La Operación Puerto continúa siendo, once años después de su inicio, una caja de matrioskas. Cada vez que se levanta una capa de impunidad judicial, debajo siempre aparece otra. La última pareció ser la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que, el 10 de junio de 2016, obligó a entregar las 211 bolsas de sangre y plasma incautadas durante la operación a las autoridades deportivas que las reclamaron: la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Unión Ciclista Internacional (UCI), el Comité Olímpico Italiano (CONI) y la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC). Los tramposos temblaron entonces, sin aparente motivo. Un año después, seguimos sin conocer sus nombres.

Desde su inicio en el año 2006 la Operación Puerto ha sido un foco de vergüenza constante para el deporte español. Y no por su intención loable, sino por las trabas que encontró. Una legislación que aún no consideraba delito el dopaje, unas autoridades pasivas, un manejo oscurantista de los hallazgos de la investigación y una amenaza recurrente: que las bolsas de sangre que utilizaba el doctor Eufemiano Fuentes para mejorar el rendimiento de sus clientes a través de autotransfusiones terminaran siendo destruidas sin proceder a la identificación de sus dueños.

Eso fue lo que ordenó en el año 2013 la magistrada Julia Patricia Santamaría en una sentencia que sembró la indignación en el mundo del deporte a nivel internacional. La destrucción de las bolsas de sangre y plasma suponía el adiós definitivo a la posible identificación de los clientes de la mayor red de dopaje desmantelada hasta la fecha, pero la catarata de recursos presentados por las acusaciones particulares tuvo su efecto tres años más tarde, cuando la Audiencia Provincial revirtió la sentencia de forma definitiva. Lo hizo ordenando la entrega de las bolsas que se habían mandado destruir, y absolviendo de los delitos contra la salud pública a Eufemiano Fuentes y su colaborador Ignacio Labarta. Ni se consideró que la sangre fuera un medicamento, ni se entendió contra el criterio de las acusaciones y los investigadores que las transfusiones se realizaran en circunstancias que pusieran en riesgo la salud de los deportistas.

La AMA sabe desde hace seis meses a quién pertenecen las bolsas de sangre de la Operación Puerto

La entrega de las bolsas fue en cualquier caso una noticia recibida con optimismo, aunque la euforia se ha rebajado durante los últimos doce meses en un proceso que ha supuesto un nuevo golpe para la lucha antidopaje y un respiro, cada vez más débil, para los tramposos. La Agencia Mundial Antidopaje sabe quiénes son, pero no se atreve a decirlo. Y culpa de ello a las autoridades españolas, a las que afea que la sentencia definitiva se publicase pocos días después de que se cumplieran diez años de los registros, quedando prescrita cualquier infracción e imposibilitando la aplicación de sanciones deportivas según el Código Mundial Antidopaje.

Esa circunstancia pone a la AMA, a la que el resto de implicados han confiado el rol predominante en el análisis de las bolsas, entre la espada y la pared. Conoce los nombres de los implicados desde hace por lo menos seis meses, tras identificarlos en el laboratorio de Lausana, pero teme las consecuencias que puede afrontar si los publica. Las circunstancias, de nuevo, protegen a los dopados, que podrían interponer una cascada de querellas contra la Agencia por intromisión en su honor e intimidad si hace públicos sus análisis sanguíneos, cuando la posible infracción administrativa ha prescrito y el delito, que ahora lo es, ni siquiera existía en España cuando se tomaron las muestras.

La prescripción de las infracciones expone a la AMA a una cascada de querellas si hace público el resultado de los análisis

"Esa resolución del juzgado, en mi jurisdicción, no se habría retrasado tantísimo. Alguien en España tendría que haberse encargado de que no ocurriera", protestó en febrero de este año el ex director de la AMA David Howman en una entrevista con el diario As. El hoy asesor del presidente del organismo arrojaba luz sobre la oscura situación actual de la Operación Puerto: "Lamentablemente, seguimos sin un desenlace esclarecedor sobre el 100% de su alcance, y también continuamos en un debate con los abogados por la lista de los involucrados".

