El juez de vigilancia penitenciaria ha acordado mantener el tercer grado para los nueve condenados por el referéndum del 1-O que cumplen condena en la prisión de Lledoners. Es decir, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez seguirán disfrutado de la semilibertad durante la negociación del futuro gobierno catalán, hasta que el juez decida sobre el recurso presentado por la Fiscalía.

Junto a ellos, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart y Joaquim Forn seguirán acudiendo a la prisión de Lledoners solo para dormir de lunes a jueves, como decidieron los servicios penitenciarios de la Generalitat el pasado 29 de enero, el primer día de la campaña para las elecciones catalanas del 14F.

Precedente de Forcadell y Bassa

La titular de vigilancia penitenciaria se adhiere así al criterio aplicado a Carme Forcadell y Dolors Bassa, conocido este lunes, que rechazar la progresión de grado, como solicita la Fiscalía, hasta que decida sobre el fundo del recurso. En caso de que los tribunales de vigilancia penitenciara rechacen el recurso, la Fiscalía recurrirá ante el Supremo. El TS, como tribunal sentenciador, ya suspendió el tercer grado otorgado a los líderes independentistas el pasado verano.

La Fiscalía recurrió el pasado 15 de febrero la decisión adoptada por los servicios penitenciarios de la Generalitat tras la segunda revisión de grado, coincidiendo con la campaña electoral. Lo hizo la día siguiente de que se celebraran las elecciones, una decisión muy criticada por los partidos independentistas.

Falta de arrepentimiento

El equipo de fiscales de Cataluña expertos en vigilancia penitenciaria han presentado sus recursos de alzada ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria para paralizar la decisión administrativa de la Generalitat. Insisten en la gravedad de los delitos cometidos por los políticos independentistas, el bien jurídico atacado con sus actuaciones y la falta de arrepentimiento, además del tiempo transcurrido en prisión, entre las razones para recurrir la progresión de grado.

En el caso de Junqueras, que recibió la condena más alta en la sentencia del procés, los fiscales insisten en destacar que otros países de la Unión Europea persiguen con altas penas a quienes revierten el orden constitucional.