La mayoría de grupos parlamentarios del Congreso, incluido el PSOE, ha apoyado este martes una reforma de la ley orgánica del Tribuna Constitucional para que este órgano no pueda suspender o sancionar a cargos públicos que desobedezca sus resoluciones, potestad que le atribuyó el gobierno del Partido Popular en 2015.

Como hizo ya en 2016, el PNV ha defendido en el pleno del Congreso una proposición de ley para derogar ese punto y la posibilidad de presentar recursos previos de inconstitucionalidad ante las reformas de los estatutos de autonomía, otra medida resucitada también en 2015.

El PSOE se ha abierto a tramitar la propuesta de los nacionalistas vascos, aunque su portavoz, Odón Elorza, ha dejado claro que solo comparte el primer punto.

En 2015 apoyó el recurso previo de inconstitucionalidad y sigue pensando que es necesario para que no se repita el "conflicto de legitimidades" que se abrió en Cataluña cuando el Constitucional echó abajo catorce artículos del Estatut cuatro años después de que hubiera sido aprobado por el Parlament y por los ciudadanos catalanes en referéndum.

Elorza ha rechazado que el PSOE juegue "en la misma liga que el PP y Vox" y ha instado al PNV a no jugar "en la misma liga que Bildu o ERC", garantizando que los socialistas, aunque apoyen el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos, no van a dejar de negociar avances del autogobierno dentro de los límites de la Constitución.

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha considerado no obstante que esa posibilidad de recurrir al Constitucional antes de que entre en vigor un estatuto convierte a ese tribunal en una tercera cámara parlamentaria y cercena el diálogo político.

A su juicio, aquella reforma y la posibilidad de que el tribunal de garantías sancione y suspenda a los cargos públicos o funcionarios que no cumplan sus resoluciones, sin acudir a la justicia ordinaria, "fueron un paso más en el proceso de judicializar procesos políticos".

Su propuesta ha recibido el apoyo de Unidas Podemos, cuya portavoz, Martina Velarde, ha acusado al PP de convertir al Constitucional en 2015 en "un órgano de partido para judicializar el conflicto catalán", y de los grupos nacionalistas e independentistas.

Aunque la portavoz de EH-Bildu ,Mertxe Aizpurua, ha emplazado al PNV a dar un paso más y luchar por "superar a un tribunal político" que "impone" a Euskadi los instrumentos de autogobierno. "La sociedad vasca no necesita tutelas de tribunales ajenos", ha recalcado.

En contra de la proposición de ley del PNV se han situado el PP, Vox, Ciudadanos y UPN, que han defendido la necesidad de que el Tribunal Constitucional siga siendo un "dique" que proteja al Estado de ataques independentistas.

"El PSOE no puede decir a los independentistas que no generen expectativas imposibles y a los diez minutos desproteger al Estado de derecho frente a esas amenazas", ha advertido a los socialistas el portavoz popular, Jaime de Olano.

A su juicio, que el Constitucional pueda suspender o sancionar a cargos públicos es garantía de que sus sentencias se cumplirán: "Solo deben sentirse amenazados aquellos que pretenden vulnerar los derechos constitucionales de los españoles", ha afirmado.

Con esa potestad, ha coincidido Edmundo Bal, de Ciudadanos, se garantiza que "no se falte al respeto al Estado de derecho y al principio de legalidad".

Desde Vox, José María Sánchez García ha ido más allá y ha propuesto extender el recurso previo de inconstitucionalidad a todas las leyes orgánicas.