Public Safety Germany SL serían las encargadas de suministrar 1.000 dispositivos electrónicos de control -del modelo Taser 7- por un importe de 2.099.350 euros. En 2020 se entregaron 300, antes del 1 de junio de 2021 se proporcionará otras 300 y las 400 restantes se repartirán antes del 29 de febrero de 2022.

El pasado mes de octubre, la Policía Nacional informó de que las primeras 300 pistolas eléctricas se entregaban para su uso "eminentemente disuasorio", aunque de forma restringida a aquellos agentes que superen con anterioridad una formación teórico-práctica para su tenencia, uso y manejo. El empleo de las pistolas electrónicas queda supeditado a una actuación de "proporcionalidad" después de que se hayan agotado "todas las vías de diálogo, negociación y mediación posibles".