El fin del estado de alarma en España levantó ampollas entre las comunidades autónomas por lo que para algunas regiones implicó una ausencia precipitada de herramientas jurídicas para seguir limitando la movilidad y, por tanto, la expansión del Covid. No obstante, el Gobierno decidió hacer caso omiso y abocó a las autonomías a desarrollar su propia estrategia para hacer frente a la desescalada, por lo que algunas de ellas decidieron pedir amparo a los tribunales autonómicos para mantener medidas como el toque de queda que, finalmente, ha sido tumbado por el Tribunal Supremo. Por eso ha enfadado y desconcertado a partes iguales el hecho de que el Gobierno haya decidido "de forma unilateral" aplicar una hoja de ruta común en la recta final de la pandemia, que implica incorporar importantes restricciones en determinadas actividades sociales con los mejores datos, tanto en incidencia como en hospitalizaciones, de los últimos meses.

El Consejo Interterritorial de Salud aprobó este miércoles una nueva declaración de actuaciones coordinadas entre territorios que en principio estará vigente hasta mediados del mes de agosto, cuando se prevé que se alcance la inmunidad de rebaño con el 70% de la población vacunada. Según la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, el nuevo documento implica una "actualización" del conocido como 'Semáforo Covid', que establece una serie de restricciones en función del nivel de alerta en que se encuentre cada comunidad autónoma. La polémica viene porque, hasta la fecha, esta hoja de ruta tenía un carácter propositivo, pero ahora su cumplimiento pasa a ser obligatorio para todos los territorios, incluidos aquellos que votaron en contra.

Las medidas más controvertidas son aquellas que afectan al ocio nocturno y a la restauración, ya que todas aquellas comunidades en riesgo alto o muy alto -por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes- se verán obligadas desde el momento en que el Ministerio de Sanidad publique la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a cerrar el interior de bares y restaurantes hasta que no consigan mejorar sus datos. Tampoco podrán rehabilitar el ocio nocturno. En esta situación estaría Andalucía, Madrid, Melilla, Navarra, País Vasco y La Rioja, aunque hay comunidades autónomas situadas en niveles inferiores de alerta que ya han tachado el documento tanto de "inoportuno" como de "oportunista" por parte del Gobierno, que ven la decisión como una "invasión de competencias brutal". Es el caso de Galicia, Andalucía o Murcia que, junto a Castilla y León, Madrid o País Vasco se han rebelado contra la "imposición" de Sanidad. Los servicios jurídicos de varias de estas comunidades, según trasladan fuentes autonómicas a El Independiente, trabajan ya en una ofensiva jurídica para tratar de frenar las intenciones del Gobierno que, en última instancia, puede implicar por ejemplo el cierre de negocios que no cuentan con terraza y que quedarían clausurados con la nueva normativa.

Varios de estos territorios justifican su recurso ante los tribunales al dudar de la "legalidad" de la medida, ya que "sin estado de alarma" el Ministerio de Sanidad no puede "pretender imponer una normativa" cuando "no la puede llevar a cabo". Alegan además que, al no haberse abordado la cuestión en una Conferencia Sectorial sino en una reunión de la Interterritorial, los acuerdos que no cuenten con el consenso de todas las regiones "no pueden ser vinculantes" porque su papel es el de mejorar la coordinación entre los distintos territorios. Pero, como explica el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Francisco Velasco, este planteamiento es erróneo. En virtud del artículo 65.2 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, los acuerdos que se tomen en el Consejo Interterritorial y que cuente con el voto positivo de la mayoría de comunidades, son de obligado cumplimiento para las partes. "En principio, no se pueden negar a aplicar la normativa", zanja el experto.

