El Ministerio del Interior reconoce casi dos años después "deficiencias" en la prestación del servicio de obtención y difusión de los datos arrojados por las urnas en las últimas elecciones municipales y ha rescindido de forma anticipada el acuerdo marco que había firmado con la Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por la catalana Scytl Secure Electronic Voting SA, al apreciar no sólo defectos en el trabajo realizado sino también un "grave incumplimiento" en las condiciones económicas.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al departamento que dirige Grande-Marlaska a resolver el acuerdo marco firmado a finales de 2018 con esta UTE (participada también Vector Software Factory SL) para la difusión de la información provisional de los resultados de los procesos electorales que se celebrasen desde entonces -entre ellos los comicios locales del 26 de mayo de 2019- y durante los cuatro años posteriores. La otra empresa que resultó adjudicataria en este procedimiento fue Indra Soluciones Tecnológicas de la Información SLU.

En febrero de 21018, cuatro meses antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, la Dirección General de Política Interior -dependiente del Ministerio del Interior- inició un expediente de gasto para formalizar un acuerdo marco para poder llevar a cabo el escrutinio provisional de los resultados electorales y su difusión con motivo de la celebración de los comicios de ámbito nacional que se convocaran: elecciones al Parlamento Europeo, Locales y Autonómicas, al Congreso de los Diputados y al Senado o consultas populares que se celebraran en el plazo de cuatro años.

La UTE formada por Vector y Scytl presentó una de las dos ofertas que pujaron este procedimiento, siendo la otra la de Indra. Ambas ofertaron el mismo precio y resultaron adjudicatarias, al superar los "umbrales" exigidos en los pliegos de licitación: la auditoría del Centro Criptológico Nacional (CCN) y una puntuación técnica mínima. El acuerdo se formalizó el 27 de diciembre de 2018, ascendiendo el importe a 38,72 millones de euros (impuestos incluidos).

Un año y medio antes de que expirara su vigencia, Interior ha llevado al Consejo de Ministros la propuesta de resolución de dicho acuerdo al constatar deficiencias en la prestación del servicio y haber incumplido las condiciones económicas, con las que se buscaba precisamente reducir el gasto. La decisión está avalada por la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado.

Interior dice que Scytl ha incumplido las condiciones económicas y ha constatado "deficiencias" en la prestación del servicio

El pliego de condiciones estableció la obligación expresa de presentar oferta en cada convocatoria electoral que se anunciara durante la vigencia del acuerdo y que la misma se debía de ajustar a los precios ofertados (12,1 millones un solo proceso, 14,52 millones si concurrían dos y 16,94 millones si se celebraban tres o más a la vez). La propuesta que Vector-Scytl presentó con motivo de las elecciones a Cortes Generales celebradas el 28 de abril de 2019 "superó en dos millones de euros el importe máximo ofertado" en dicho acuerdo marco, lo que -a juicio de la Administración- supone un claro incumplimiento que justifica por sí la resolución del contrato.

El Ministerio del Interior considera que se trató "no solo de un grave incumplimiento del pliego de licitación", sino también de una "vulneración directa de la esencia del acuerdo marco, concebido como sistema de racionalización de la contratación pública".

Justificación para la resolución del acuerdo marco que Interior firmó con la UTE Vector-Scytl a finales de 2018.

No es el único reproche que esgrime el departamento que dirige Grande-Marlaska para prescindir de los servicios de estas empresa. Interior, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, la Secretaría de Estado de Comunicación, las Juntas Electorales y otros organismos detectaron "deficiencias en el trabajo realizado por Vector-Scytl", sin que alcanzara los "estándares" previstos en los pliegos del acuerdo marco.

Las incidencias en la transmisión de datos desde los colegios electorales y la no difusión en la web de los votos que no daban derecho a la obtención de concejales despertaron en mayo de 2019 las críticas por el servicio prestado por esta UTE, que por primera vez se encargaba de la captación y transmisión de los datos en unos comicios locales.

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Por primera vez desde 1979, una empresa distinta a Indra fue la encargada de ofrecer el servicio de obtención y difusión de los datos arrojados por las urnas en unas elecciones municipales. Scytl, conjuntamente con Vector Software Factory SL, se impuso a Indra tras presentar una oferta mucho más barata -más de dos millones de euros menos- pero peor puntuada desde el punto de vista técnico. El elevado peso que tenía el factor precio como criterio de selección fue determinante a la hora de inclinar la balanza y escoger al contratista.

El factor precio

El trabajo de esta compañía barcelonesa había levantado una polvareda de críticas mucho antes incluso de que abrieran los colegios electorales a primera hora del 26-M (2019) debido a los problemas que ya se registraron en los simulacros previos, lo que obligó a organizar ensayos no previstos inicialmente. A ello se sumó la deficiente formación ofrecida a los representantes de la Administración -los encargados de recabar y enviar los datos desde los centros de votación-, un proceso de transmisión más lento y farragoso y una presentación confusa de los resultados provisionales en la web oficial, al exhibir en un principio tan sólo los votos asociados a la obtención de concejales.

Frente a estas críticas, la compañía defendió su trabajo. "la empresa catalana defiende el trabajo realizado. "El aplicativo ha funcionado; se escrutan los datos de manera rápida y fiable, pero sí es verdad que la presentación de la información… Todos podemos aprender y tendríamos que haber sido un poco más didácticos y haber explicado claramente que unos eran los votos totales y otros los que asignan concejales", declaró a este diario Silvia Caparrós de Olmedo, la directora general de Scytl.