La Dirección General de la Policía ha gastado en los últimos cinco años casi 136.000 euros en sufragar el traslado de muebles de sus agentes, mayoritariamente cuando éstos son destinados al extranjero como agregados de Interior en legaciones diplomáticas. El coste de las mudanzas en este periodo osciló entre los 14.914 y los 2.541 euros.
De acuerdo con la documentación remitida por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía a la comisión de investigación constituida en el Congreso para depurar responsabilidades políticas por la utilización partidista del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, a la que ha tenido acceso El Independiente, el presupuesto del cuerpo costeó 18 mudanzas de mobiliario de funcionarios policiales. Éstas se facturaron entre el 3 de octubre de 2012 y el 6 de febrero de 2017, ascendiendo el gasto total a 135.957,09 euros.
El real decreto sobre indemnizaciones por razón del servicio, en vigor desde el 1 de junio de 2002, establece en su artículo 24.1 que el personal que sea trasladado a algún puesto de la Administración española en el extranjero tendrá derecho al abono de los gastos de transporte de mobiliario y enseres si la duración del destino se prevé por un periodo superior a los 18 meses. No obstante, el subsecretario del departamento o la autoridad superior del organismo o entidad correspondiente tiene facultar para exceptuar esta exigencia si existen "causas excepcionales que así lo justifiquen", precisa la citada norma.
El erario asumió la mudanza de 14 policías, con costes que oscilaron entre los 14.914 y los 2.541 euros por servicio
En concreto, la Policía ha sufragado durante este periodo la mudanza de 14 funcionarios, de los que cuatro presentaron estos gastos tanto cuando fueron trasladados como cuando regresaron a España. Ello explica que, en total, se atendieran 18 facturas por traslado de muebles.
Entre los agentes que han reclamado el pago del traslado de sus enseres figura el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, al que la Comisión de Destinos en el Exterior -dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad- designó "por unanimidad" como agregado de Interior en los Países Bajos en la reunión celebrada el 15 de junio de 2015. Fuentes Gago, que había presidido años antes el Sindicato Profesional de Policía (SPP), ejercía hasta entonces como jefe de gabinete de Eugenio Pino en la etapa de éste como DAO y presentó una factura -fechada el 3 de noviembre de 2015- por importe de 9.253,15 euros.
Este inspector jefe fue el muñidor de las reuniones que mantuvo en octubre de 2014 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, difundidas en la recta final de la campaña de las elecciones generales del 26-J. Cuando compareció el pasado 5 de abril en la comisión de investigación del Congreso sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior la pasada legislatura, De Alfonso precisó que fue este funcionario policial quien propició el encuentro y quien le recogió en el Hotel Hesperia Madrid -en las inmediaciones de Interior- para acercarlo hasta la sede del Ministerio.
Fuentes Gago, ex jefe de gabinete de Eugenio Pino, entre los agentes a los que se le pagó el transporte de sus enseres
Fuentes Gago fue también la persona a la que se encargó que investigara la eventual incompatibilidad entre los negocios privados de José Manuel Villarejo y su labor policial, después de que El País revelara que el comisario -retirado desde el pasado mes de agosto- participaba en 12 empresas que sumaban un capital social de 16 millones de euros. El trabajo concluyó que no había irregularidades. Tanto el inspector jefe como Eugenio Pino están citados a comparecer el próximo 5 de julio ante la citada comisión de investigación.
También costeó la Policía el transporte de los muebles del inspector Francisco Javier Antúnez Romero cuando éste fue trasladado como agregado de Interior en la Embajada de España en Bolivia. La mudanza se hizo el 22 de julio de 2014 y tuvo un coste para el erario de 9.636 euros, a los que se sumaron otros 5.141,33 euros en concepto de 'gastos de instalaciones'.
El Español publicó el pasado 31 de marzo que Antúnez Romero fue uno de los dos funcionarios que se han identificado como autores del informe sobre el llamado caso Faisán elaborado por la Brigada de Revisión de Casos, ya desmantelada. El dosier fue hallado a principios del pasado mes de abril después de que el ministro Juan Ignacio Zoido ordenara su búsqueda e inmediatamente fue enviado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que lo había reclamado a raíz de que Pino reconociera su existencia en una entrevista concedida a El Mundo.
Jefe de gabinete de Cosidó
El jefe de gabinete de Ignacio Cosidó en su etapa de director de la Policía, Pedro Ramón Agudo, fue otro de los funcionarios que solicitaron la indemnización para mudanza cuando dejó esa responsabilidad meses antes de ser desginado para ocupar la agregaduría de Interior en la Embajada de España en Italia (Roma). La factura está fechada el 22 de noviembre de 2012 y su importe ascendió a 9.425,90 euros. Cinco días después presentó 'gastos por instalaciones' por 9.943,94 euros.
Agudo dimitió a principios de septiembre de 2012 como jefe de gabinete de Cosidó, tras ser acusado de dirigir -a través de su mujer- una academia de formación que examinaba y cobraba a opositores que aspiraban a obtener una plaza en el cuerpo. "La academia se fundó en 2008, yo no tenía nada que ver en ningún cargo político entonces ni de responsabilidad porque estaba en la División de Personal", alegó entonces Agudo, quien sí reconoció que había impartido clases en este centro.
El comisario principal Félix José Álvarez Saavedra, uno de los 36 mandos que aspiraron al cargo de DAO en el procedimiento impulsado por Zoido tras su llegada a Interior y que terminó con el nombramiento de Florentino Villabona, es de los cuatro funcionarios que en el periodo al que se circunscribe la documentación solicitada por el Congreso ha presentado doble factura: por el transporte cuando fue nombrado agregado en la Embajada en Londres (11.929,30 euros en octubre de 2012) y por el envío de sus enseres a Madrid cuando dejó la plaza (7.002,90 euros en febrero de 2017).
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