Los cambios en Popular se suceden a velocidad de vértigo. En pleno proceso de venta, el consejo de administración ha tomado una decisión que impacta de lleno en el equilibrio de poderes de la entidad. En la tarde de ayer jueves, aprobó el cese del secretario, Francisco Aparicio; todo un peso pesado del Popular, que llevaba 15 años representando los intereses del Opus Dei en el banco.

Aparicio era mucho más que un secretario de consejo. Era la voz de la sindicatura de accionistas; el defensor del núcleo duro del banco, que aglutina a un conjunto de familias que acumulan el 9,5% del capital. Muchas de ellas están ligadas a la Obra. La destitución, defendida por el presidente Emilio Saracho, ha generado preocupación en el seno de la sindicatura, ya que puede afectar directamente a su influencia en el máximo órgano ejecutivo de la entidad.

Los poderes de Aparicio eran tales que en las altas esferas del Popular se le conocía como "general secretario". Había llegado al cargo aupado por uno de los padres de la entidad, Luis Valls Taberner. Presidente entre 1972 y 2004, respetado dentro y fuera del banco, era numerario de la Obra. Quienes le trataron le atribuyen una frase significativa: "En Popular,  el poder está en la trastienda". Allí es donde habitaba, desde 2002, Francisco Aparicio. Primero al lado de Luis Valls, del que era albacea; y dos años más tarde junto a Ángel Ron, cuando éste ascendió a la presidencia.

Demasiado poder acumulado

A lo largo de los últimos años, Aparicio acumuló muchas atribuciones. Tantas que se convirtieron en objeto de deseo de otros accionistas. La posición del secretario del consejo empezó a tambalear a medida que ganaba peso el mexicano Antonio del Valle. El magnate representa oficialmente a varias familias mexicanas, dueñas del 4,2% del capital. Pero fuentes próximas a la entidad calculan que casi el 10% del accionariado tiene pasaporte del país latinoamericano.

Respaldado por el ala mexicana del capital, Del Valle intentó desplazar a Francisco Aparicio cuando Ángel Ron aún era presidente. El empresario, próximo a los Legionarios de Cristo, aspiraba a representar él mismo a la sindicatura. Sin embargo, Ron se opuso y el secretario mantuvo su sillón en el consejo.

La llegada de Emilio Saracho al puesto de mando restó apoyos a Aparicio. En el consejo se le empezó a mirar como una figura incómoda, ligada al pasado del Popular y muy lejana, por tanto, del futuro que le espera al banco. Aparcada ya la alternativa de la ampliación de capital -que permitiría prolongar la independencia- y con varias ofertas oficiosas de compra ya sobre la mesa, dos consejeros clave acabaron retirando su respaldo a Aparicio. Tanto Reyes Calderón -ligada al Opus- como José María Arias acabaron cediendo a la presión de Antonio del Valle y refrendaron la decisión, con el visto bueno de Emilio Saracho.

Nuevo representante de la sindicatura

De momento, la representación del sindicatura queda en manos de José Francisco Mateu Isturiz. Ya se sentaba en el consejo y defendía a las familias del Popular, aunque con poderes más limitados que Aparicio.

Los equilibrios internos del Popular, no obstante, tienen los días contados. Un informe recién publicado de Fitch alerta del rápido deterioro que puede sufrir el balance de la entidad si no adopta una decisión rápida. Dado que una hipotética ampliación de capital llevaría tiempo, sólo se antoja viable el cambio de manos. Tanto JP Morgan como Lazard, que tienen el mandato de venta por orden de Saracho, han marcado el 10 de junio como plazo para realizar el trapaso. La complejidad y la cuantía de la operación, sin embargo, harán flexible la fecha límite.

Por ahora, dos candidatos han tomado la delantera. El Gobierno, a través de Bankia, se ha sumado a la puja.De hecho, la entidad nacionalizada es, junto a Santander, el único que se ha ceñido a los plazos marcados por el Popular. Mientras, otros candidatos, fundamentalmente BBVA, han optado por mantenerse agazapados, a la espera de acontecimientos. Aunque el mercado da por hecho que el grupo liderado por Francisco González acabará dando el paso y presentando una oferta. No en vano, BBVA ha sido el banco más activo en las negociaciones durante los últimos meses.

Fuerte repunte en bolsa

En medio de la avalancha de noticias sobre el proceso de venta, las acciones del banco registraron este viernes su mayor subida en seis meses. La cotización del banco se disparó cerca de un 10%, con un volumen de negociación que superó en más de un  la media del último mes. Como telón de fondo de este repunte se situaban las informaciones que apuntan a que Santander habría fichado ya al banco de inversión Citi para perfilar su oferta por la entidad que preside Emilio Saracho, tal y como publicaba este viernes El Confidencial.

En cualquier caso, el rumbo a medio plazo de las acciones de Popular vendrá determinado, en opinión de los expertos, por el hecho de que las entidades que pujan por el banco estén dispuestas o no a ofrecer una prima respecto al precio actual del banco. Al cierre del viernes, las acciones de Popular se situaron en 0,72 euros, lo que implica una valoración por el total del banco de 3.021 millones.

En este sentido, los analistas se muestran escépticos. Desde Fidentiis consideran que la premura con que se ha abordado el proceso por parte de la dirección de Popular es una señal para la desconfianza, que debería reducir el interés de las otras entidades. Por esa razón, observan, que “es poco probable que Popular tenga éxito con la opción de una venta a menos que el precio sea extremadamente bajo”.

En Alantra coinciden en que en el contexto actual “Popular carece de poder de negociación”. Según los analistas de la firma, “dada la magnitud de los problemas de Popular, esperamos que cualquier oferta de valoración tome en cuenta todos los riesgos en términos de creación de una cobertura adecuada de activos no productivos, colchones contra el potencial riesgo de litigios y costes de separación relacionados con las alianzas de Popular”.

En cualquier caso, la firma observa que los tres principales candidatos a la compra –Santander, BBVA y Bankia- podrían permitirse pagar  un máximo de un euro por acción, lo que supondría valorar el banco en casi 4.200 millones de euros, unas cifras incluso superiores a las que Saracho se ha marcado como objetivo.