El Gobierno conoce desde hace meses que la nueva factura de la luz no le gusta a las empresas de energía. Fuentes del sector explican a este periódico que la tarificación que entra en junio conlleva “más confusión” a la que de por sí genera. 

De hecho, las mismas voces relatan que ni tan siquiera el propio Ejecutivo reconoce que vaya a mejorar el importe de las facturas finales. Recientemente fuentes del Ministerio de Transición Energética dijeron que lo único que se producirá será una “eficiencia en el consumo”, algo que sirve al sector de arma arrojadiza contra la nueva forma de tarificar.

“La nueva normativa busca fomentar un uso cada vez más eficiente de la energía trasladando, cuando sea posible, el consumo de energía a las horas con menos demanda, en la que la electricidad es también más barata y penalizando el consumo en horas punta. Se rebaja el coste de la parte fija de la factura, la potencia contratada, y se le da más peso a la parte variable, la energía consumida. El beneficio final para el consumidor dependerá de lo eficiente que sea en su consumo”, narran a El Independiente.

Por eso, las compañías del sector ven con buenos ojos la propuesta que llevó este martes el Partido Popular al Congreso, que de acuerdo a sus cálculos permitiría ahorrar hasta en 5.000 millones de euros al año los gravámenes a empresas y clientes.

Concretamente, el PP plantea que todo el pago de la deuda del sistema eléctrico, entre 2.500 y 2.600 millones de euros al año intereses incluidos, según sus cálculos, corra a cargo de Presupuestos durante tres años.

Para ello, el principal partido de la oposición asegura que, de traspasar los extracostes que tienen las facturas a través de los peajes de acceso, se podría aliviar en unos 800 millones de euros la presión sobre la factura eléctrica. 

Desde el sector eléctrico, se explica que la proposición pretende eliminar el impuesto del 7%, reduciendo el coste de la energía directamente para la industria (este impuesto no lo tiene ningún otro país de la EU) e incluso al 0%.

Ahorro en impuestos

Asimismo, la idea del Partido Popular incrementaría la aportación de ingresos del Estado por CO2 a la electricidad. Esta medida, además, reduciría el impacto del fondo a las renovables en los comercializadores de energía, por lo que son medidas complementarias a este fondo. España tiene actualmente la segunda/tercera carga fiscal de la UE para la electricidad, que es 8 veces mayor que la fiscalidad del gas.  Las mismas fuentes recalcan que dichas medidas son “necesarias para liberar al precio de la electricidad de cargas que no le corresponden”.

Durante la presentación de la propuesta del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Ejecutivo y oposición se recriminaron reproches por el actual modelo de facturación en las facturas eléctricas. 

Podemos, partido del Gobierno de coalición, aseguró que con la implementación del “Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico repercutirá positivamente para los consumidores, reduciendo en un 16% la factura de la luz. Se trata de que las corporaciones petroleras paguen parte de los costes  de la transición energética”.

Dicha hucha será la bala de plata para poder dibujar cierto abaratamiento de la factura de la luz, que durante lo que llevamos de año ha marcado cifras históricas. El Ejecutivo prevé ingresar 7.000 millones de euros a través del FNSSE, que será pagado por las empresas energéticas para reducir ese coste a los clientes.

La idea es que para llenar este fondo las empresas que más peso tengan en su facturación las energías más contaminantes sean las que más aporten. No obstante, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que el nuevo reparto tendrá un impacto en el precio final de los consumidores de energía n la medida en que las comercializadoras de gas, electricidad, operadores al por mayor y distribuidoras de GLP y productos petrolíferos, trasladen dicho coste o una parte del mismo al precio final que paga el consumidor, con un coste de 80 euros más a final de año.