La Junta de Andalucía autorizó la prejubilación 'en diferido' de un sindicalista en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) financiado con cargo al fondo de reptiles porque en el momento de la extinción del contrato este trabajador tan sólo tenía 46 años. La Guardia Civil pide a la juez que instruye el caso ERE la imputación de seis personas, entre ellos dos ex altos cargos de la Administración autonómica -uno ya fallecido- y dos ex directivos de la empresa beneficiaria de la ayuda por malversación de caudales públicos.

En un atestado entregado al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla el pasado 20 de abril y notificado esta semana a las partes, al que ha tenido acceso El Independiente, el Equipo de Delincuencia Económica y Urbanística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga analiza las supuestas irregularidades cometidas en la concesión de una ayuda de 1.524.718,97 euros por parte de la Junta en el año 2002 para la prejubilación de 36 de los 84 trabajadores de la empresa Siemens Metering SA (hoy Landis and Gyr SAU). Ese desembolso suponía el 34,16% del coste de la póliza que se formalizó para asegurar las rentas a los empleados afectados por el ajuste hasta que alcanzaran la edad ordinaria de jubilación, corriendo la empresa con el 65,84% restante.

Los investigadores policiales llaman la atención sobre el hecho de que ocho de los 36 empleados incluidos en este ERE subvencionado por la Junta de Andalucía no habían cumplido entonces los 50 años. En concreto, estos beneficiarios tenían entre 49 y 46 años cuando se extinguieron los contratos, dos años más cuando accedieron a la póliza de prejubilaciones.

La Guardia Civil constata que ocho beneficiarios del ERE de Siemens Metering no habían cumplido aún los 50 años

La Guardia Civil destaca especialmente el caso de Manuel G.C., uno de los cinco sindicalistas que negociaron con la dirección de la empresa el ajuste de plantilla en la primavera de 2002 y que pusieron sus nombres en el acta de acuerdo. Este trabajador no figuraba inicialmente en el listado de 35 personas que serían prejubilados, pero días después el entonces director general de Siemens Metering solicitó a la Consejería de Empleo su inclusión bajo la modalidad "diferida" porque en ese momento contaba con 46 años.

A diferencia de otros ERE, en los que se establecía una edad superior a los 50 años para poder acogerse a ayudas sociolaborales, los agentes no han encontrado en el expediente ningún documento que fijase como requisito básico una edad mínima. "Es de deducir que en las diversas reuniones se estableció la edad de 50 años para acceder a la ayuda, puesto que de lo contrario no se pediría permiso para acceder a las mismas a trabajadores de menor edad", detalla el atestado.

Con todo, la Guardia Civil concluye que "es obvio" que la incorporación de estos ocho trabajadores "no se ajusta al criterio" de prejubilar a empleados mayores de 50 años, si bien sostiene que no puede determinar la responsabilidad de aquéllos al no recogerse en ningún documento la edad mínima que daba acceso a la ayuda.

Los investigadores concluyen que la Administración incurrió en un gasto "fraudulento e innecesario"

No obstante, los investigadores policiales entienden que se ha producido un "gasto fraudulento e innecesario para las arcas públicas", además de suponer un "agravio comparativo mediando o no engaño" respecto a otros trabajadores de la empresa que vieron extinguidos sus contratos y que tuvieron que optar entre la indemnización o la recolocación.

La Guardia Civil tampoco pasa por alto que la suscripción del seguro colectivo de rentas para los 36 trabajadores de Siemens Metering -operación formalizada con Vitalicio Seguros, hoy integrado en Generali- incluyó una sobrecomisión de 431.199,40 euros (9,70%), según el informe aportado a la causa por la Dirección General de Seguros. De esa cantidad, la Junta asumió 147.287,85 euros.

"Indicios suficientes"

Los agentes aprecian "indicios suficientes" para considerar responsables de estas presuntas irregularidades a seis personas, entre ellos el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y negociaciones prohibidas a los funcionarios. También señala a Francisco Mencía, ex director general del organismo de la Junta que actuaba como 'caja pagadora' de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo (IFA/IDEA) y fallecido el 31 de diciembre de 2015.

Los investigadores también señalan a Félix Rivas y Joaquín Justel, ex director general y ex director de finanzas de Siemens Metering, respectivamente; Manuel Macarro, ex presidente del comité de empresa, y Jesús Bordallo, ex delegado de la mediadora Vitalia en Andalucía.