A preguntas del periodista José Andrés Ezquerro, el dirigente reconocía que "existen unos problemas legales con los que lidiar" ya que "ahora es demasiado tarde, el delito ha prescrito, no hay posibilidad de castigo y se requiere estudio y cautela". Howman cerraba el capítulo sobre las bolsas con una respuesta lacónica cuando se le cuestionaba si alguna vez conoceremos los nombres de los implicados: "Veremos cómo se resuelve".

Punto muerto

Meses después, el asunto sigue estancado en el mismo punto. La AMA celebró los pasados días 17 y 18 de mayo su Comité Ejecutivo en Montreal y allí se volvió a abordar la Operación Puerto dentro del orden del día. El acta de la reunión despacha el tema en dos párrafos, bajo el epígrafe de "asuntos legales", en los que detalla que "se cuestionó al Comité Ejecutivo qué pasos debe dar la Agencia en relación con la Operación Puerto". La respuesta no aclara mucho más: "El Comité ha pedido a la Agencia que continúe explorando todas las opciones legales y de otro tipo con el objetivo de buscar justicia para los atletas limpios". Las próximas reuniones del Comité Ejecutivo se celebran el 24 de septiembre en París y el 15 de noviembre en Seúl. Hasta entonces, no cabe esperar novedades.

Contactada por este medio, la AMA se limita a señalar que lo relativo a la Operación Puerto sigue siendo "un caso abierto" y rechaza entrar en detalles. De hecho, controla férreamente que no haya fugas de información. La Real Federación Española de Ciclismo confirma que desde hace meses no saben "nada" sobre las bolsas y el Comité Olímpico Italiano pidió a la Agencia un permiso para discutir el tema que la AMA le negó. Guardó silencio por tanto. La UCI, por su parte, ni siquiera ha respondido a las reiteradas peticiones de información formuladas al respecto.

La Agencia Española de Protección de la Salud ha solicitado que la AMA le comunique la lista con los atletas identificados

Según ha podido saber El Independiente, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), que durante años custodió las bolsas en el laboratorio de Barcelona, ha solicitado formalmente que la AMA le comunique la lista con los atletas identificados en los cotejos de ADN. El organismo, que desde este año preside José Luis Terreros, ha realizado esta petición a través de la Comisión ad hoc creada en el Consejo de Europa para las relaciones con la Agencia. Según ha confirmado este medio en fuentes de la AEPSAD, a este reclamo se han unido también Holanda y Dinamarca.

"La AMA en su momento criticó a España por no ser clara, y parece que ahora ella después de un año sigue sin serlo", valora Enrique Gómez Bastida, el comandante de la Guardia Civil que instruyó de principio a fin la Operación Puerto, y al que el CSD premió luego con la dirección de la citada AEPSAD. "Entiendo que en los primeros meses no se dé información, pero en algún momento alguien tendrá que decir algo", abunda, aunque entiende las dudas de la agencia internacional.

"Si los hechos de 2006 están prescritos, que en principio lo están, no puede haber un expediente sancionador. La única alternativa sería la publicación para conocimiento general", confirma, aunque considera "lógicos" los "temores" de la AMA a que tras ese movimiento se produzcan una serie de reclamaciones judiciales. Por ello, asume que los nombres de los dueños de las bolsas no se van a conocer "a corto plazo" y descarta que, cuando se hagan públicos, la manera de darlos a conocer sea una simple lista.

Gómez-Bastida: 'Hay que ir un paso más allá de la identificación, conseguir un relato completo de la situación en 2006'

"Hay que identificarlos y, después del tiempo que ha pasado, hay que ir un paso más allá de la identificación. Hay que conseguir un relato completo de lo que era la situación en 2006 y lo que pudo ser el papel de determinados médicos en el dopaje deportivo", defiende, poniendo como ejemplo modelos anteriores. El caso Armstrong, por ejemplo, nació de infracciones prescritas pero engarzadas en una práctica continuada dentro del equipo US Postal que permitió elaborar los demoledores informes de la USADA, la agencia antidopaje estadounidense.

