Han pasado cinco años desde que las nueve clínicas de Funnydent (siete en Madrid y dos en Cataluña) amanecieran con la persiana bajada y la cerradura cambiada. Estas clínicas dentales, propiedad de Cristóbal López Vivar, dejaron a 2.481 pacientes con los tratamientos a medias y provocaron un perjuicio que los tribunales han estimado en 8,84 millones de euros.

Aquello ocurrió el 28 de enero de 2016 y la causa judicial la asumió el juzgado número 4 de Navalcarnero (Madrid), sede central de las clínicas. En estos cinco años la causa apenas ha avanzado, según distintas fuentes relacionadas con el caso, y ahora vuelve a dar un giro al ordenar el Tribunal Supremo que asuma la instrucción de la causa la Audiencia Nacional.

Esta resolución responde a una petición que emitió el fiscal en enero de 2020 y que solicitó el propio juzgado de Navalcarnero en octubre del pasado año al Tribunal Supremo. Con fecha de 18 de diciembre el Supremo resolvió el traspaso del caso a la Audiencia Nacional, que alega en su escrito que debe ser competencia de este alto tribunal "por tratarse de una defraudación que ha producido un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas (2.481) en el territorio de más de una Audiencia (Madrid y Barcelona)".

Este caso ocurrió dos años antes que la macroestafa de iDental, que también está siendo juzgada en la Audiencia Nacional.

Cinco años y muchos bandazos

El caso Funnydent lo ahora juzgará la Audiencia Nacional "casi como si estuviera desde cero aunque hayan pasado cinco años", según fuentes cercanas al acusado López Vivar, que creen que "esta es una de las causas peor gestionadas" que ha visto.

Tras el cierre en enero de 2016, el juzgado número 4 de Navalcarnero decretó en febrero de 2017 el archivo de la causa por considerarlo una "pésima gestión del negocio" pero "sin trascendencia penal". Pero los afectados recurrieron y la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso en abril de 2018 para juzgarlo como estafa. El tribunal provincial alegaba que la resolución del archivo tenía apenas "folio y medio" y que "no deja de resultar curioso" que López Vivar denunciara en la Guardia Civil de Navalcarnero, 11 días antes del "cierre abrupto", el robo de material informático que contenía los servidores y programas contables.

Así, la causa volvió al tribunal de Navalcarnero cuyo fiscal en febrero de 2020, casi dos años después, solicitó la inhibición a la Audiencia Nacional. Así lo solicitó el tribunal en octubre y la respuesta del Supremo ha llegado ahora. El caso lo juzgará la Audiencia Nacional.

Un arduo trabajo para la Audiencia Nacional que tendrá que asumir una causa que ya el año pasado constaba de más de 46.000 folios en 93 tomos más 51 en piezas separadas. A febrero de 2020 (y no se ha avanzado mucho en el año de la pandemia, según fuentes del caso) quedaban 231 de los 234 informes médico forenses interesados por hacer.

El propio López Vivar ha celebrado el traspaso del caso a la Audiencia Nacional, según sus abogados. El mismo despacho que defiende al dueño de las clínicas (Durán y Durán) es también el que lleva el caso de un grupo de más de un centenar de afectados. Y es que López Vivar ha denunciado a los administradores judiciales por dilapidar el patrimonio de las clínicas y si gana, lo recuperado irá primero a solventar las demandas de los afectados por el cierre.