La apuesta parece casi personal. La ha liderado y defendido desde febrero de 2018. En su carrera por convencer en la necesidad de fijar un criterio justo de respuesta de acogida a la inmigración, el lehendakari Iñigo Urkullu ha tocado muchas puertas, desde el Vaticano hasta la Unión Europea. También la de La Moncloa. Esta semana ha recibido la cosecha a su siembra. La ‘Propuesta Share’ que desde hace tres años busca adeptos, ha encontrado en el Gobierno de Pedro Sánchez a su primer defensor. No en vano, el ministerio de Asuntos Sociales la ha aplicado para dar respuesta a la crisis humanitaria provocada en la frontera con Marruecos. La ‘Propuesta Share’ (compartir) ha sido el eje que ha guiado el reparto de los ratios de acogida de los cerca de 200 menores no acompañados que llegaron a nuestro país y que ahora pasarán a la tutela de las Comunidades Autónomas.
El modelo de Urkullu establece parámetros para distribuir la responsabilidad de la acogida de los inmigrantes que puedan llegar a un país o incluso al conjunto de la Unión Europea. El ‘modelo Share’ se basa en cálculos para fijar la responsabilidad de cada uno de acuerdo a la valoración fiscal –renta mínima, PIB, etc.-, al que se le concede un peso del 50%, la población de una región, país o comunidad autónoma, con un 30% de peso, y al índice de desempleo, con un 20%.
El Ministerio de Ione Belarra ha añadido en este caso un cuarto indicador para fijar los ratios, como es el peso que cada comunidad autónoma ya está soportando en la acogida de población inmigrante. “A ese indicador el Ejecutivo le ha concedido un peso del 50%, por eso se ha cargado más en esa acogida a comunidades que no tienen tantas personas acogidas. En nuestro caso, por eso sólo nos han asignado ocho niños para acoger”, señala Legarreta.
“El Gobierno ha tomado como base nuestra propuesta, es una buena noticia. Fue una sorpresa. Nosotros siempre hemos defendido que se deben plantear propuestas conjuntas y con corresponsabilidad compartida. Pusimos sobre la mesa la propuesta Share y es la que se ha tenido en cuenta, no hubo más propuestas”, asegura Xabier Legarreta, director de Migración y Asilo del Gobierno vasco.
La 'clave Konigstein'
Share está inspirada a su vez en la llamada ‘clave Königstein’ que empleó Alemania para distribuir personas que solicitaban asilo en los Lander. En ese modelo, los criterios empleados fueron los ingresos fiscales, con un peso de 66% y la población, con otro 33%. El modelo vasco propone que se equilibre el esfuerzo de asunción del impacto que puede tener el fenómeno migratorio en las sociedades occidentales. Lo hace teniendo en cuenta la situación y recursos de cada territorio, a la población para que el esfuerzo compartido sea proporcional y valorando el desempleo, al ser el trabajo un elemento clave en la integración de los migrantes.
El modelo liderado por Urkullu fue presentado en agosto de 2019 al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. En la cita, el Gobierno vasco destacó la buena acogida que la propuesta recibió por parte de la Santa Sede. Posteriormente, el lehendakari llegó incluso a mantener un breve encuentro con el Papa Francisco, al que llegó a regalar una insignia con el Árbol de Gernika. Ese mismo mes de agosto, el lehendakari envió un escrito al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, instándole a promover una “estrategia compartida en materia de inmigración en el conjunto de la UE” y presentándole el modelo 'Share'. Urkullu defiende que “quienes nos sintamos europeos” podamos dar una respuesta “al resto migratorio coordinada, ordenada y sostenible”.
En noviembre del año siguiente, la apuesta por un sistema de acogida pactado y consolidado se intentó reforzar en Euskadi con el conjunto de partidos políticos. Todas las formaciones a excepción del PP suscribieron un pacto global por la inmigración y en contra de la xenofobia y el racismo. Urkullu ha llegado a rebatir los temores a un posible incremento de la inmigración en la sociedad vasca señalando que no afectará “a la identidad vasca” y que se trata de una realidad “sana”. Se ha mostrado siempre favorable a la acogida y a la integración de ciudadanos procedentes de otros lugares en la cultura vasca, más aún en una sociedad en la que la baja demografía se ha convertido en un problema social y económico.
En este sentido, en el Ejecutivo vasco aseguran que es indispensable dejar de “improvisar” y de reaccionar sólo en situaciones críticas y comenzar a establecer políticas de migración acordadas y conjuntas: “Ante la improvisación, planificación. Las Comunidades Autónomas necesitamos espacios para compartir toda la información. Está muy bien dar respuestas urgentes pero es necesario diseñar políticas de migración y poder compartir herramientas y estrategias. El fenómeno migratorio es estructural y requiere respuestas estructurales”.
Planificar, no improvisar
Cada año cientos de miles de inmigrantes llegan a nuestro país. En situaciones críticas como las vividas esta semana en Ceuta el sistema de acogida se ha pactado de urgencia, al igual que en otras situaciones como la llegada de barcos a puertos españoles con inmigrantes. Legarreta recuerda que en casos como el vivido esta semana “seguimos poniendo un parche” y no soluciones a futuro: “Está muy bien que nos llamen para dar una respuesta humanitaria urgente pero creemos que es necesario que el ministro Escrivá, responsable de las políticas migratorias, nos siente a las Comunidades Autónomas en una mesa para abordar esas políticas. Desde 2018 no se ha sentado a las Comunidades Autónomas. En los últimos diez años sólo se nos ha convocado dos veces”.
En el caso de Euskadi, actualmente corresponde a las diputaciones forales asumir la tutela de los menores no acompañados que llegan al País Vasco. Las tres entidades forales tutelan alrededor de un millar de niños. Además, el Gobierno cuenta con varios centros dirigidos a personas vulnerables. La gestión corresponde a organizaciones como CEAR, la Cruz Roja o asociaciones dedicadas al ámbito migratorio. La primera acogida se presta mediante el programa ‘Harrera’. Además, cuenta con tres recursos, dos en Gipuzkoa y uno en Bizkaia, destinado a solicitantes de asilo en una situación de vulnerabilidad. Se trata de centros en los que se acoge a las personas con un periodo temporal que, según los casos, oscila entre dos a seis meses. El País Vasco lleva dos décadas trabajando el diseño de políticas y planes de migración, “hace mucho tiempo que apostamos por sistematizar y coordinar las acciones y procesos, nuestras respuestas a los retos migratorios. Nuestro último paso ha sido la creación de la dirección de migración y asilo que dirijo”.
La sociedad vasca demuestra altos índices de tolerancia hacia la inmigración. El último Observatorio vasco de la Inmigración lo situaba en 65 puntos en una escala de 0 a 100. Apenas un 10% de la población vasca ve en la llegada de inmigrantes “un problema” mientras que tres de cada cuatro considera que incluso deberían tener los mismos derechos que los ciudadanos locales.
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