La Guardia Civil está interrogando a funcionarios de la Generalitat por orden de la Fiscalía, en el marco de una investigación sobre los preparativos del referéndum independentista. En total, media docena de funcionarios de la Generalitat han prestado declaración en las dependencias de la Guardia Civil de la Travessera de Gràcia de Barcelona sobre la campaña institucional organizada por la consejería de Exteriores y Relaciones Institucionales en la que se incentiva el registro de los catalanes residentes en el exterior para crear un censo que sirva de base a su participación en el referéndum de independencia.

Los interrogados hasta ahora son funcionarios de los departamentos de Exteriores y Relaciones Institucionales y trabajadores de la agencia de publicidad a la que se encargó la campaña de promoción del registro de los catalanes en el exterior.

La Fiscalía citó a declarar a los funcionarios investigados hace dos semanas, según informa Catalunya Ràdio, aunque fuentes de la Guardia Civil en Cataluña se han limitado a señalar que este cuerpo trabaja en multitud de casos a las órdenes de jueces y fiscales. Se trata de la primera actuación directa de la Guardia Civil respecto a los preparativos del referéndum, enmarcada la investigación que instruye el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

La consejera Borràs: 'Situaciones de fascismo, de dictadura, de persecución'

La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha reconocido esta mañana no tener constancia de que se haya citado a declarar a funcionarios pero aún así ha denunciado lo que a su juicio representan "situaciones de fascismo, de dictadura, de persecución propia de dictadura" y ha defendido la corrección de las actuaciones de la Generalitat pese a que "el Gobierno quiere poner presión sobre los funcionarios".

Se da el caso de que la campaña investigada ahora ha provocado un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno de Carles Puigdemont y las entidades soberanistas, especialmente la ANC, que ha denunciado la escasa convicción con al que la conselleria de Exteriores que dirige Raül Romeva ha promocionado el censo de catalanes residentes en el exterior. La ANC denunció este fin de semana que sólo 5.000 de los 285.000 catalanes residentes en el extranjero se han registrado en el censo y acusó a Romeva de no haber garantizado la participación de esos residentes en el exterior en el referéndum.

Las empresas niegan presiones

Paralelamente, Andreu Marques, el máximo responsable de una de las empresas que optaron a la homologación de la Generalitat para suministrar las urnas del referéndum, Plastic Express, ha negado que su retirada del concurso se deba a presiones policiales y ha responsabilizado al Gobierno catalán por no haber suministrado toda la información necesaria sobre plazos y formas de pago. "No teníamos toda la información que necesitábamos, ni ha venido Guardia Civil ni los Mossos, ni la municipal", ha apuntado Marqués, quien ha asegurado, sin embargo, que si la Generalitat hiciera ahora el encargo directo del lote de urnas podrían entregarlas antes del 1 de octubre.

Carles Puigdemont, por contra, ha insistido en el Parlament que han sido las presiones policiales del Estado las que han provocado el fiasco del concurso de las urnas. "Mientras el Estado tiene gran interés en pedir explicaciones a empresas proveedoras, no tiene ningún interés en rescatar los 60.000 millones destinados a rescatar la banca" ha argumentado para responder a las quejas de la CUP. Los anticapitalistas han expresado su "máxima preocupación" ante las "debilidades, carencias y la falta de firmeza" del Govern en el proceso de organización del referéndum.