El Ministerio de Hacienda no tiene previsto devolver a los organismos autónomos y al resto de entidades integrantes del sector público estatal los más de 1.186 millones de euros que les confiscó la pasada primavera para hacer frente a los gastos provocados por el coronavirus, tanto de compra de material de protección como para poner en marcha otras medidas sociales de amparo a los colectivos más golpeados por la crisis.

Como informó El Independiente, un total de 61 entes adscritos a una veintena de ministerios ingresaron total o parcialmente -entre el 7 de mayo y el 2 de junio- las disponibilidades líquidas con las que contaban y que no eran necesarias para financiar sus actividades. Cumplían así el requerimiento que les había enviado María Jesús Montero a fin de disponer de recursos económicos para luchar contra la pandemia, como se preveía en el real decreto-ley 11/2020 por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus. 

Esta medida encuentra sustento en la Ley General Presupuestaria, cuyo artículo 45 establece: "Se autoriza al Ministro de Hacienda para requerir el ingreso en el Tesoro de la totalidad o parte de dichas disponibilidades líquidas, a excepción de las procedentes de cotizaciones sociales y conceptos de recaudación conjunta, cuando pudieran no ser necesarias para financiar el ejercicio de la actividad indicada".

"No está prevista la percepción de ninguna compensación por la realización de la transferencia", ha contestado el Gobierno en respuesta a una pregunta que había formulado el grupo del PP en el Senado en relación con los 197 millones de euros traspasados al Tesoro por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el pasado 12 de mayo. El organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios y las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral en caso de insolvencia o de procedimiento concursal de la empresa es el que ha contribuido con una cantidad más elevada.

No es la única respuesta de este tenor que ha ofrecido ya el Ejecutivo. Los senadores andaluces del PP Teresa Ruiz-Sillero y José Luis Sanz también han preguntado si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) recibiría alguna "compensación" por los 166 millones de euros que hubo de transferir el pasado mes de mayo en cumplimiento de la orden que había dado la ministra de Hacienda. Ésta fue la segunda mayor aportación.

"La mayor compensación para el organismo ha sido haber tenido la posibilidad de contribuir a sufragar los gastos extraordinarios a los que ha habido que hacer frente en los últimos meses, entre otras cosas, para adquirir material sanitario y para atender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados por muchas empresas de este país", ha replicado el Gobierno.

Retorno de fondos europeos

Al principal partido de la oposición le había sorprendido que la CHG pudiera tener en su tesorería 166 millones de euros pese a las mejoras pendientes y los proyectos que reclaman los regantes, por lo que exigían conocer los motivos que justificaban la existencia de un remanente tan abultado. La respuesta ofrecida ha sido que, junto con los recursos generados con la gestión ordinaria, este organismo de cuenca había ingresado en los últimos años "una cantidad importante vía retornos de fondos" FEDER, el programa con el que la Unión Europea busca corregir los desequilibrios entre sus regiones y fortalecer la cohesión.

En concreto, las cantidades recibidas por la CHG en función de las inversiones cofinanciadas por la UE ascendieron a 68.692.041,52 euros en 2018 y 79.335.526,44 euros en 2019, lo que supera los 148 millones. Pese a la millonaria transferencia realizada en favor del Tesoro el pasado 20 de mayo, la Confederación Hidrográfica -a fecha del pasado 28 de enero- tenía saldos en cuentas bancarias por un montante de 26.145.804,77 euros.

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

Según expone el Gobierno en la citada respuesta parlamentaria, los 166 millones de disponibilidad líquida que tenía la CHG cuando Hacienda emitió la orden durante el primer estado de alarma eran el "fruto del esfuerzo de los usuarios de esta cuenca" y reflejaban el "buen trabajo realizado por el organismo en la gestión de la recaudación de los cánones y tarifas correspondientes". Este diario ha intentado hablar con los rectores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pero no ha obtenido respuesta.

El Gobierno dice que la "mayor compensación" es haber ayudado a la compra de material de protección y a financiar los ERTE

Con un activo superior a los 875,65 millones de euros, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es con diferencia el organismo de cuenca que más dinero ha inyectado para hacer frente a los gastos provocados por el coronavirus de los ocho que han aportado sus remanentes. Le siguen las del Ebro (27 millones), Duero (19,65 millones), Guadiana (14,87 millones), Júcar (8 millones), Tajo (7,35 millones) y Cantábrico y Miño-Sil, en estos dos casos con un millón cada una.

En el listado ofrecido por la Dirección General de Presupuestos en  respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia no figura la del Segura, la novena confederación hidrográfica existente. En la actualidad, estos organismos están adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por la socialista Teresa Ribera.

Detalle de las aportaciones realizadas por 8 de las 9 confederaciones hidrográficas que existen en España.

Junto con el Fogasa y la CHG, los organismos que han realizado mayores ingresos en el Tesoro tras el requerimiento del Ministerio de Hacienda han sido la Oficina Española de Patentes y Marcas (155 millones), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (96,59 millones), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (72,94 millones), la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (39,09 millones), el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (37 millones), el Consejo Superior de Deportes (26 millones) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (20,5 millones).

La expansión del virus ha obligado al Gobierno a hacer un notable desembolso para la compra de material de protección frente a la covid-19 y a destinar importantes recursos a subsidios para cubrir a colectivos afectados por la crisis económico, caso de los ERTE financiados para evitar que muchas empresas cerraran y destruyeran el empleo.