La primera vez que las aguas del trasvase del Tajo dieron de beber a las huertas del Levante fue en 1979. Desde entonces son una pieza clave para las economías de Murcia, Alicante y Almería. Ahora, los cambios en las normas de explotación propuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica han reabierto el conflicto entre Castilla-La Mancha y los regantes del Levante. Una nueva batalla por el agua que podría terminar en los tribunales.

El trasvase se planteó por primera vez durante la Segunda República. Las obras, sin embargo, no se iniciaron hasta los años 70. El acueducto, a cielo abierto, comunica la cuenca del Tajo con la del Segura. El agua parte de los embalses de Entrepeñas y Buendía, situados al noreste de Castilla-La Mancha, y atraviesa Cuenca y Albacete hasta llegar a Murcia.

El agua del Tajo es crucial para la supervivencia de los cultivos de la conocida como la 'huerta de España'. Un informe de PwC elaborado en 2020 para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) estima que el trasvase genera un impacto total de 3.031 millones de euros y más de 106.500 empleos. La consultora calcula que las tres provincias realizan el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de las de frutas.

El Ministerio quiere reducir los hectómetros cúbicos trasvasados al mes a estas regiones y aumentar los caudales ecológicos de los embalses de la cabecera del Tajo

Sin embargo, el trasvase del Tajo lleva años siendo un nido de conflictos políticos y territoriales. Principalmente entre Castilla-La Mancha contra Murcia y los regantes del Levante. Los castellanomanchegos consideran que el trasvase es una catástrofe medioambiental para la cabecera del Tajo. Los regantes, por otro lado, necesitan el agua para sus huertas y se agarran a los números de sus cultivos. Aseguran que su cuenca es única en Europa por las horas de Sol. El conflicto crece sobre todo en tiempos de sequía, como ocurrió hace tres años.

Los planes del Ministerio para la Transición Ecológica preocupan en Murcia, Alicante y Almería. La ministra Teresa Ribera ultima dos cambios de las reglas del Trasvase. Primero se pretende cambiar las reglas de explotación del tramo 2 del trasvase. La idea es que los desembalses automáticos de 38 hectómetros por mes que se realizan cuando no hay una situación de sequía excepcional se reduzcan a 27. El plazo del Consejo Nacional del Agua para votar esta modificación termina el lunes. Según La Verdad, el Ejecutivo central tiene mayoría en este organismo.

Los regantes también temen que el borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, que saldrá a consulta pública en abril, aumente los caudales ecológicos en la cabecera. Las dos medidas han encendido los ánimos del Levante. El Sindicato no entiende por qué se quiere cambiar las reglas de explotación justo ahora, cuando las reservas de los embalses de cabecera están por encima del nivel de excepcionalidad. Y, sobre todo, sin conocerse aún los nuevos planes hidrológicos de la cuenca. "Revisaremos todo con lupa. El daño puede ser mucho. Acabaremos en los tribunales casi con toda seguridad", anticipa Lucas Jiménez, presidente de SCRATS.

"Gracias a estas nuevas reglas, el sistema de cabecera del Tajo evitará encontrarse tan a menudo en una situación hidrológica excepcional", defiende la ministra Ribera en una tribuna publicada en varios medios manchegos.

Según el sindicato, los cambios en los caudales ecológicos harían perder a la cuenca del Segura unos 78 hectómetros cúbicos. O lo que es lo mismo, un 21% menos de agua para el riego y un 18% menos para el consumo urbano. Y no les convence las alternativas que propone el Ministerio para paliar las consecuencias: aumentar la capacidad de las plantas desaladoras y de reutilización y abaratar costes gracias a energías renovables.

Los tiempos se nos echan encima, el Gobierno no ve viabilidad al Trasvase y no ofrece soluciones para nuestra agricultura"

lucas jiménez, presidente de scrats

"De aquí hasta atrás se ha pecado de no hacer nada: no se ha activado una serie de medidas y no se ha promovido la llegada de aguas por otras cuencas. El tema es que los tiempos se nos echan encima y el Gobierno no ve una futura viabilidad del trasvase y no ofrece soluciones de transición para la agricultura que hay aquí", lamenta Jiménez. El presidente del sindicato insiste en que los regantes deberán seguir pagando el mismo peaje por el uso del trasvase aunque llegue menos agua, además de compensar la caída de los caudales del Tajo con agua desalada, de peor calidad y más cara.

Los planes del Gobierno central han reabierto las brechas territoriales. Castilla-La Mancha aplaude las medidas. "Llevamos décadas exigiendo el fin del trasvase y los cauces de los ríos, pidiendo frenar este expolio y yo creo que, cada día, estamos más cerca de que esto tenga un final", dijo la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre. Una posición que comparten la veintena de pueblos ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que exigen que se aumenten los caudales mínimos no trasvasables.

Los ejecutivos autonómicos de Andalucía y Murcia rechazan de pleno la estrategia del Ministerio. "La postura de la ministra Ribera y de los alcaldes socialistas de Castilla-La Mancha ya no sorprende a nadie, ya que llevan dos años persiguiendo una hoja de ruta con el único objetivo de cerrar el trasvase", denuncia Antonio Luengo, consejero de Agua de la Región. Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana, el PP pide al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, que hable alto y claro y diga al Gobierno central "basta ya" a los "continuos ataques" al trasvase Tajo-Segura.