El ejemplo del Senado francés

En la misma línea, el Senado francés llevó a cabo en el verano de 2013 una comisión de investigación destinada a calibrar la efectividad de las medidas antidoping actuales. De paso, arrojó luz sobre los reanálisis de las muestras del Tour de Francia de 1998, cuando la EPO era todavía indetectable. En esa comisión, que también trataba asuntos prescritos, se hicieron públicos los positivos, 15 años tarde, de Laurent Jalabert, Abraham Olano, Manuel Beltrán, Marcos Serrano, Marco Pantani, Jan Üllrich, Mario Cipollini, Stuart O'Grady, Erik Zabel, Jacky Durand, Jeroen Blijlevens, Laurent Desbiens, Andrea Tafi, Fabio Sacchi, Bo Hamburger, Kevin Livingston, Jens Heppner y Nicola Minali, entre otros.

Ninguno de ellos interpuso demandas de ningún tipo, varios confesaron y la comisión sirvió a su propósito. El proceso, recuerda Gómez Bastida, "respetó todas las garantías legales", y podría ser una manera de que España tomase la iniciativa y liberase a la AMA de las posibles consecuencias judiciales de la publicación de las listas. Para ello, sin embargo, haría falta voluntad política y que España asumiese el problema como suyo, no como un fenómeno aislado entre médicos y un puñado de ciclistas, chivo expiatorio habitual.

"Francia es buen ejemplo porque tiene un sistema legal muy parecido al nuestro. La AMA incluso tendría mecanismos más flexibles", añade el comandante de la Guardia Civil, que fue destituido como director de la AEPSAD en marzo de este año tras la llegada al Consejo Superior de Deportes de José Ramón Lete, sustituto de Miguel Cardenal, quien puso a Bastida al frente de la Agencia en enero de 2014, poco después de la sentencia original de la jueza Santamaría que ordenaba la destrucción de las bolsas de la Operación Puerto.

El juez Serrano se negó a utilizar pruebas de todo tipo: documentación, ordenadores, agendas y rastreo de transferencias

Bastida ha reconocido en varias ocasiones que aquello fue un duro golpe a la credibilidad del deporte español, pero él mejor que nadie sabe que las bolsas son sólo la punta del iceberg de una investigación que en origen fue mucho más extensa. Tras la confesión ante la prensa del dopado arrepentido Jesús Manzano, en el año 2004, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo su mando, comenzó a trabajar en el control y vigilancia de los domicilios en los que después se incautarían las bolsas, y a alguno de los cuales el deportista ya había hecho mención.

Durante meses, los agentes del Instituto Armado documentaron numerosas entradas y salidas de deportistas profesionales en las clínicas en las que se llevaban a cabo los tratamientos. Se intervinieron conversaciones, documentación, agendas, teléfonos móviles e incluso dos ordenadores portátiles que los agentes, en un análisis preliminar, confirmaron que contenían ingente cantidad de información sobre la red de clientes de la trama. No sólo ciclistas.

Trabas judiciales

El juez Antonio Serrano no permitió utilizar parte de esas pruebas en el juicio, bajo el pretexto de que el único delito a investigar era el posible contra la salud pública, y a ese respecto nada aportaba la información sobre la identidad de los clientes. Dos veces archivó el caso, después de negarse también a rastrear los pagos en la cuenta que Eufemiano Fuentes ostentaba en el banco HSBC de Suiza. En el año 2016, a raíz de la investigación sobre los papeles de Panamá, se descubrió además que Eufemiano Fuentes tenía poderes durante la época previa a su detención sobre una sociedad off-shore en las Islas Vírgenes Británicas.

Nunca fue posible sancionar en España, donde el juez se negó reiteradamente a facilitar las bolsas tanto a la AMA como a la RFEC para cotejarlas con las identidades de los deportistas sospechosos aportadas por la Guardia Civil. Los únicos seis ciclistas que fueron castigados por la Operación Puerto llegaron a serlo por cauces variopintos.

