Ada Colau deberá responder hoy a la petición de Barcelona pel Canvi (BpC) para que reclame las actas del Procicat en las que se han decidido las restricciones impuestas en Cataluña desde el pasado verano. Es decir, para conocer en qué se basan unas decisiones que han obligado a la restauración a limitar horarios y aforos desde el 15 de octubre de forma ininterrumpida, fijado el toque de queda a las 22.00 horas desde hace medio año o impuesto sucesivos cierres municipales, pese a las quejas en contra del propio consistorio.

De hecho, la regidora y diputada Eva Parera ya ha registrado en el Parlament tres peticiones de información al Govern para conocer las actas de las reuniones del Procicat -comité de crisis integrado por técnicos de los departamentos de Salud e Interior-. También los documentos de análisis en los que se basan las restricciones impuestas en Cataluña y las valoraciones posteriores sobre la efectividad de esas restricciones.

Sin información desde marzo

Ahora, Parera quiere que el Ayuntamiento se sume a esa petición, para presionar a que el Govern haga públicas en qué se basan las decisiones adoptadas para frenar la pandemia. "No podemos pedir actos de fe a la ciudadanía" argumenta Parera, que destaca los sacrificios de sectores como la restauración, los gimnasios o la cultura durante los últimos meses.

"El Procicat no gobierna, tienen que gobernar los consellers" añade la diputada adscrita al grupo del PP. "Y los ciudadanos tienen que poder exigir responsabilidades". La Generalitat no ha explicado quién integra el Procicat, ni ha hecho publicas las actas en las que se basan algunas de las restricciones más duras impuestas en España.

Mantener el toque de queda

Paralelamente, el Govern prepara un marco normativo que le permita mantener esas restricciones. Especialmente el toque de queda nocturno, que debería decaer el 9 de mayo, cuando presumiblemente se pondrá fin al estado de alarma en todo el país.

Lo avanzó el martes la portavoz del Govern, Meritxell Budó. "Estamos previendo cómo dotarnos del marco normativo necesario para poder hacer frente a la gestión de la pandemia sin el estado de alarma en vigor". La vía es reformular el Decreto Ley aprobado el pasado verano, en el que se amparó el confinamiento de Lleida ante el estallido de contagios que se produjo en la capital del Segre y sus coamrcas limítrofes.

Ese decreto no permitía, sin embargo, una medida como el toque de queda, al que la Generalitat no quiere renunciar. Lo ratificó este jueves Pere Aragonés en el Parlament. Eso sí, todas las decisiones adoptadas a partir del 8 de mayo estarán sujetas a la ratificación de la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña si son para toda la comunidad, las audiencias provinciales en caso de restricciones acotadas a determinadas comarcas.

Rechazo de la restauración

El Gremio de Restauración de Barcelona ha mostrado su rechazo a que la Generalitat mantenga el toque de queda más allá del 9 de mayo. En un comunicado este jueves, la entidad asegura que el toque de queda autonómico "es claramente inconstitucional" y ha anunciado que se pondrá en contacto con el Gobierno central y los grupos parlamentarios para estudiar formas de oposición a esta medida.

"Ni el Gobierno ni la oposición pueden permitir que se articule un mecanismo claramente inconstitucional para restringir los derechos y libertades del pueblo de Catalunya", ha asegurado.