El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, tendrá que buscar un nuevo abogado después de que el letrado que dirigía hasta ahora su defensa haya formalizado su renuncia ante la Audiencia Nacional a raíz de que su representado pidiera declarar ante el juez "sin su conocimiento ni aprobación". Pineda permanece en prisión preventiva desde mediados de abril de 2016 acusado de la comisión de delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.
En un escrito fechado este martes, al que ha tenido acceso El Independiente, el abogado Rafael Escamilla Tijero deja patente la "pérdida de confianza" con su cliente, lo que -a su juicio- hace "incompatible" que se pueda ejercer de forma adecuada el derecho de defensa y se aparta para que Luis Pineda pueda buscar otro letrado que actúe "con libertad de criterio y con independencia".
El último "desencuentro" y detonante de la ruptura ha sido la decisión del presidente de Ausbanc de solicitar al juez Santiago Pedraz que le vuelva a tomar declaración, a lo que el magistrado accedió el pasado 19 de junio. Pineda, que ha anticipado su intención de exhibir o entregar "hojas, papeles y documentos varios", declarará por videoconferencia desde la cárcel en la mañana del próximo 6 de julio.
"Esta renuncia fue comunicada hace dos semanas y personalmente al Sr. Pineda, en el centro penitenciario donde se encuentra privado de libertad, que la aceptó, solicitando un tiempo para encontrar otro letrado de su confianza, dirigiendo después al juzgado de manera directa y personal un escrito en el que solicita declarar, sin conocimiento y contra la opinión de esta defensa, lo que obliga a presentar la renuncia en este momento", razona Escamilla Tijero.
Luis Pineda declarará por videoconferencia desde la cárcel el 6 de julio
El letrado relata que Pineda -colegiado número 29.243 del Colegio de Abogados de Madrid- considera "útil" para su defensa una serie de actuaciones, como volver a prestar declaración ante el instructor después de que éste se haya negado a ponerlo en libertad al considerar que persiste el riesgo de fuga.
Escamilla invoca el artículo 13 del Código Deontológico de la Abogacía Española, que establece que "la relación del abogado con el cliente debe fundarse en la recíproca confianza" y que el letrado podrá "abstenerse o cesar en la intervención cuando surjan discrepancias con el cliente". También trae a colación la doctrina del Tribunal Supremo, que considera que debe "cesar" dicha relación cuando desaparece la confianza entre las dos partes.
El juez Pedraz acordó el 18 de abril de 2016, en el marco de la operación Nelson, prisión incondicional para el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, al apreciar riesgo de fuga. El instructor argumentó que la investigación había puesto de manifiesto que el máximo dirigente de la supuesta organización de consumidores y presunto líder de la trama "pudiera disponer de infraestructura empresarial y capital económico en el extranjero que le permitiría poder emprender su vida fuera de España".
Entramado de empresas
Sin actividad desde hace meses tras el golpe asestado por la Audiencia Nacional y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en abril de 2016, el Juzgado de lo Mercantil 7 de Madrid ha declarado la liquidación de seis empresas que conformaban el entramado de Ausbanc: la Asociación de Usuarios Bancarios Ausbanc España, la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros Ausbanc Empresas, la Asociación de Servicios Bancarios y Consumidores de Madrid Ausbanc Madrid, El Club de la Buena Vida SL, Producciones Zapallar SL y Estructuras y Servicios Inmobiliarios SL. Todas estaban controladas directa o indirectamente por Luis Pineda.
Los investigadores policiales tratan de determinar si el presidente de Ausbanc montó un entramado formado por una veintena de sociedades para canalizar el dinero presuntamente extorsionado a entidades bancarias. El montante se cifra indiciariamente en unos 39 millones de euros. La documentación incorporada a la causa detalla que "gran parte del sustento" de dichas sociedades procede de Ausbanc y, por tanto, "apenas tienen actividad comercial" fuera del círculo de la asociación.
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