La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que confirme íntegramente la sentencia del caso de los ERE de Andalucía por la que se condenó a diecinueve exaltos cargos de la Junta, entre ellos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.

Según ha adelantado El Español y han confirmado a Efe fuentes de la Fiscalía, el Ministerio Público respalda sin fisuras la posición de la Fiscalía Provincial de Sevilla en un informe remitido al Supremo, que deberá resolver los recursos de casación de los condenados contra la resolución de la Audiencia de Sevilla.

La Fiscalía pide confirmar la condena de seis años de prisión para Griñán, que se sitúa así a un paso de la cárcel, y de nueve de inhabilitación especial para Chaves por delitos de malversación y prevaricación en el primer caso y por prevaricación en el segundo.

También solicita que se ratifiquen las condenas de prisión para los nueve exaltos cargos: los exconsejeros Antonio Fernández (siete años), José Antonio Viera (siete años), Francisco Vallejo (siete años), Carmen Martínez Aguayo (seis años).

Y los exviceconsejeros Agustín Barberá (siete años), Jesús María Rodríguez (seis años), el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (siete años), el ex director general de Trabajo Juan Márquez (siete años), y el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano (seis años).

El resto de las condenas son por inhabilitación, entre ellas la de la exconsejera Magdalena Álvarez, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex secretario general de Empleo Javier Aguado. Todos ellos a nueve años.

A estos se unen la ex secretaria general de Empleo Lourdes Medina (ocho años y seis meses de inhabilitación), el ex secretario general de Empleo Juan Francisco Sánchez (nueve años) y el ex director de IDEA Jacinto Cañete (ocho años y seis meses).

La sentencia reprocha que el Gobierno socialista andaluz conocía la "patente" y "palmaria ilegalidad" de las ayudas sociolaborales -unos 680 millones de euros- que concedió con "absoluta falta de control" entre los años 2000 y 2009.

Y subraya que los ex altos cargos, entre ellos los expresidentes regionales, fueron "plenamente conscientes de la patente ilegalidad" de la forma de conceder las ayudas, que beneficiaban a las empresas y no a los trabajadores.