El alemán Jörg Jacksche, corredor entre 2001 y 2003 del equipo ONCE dirigido por Manolo Sáiz, confesó su relación con Fuentes en el año 2007. Otro alemán, Jan Üllrich, fue sancionado después de que la fiscalía de Bonn iniciase una investigación propia contra el ciclista por estafa contra su equipo y perjuicios causados al patrocinador. Mientras estaba de viaje de luna de miel con su novia, la policía alemana entró en su domicilio para recopilar muestras de ADN, que luego cotejó con resultado positivo con nueve de las bolsas incautadas en los inmuebles de Eufemiano Fuentes, todas nombradas con los alias Jan, Yo e Hijo de Rudicio.

El CONI consiguió sancionar a Alejandro Valverde aprovechando las vacaciones de Serrano y la autorización de la juez suplente para entregar las bolsas

Algo similar sucedió con Alejandro Valverde, hoy ciclista del Movistar, al que el Comité Olímpico Italiano abrió una investigación unilateral tomando muestras de su sangre en una etapa del Tour de Francia 2008 con final en Italia. Pese a las negativas del juez Serrano a facilitar las bolsas de sangre para su cotejo, finalmente el CONI consiguió que, durante el verano de 2009, la jueza suplente sí accediera a facilitar esas pruebas.

Tras su análisis, se comprobó que la sangre del ciclista murciano correspondía con la de la bolsa 18- Valv.Piti (por el nombre de su perro) y le impuso una sanción de dos años en territorio italiano, después internacionalizada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El CONI también fue el responsable de las sanciones recibidas por el ex campeón Ivan Basso (Birillo), Giampaolo Caruso, después absuelto, y el recientemente fallecido Michele Scarponi (Zapatero y Presidente).

Las incógnitas

Y ya está. Once años más tarde aún quedan multitud de alias a los que poner nombre y apellidos, aunque algunos de los clientes no llegarán a confirmarse nunca. Las bolsas, pese a ser más de 200, sólo arrojarán las identidades de máximo 35 deportistas, en su mayoría ciclistas y atletas, aunque Bastida advierte de que algunas muestras "no tienen un candidato claro" y recomienda no dar nada por supuesto.

El desequilibrio entre el número de bolsas y la cantidad de identificaciones radica en que el mismo deportista podía ser el dueño de numerosas bolsas. Además, las únicas en las que con seguridad se encontrarán restos analizables de ADN son las de sangre entera, y no son mayoría entre las 211. "En las de plasma y en las de concentrado de hematíes, o no hay o sería muy difícil extraerlo", explica el ex director de la AEPSAD.

Los mayores enigmas de la Operación Puerto, sin embargo, siempre han estado fuera de las bolsas. En las anotaciones RSOC y MILAN, por ejemplo, para las que se preveían compras de medicamentos en cantidad similar, y coincidentes en fecha con las temporadas en las que los médicos cercanos a Eufemiano Fuentes trabajaron con la Real Sociedad subcampeona de Liga. El fútbol siempre ha sido un sospechoso difuminado en la nebulosa, y ahí quedará, porque las bolsas no aportarán nada nuevo al respecto.

También respirarán tranquilos quienes no encuentren su nombre entre las listas del cotejo de ADN, aunque en la documentación del caso sí figuren entre quienes visitaban asiduamente a Fuentes y el hematólogo Merino Batres. Podría ser el caso de la totalidad de los equipos Comunidad Valenciana, de los expedientados Vicente Belda e Ignacio Labarta, o del Liberty Seguros, del también expedientado Manolo Sáiz y el entonces sub-23 Alberto Contador. Pero aunque la resolución definitiva no la extienda, lo cierto es que la mancha ya existe. "Los hechos probados son los que son. Habría que ver si se puede utilizar el contenido de la sentencia para expedientes sancionadores, pero para identificar el contenido de las bolsas seguro. Y para construir ese relato que decía antes, también", sentencia Gómez Bastida.