El sector financiero español se mueve en torno a Banco Popular. La venta de la entidad presidida por Emilio Saracho ha surgido como una pieza clave en la configuración del nuevo mapa bancario, ante la que los distintos grupos llevan meses evaluando sus opciones.
En este movimiento ha aparecido con fuerza en los últimos días un actor muy relevante y hasta cierto punto inesperado. El Gobierno, a través del banco nacionalizado Bankia, se ha sumado a la puja por Popular, convirtiéndose de repente en uno de los más firmes candidatos a la compra. De hecho, Bankia es, junto a Santander, el único que se ha ceñido a los plazos marcados por el banco que preside Saracho y ha lanzado ya una oferta por el grupo. Mientras, otros candidatos, fundamentalmente BBVA, han optado por mantenerse agazapados, a la espera de acontecimientos.
La irrupción de Bankia en el proceso se ha producido con el beneplácito del Gobierno, que controla alrededor del 66% del banco, a través del Frob. De hecho, fue el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, el que anunció el pasado martes que la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri estaba explorando sus opciones en la puja.
El Gobierno cree que comprar Popular elevaría el valor de su participación en Bankia
Aunque en el sector se llegó a interpretar este paso como un globo sonda, tendente a animar al resto de bancos a pujar con decisión por Popular, lo cierto es que en el Ejecutivo se valora de forma muy positiva la opción de que sea Bankia la que se haga con el negocio del banco a la venta, según confirman a El Independiente fuentes de toda solvencia.
En el Ejecutivo se tiene en cuenta que la operación convertiría a Bankia en una entidad líder en el mercado nacional, con un volumen de activos próximo a los 380.000 millones de euros (incluido el balance de BMN, con la que está analizando su fusión). Además, en el Ejecutivo también se tiene en cuenta que esta combinación sería la que generaría mayores sinergias, tal y como se resalta en diversos informes de analistas.
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Entre otras cosas, la adquisición del negocio de Popular permitiría al banco nacionalizado abordar la necesaria diversificación de su negocio, actualmente excesivamente concentrada en el segmento hipotecario, equilibrar su distribución regional, reduciendo el peso preponderante de Madrid, y conllevaría un potencial ahorro de costes muy elevado. La buena gestión del equipo dirigido por Goirigolzarri también genera confianza a la hora de abordar un proceso de esta complejidad.
Con todos estos ingredientes, en el Gobierno se contempla que la operación podría reforzar el atractivo de Bankia en el mercado, lo que facilitaría recuperar una mayor proporción de los fondos públicos empleados en el rescate de la entidad. A día de hoy, la participación del Estado en Bankia está valorada en 7.821 millones de euros, muy lejos de los cerca de 20.000 millones que aún están pendientes de devolución.
El 30 de junio expira la prohibición de Bruselas a que Bankia aborde compras
El tiempo juega a favor de los planes del Gobierno. El próximo 30 de junio expira la restricción para participar en operaciones corporativas que Bruselas impuso a Bankia para autorizar su rescate con dinero público hace ahora cinco años.
Con todo, desde el Banco de España ya se ha realizado una consulta para pulsar la visión que se tendría en Bruselas de la compra de Popular por parte de una entidad controlada por el Estado, según corroboran fuentes conocedoras de estos pasos. De estas gestiones, los supervisores españoles habrían sacado la conclusión de que en Bruselas se prefiere que sean BBVA o Santander los que adquieran el banco que preside Saracho, aunque tampoco existe una oposición rotunda a la opción de Bankia.
Recelo entre los rivales
Además de generar escaso entusiasmo en Bruselas, la fusión entre Popular y Bankia es vista también con mucho recelo en el sector bancario. “Es lícito que Bankia quiera participar en los movimientos de consolidación, pero debería hacerlo en igualdad de condiciones”, afirma un alto directivo de un banco español. Fuentes financieras consideran que Bruselas tendría mucho que decir si Bankia se decide a dar el paso. A pesar de que el MoU aclara que la entidad liderada por Goirigolzarri tiene las manos libres cuando finalice el primer semestre, Bankia seguirá siendo un grupo controlado en última instancia por el Gobierno.
De momento, la Comisión Europea prefiere esperar a manejar más detalles antes de pronunciarse. "Corresponde a las autoridades españolas asegurarse de que cualquier operación debe estar en consonancia con los compromisos adquiridos en materia de ayudas estatales a los bancos”, recuerdan fuentes comunitarias.
El resto del sector considera que el respaldo público a Bankia desvirtúa la puja
“En teoría, Bankia tendría que esperar hasta finales de año para dar un paso de este tipo”, afirman fuentes de otra entidad. En teoría, el Estado debería desprenderse de todas sus acciones este año. Bankia quedaría libre entonces de la huella estatal y estaría lista para competir, como sus contrincantes recuerdan, “en igualdad de condiciones”. Sin embargo, lo lógico es que el Gobierno tramite una prórroga en Bruselas, alegando la pérdida de valor de las acciones y el objetivo de que el Estado recupere la mayor partida posible de dinero invertido en el rescate.
Es más, la integración de Popular puede convertirse en un argumento a favor del Gobierno de cara a sus socios comunitarios, con quienes pactó el MoU. Bankia sería mucho más grande. Y si el equipo de Goirigolzarri hace bien su trabajo, más valiosa a largo plazo; es decir, en el momento en que el Estado decida acometer la venta.
La ampliación queda aparcada
Mientras tanto, en Popular, tras la reunión del consejo de administración de ayer, la hipótesis de la ampliación de capital queda relegada. En las próximas semanas, la dirección del banco se centrará exclusivamente en la venta. La entidad se limitó ayer a lanzar un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que informaba de la aprobación de varios nombramientos. No había ni una sola mención al proceso de venta. Sin embargo, el asunto se trató en el encuentro. No en vano, ayer finalizaba el plazo planteado por JP Morgan y Lazard para que los interesados destaparan sus cartas.
Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que Saracho tiene el mandato de centrarse en la venta del banco. Hasta ahora, Popular seguía considerando la ampliación como una alternativa viable. Desde que Saracho asumió la presidencia, su equipo había trabajado con dos escenarios paralelos de futuro: acudir de nuevo al mercado en busca de capital o iniciar un proceso ordenado de venta. El propio presidente lo confirmó en su primera intervención, en la junta de accionistas; una declaración de intenciones que sirvió para hundir la cotización de las acciones.
El consejo de Popular ha autorizado a Saracho a centrarse en el proceso de venta
Pero el escenario ha cambiado radicalmente en los últimos días. Saracho encargó a JP Morgan y Lazard que iniciara una ronda de consultas entre los posibles interesados. Quería tantear el apetito comprador de sus rivales. De las conversaciones entre los dos bancos de inversión y el resto de entidades se deduce que sí lo hay. Sobre todo, por parte de Santander, BBVA y Bankia.
Los consejeros del Popular han analizado la información disponible hasta el momento. Poca, pero suficiente para dejar aparcada -no completamente anulada- la alternativa de la ampliación de capital.
A partir de este momento empieza a contar el reloj para acometer la venta. La intención inicial de JP Morgan y Lazard es que el proceso quede completado de aquí al 10 de junio. Fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran, sin embargo, que los plazos en una operación de este calado son totalmente flexibles. Dicho de otro modo, si la posibilidad de venta a un precio razonable cobra forma, la dirección de Popular, dará el tiempo necesario para que se acometa la operación.
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