En caso de que las comunidades que ya han anunciado que no acatarán las restricciones, como son Madrid, País Vasco, Andalucía y Castilla y León, sigan adelante con su rebelión, el Gobierno puede presentar recurso ante los diferentes Tribunales Superiores de Justicia, aunque por el momento el departamento dirigido por Carolina Darias descarta "la judicialización" del asunto. Y, en el caso de que la normativa se oficialice, también cabe recurso por parte de las comunidades ante la Audiencia Nacional, aunque "tendrán que cumplir la normativa hasta que se produzca el fallo" y cerrar el interior de los bares, a no ser que la propia Audiencia imponga medidas cautelares, según comenta Velasco. El estallido de la nueva guerra jurídica entre administraciones puede producirse en cuestión de días, justo en el momento en que el Ministerio de Sanidad imponga la nueva normativa a través del BOE.

Velasco recuerda que este mismo debate existió cuando se obligó al cierre perimetral de todo el territorio nacional durante Semana Santa o el Puente de San José, cuando la decisión tampoco contó con el voto a favor de todas las autonomías, pero todas estuvieron obligadas a aplicar las restricciones aprobadas en la Interterritorial. En este caso, hasta ocho regiones se han opuesto al documento -seis en contra y dos abstenciones- y, en concreto, Madrid, País Vasco, Andalucía y Castilla y León ya han anunciado que no acatarán las medidas.

En la región presidida por Isabel Díaz Ayuso ya avanzan que recurrirán cuando se publique la normativa, aunque fuentes del ejecutivo trasladan que habrá que esperar a que se publique la orden definitiva para tomar una decisión al respecto. En esta misma tesis se sitúa Castilla y León, desde cuya autonomía trasladan que también se plantean acudir a los tribunales, al igual que el Gobierno vasco. Los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia, por su parte, estudian en estos momentos el carácter vinculante de la medida que, hasta ahora, "tenía un carácter de recomendación y se ha intentado convertir en una norma de obligado cumplimiento", aunque en su caso como en el de Murcia, aseguran que acatarán la orden a regañadientes si así queda establecido.

Ninguna se explica que, con los mejores parámetros de la pandemia desde el verano pasado y con el plan de vacunación a velocidad de crucero -más de 28 millones de dosis suministradas y casi 10 millones de inmunizados- se obligue a aplicar restricciones que, según lo establecido en el 'Semáforo Covid', implica el cierre de gimnasios, la suspensión de oposiciones e, incluso, la limitación de las reuniones en hasta un máximo de cuatro personas. En este caso, el Documento de Actuaciones Coordinadas sólo contempla limitaciones al ocio nocturno, la restauración y los eventos multitudinarios.

En pie de guerra

La primera comunidad en mostrar su rechazo al documento fue la Comunidad de Madrid, que denuncia que Sanidad envió la hoja de ruta a las autonomías "horas antes" de la reunión, sin oportunidad para estudiarlo, debatirlo ni "hacer aportaciones de ningún tipo". "Me opongo a las últimas medidas autoritarias y desproporcionadas que están intentando imponer desde el Gobierno. Nosotros vamos a seguir con nuestra estrategia , un modelo de éxito. Para llevar a la ruina a los hosteleros, que no cuenten conmigo", insistía ayer Isabel Díaz Ayuso, cuya región consolida su octava semana consecutiva de descensos en los contagios, mientras los hospitalizados como los fallecidos siguen cayendo en picado. "¿Cómo le explicas a los hosteleros que les vas a cerrar los bares cuando no hemos estado mejor desde agosto de 2020?", se preguntan en el ejecutivo madrileño.

El lehendakari, Íñigo Urkullu, también se mostró muy crítico con la "imposición" de Sanidad. "Nosotros tenemos nuestras propias competencias y nuestra propia hoja de ruta", aseveraba, al tiempo que pedía "orden y respeto" por las decisiones del ejecutivo vasco, cuya región se sitúa en los 197,12 casos de incidencia. El vicepresidente de Andalucía, Juan Marín, tachó la decisión de "invasión de competencias brutal". "El Gobierno puede pretender imponernos ahora que no estamos bajo el estado de alarma decisiones que no le corresponden", cuestionaba.

Y el líder de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, declaró no estar de acuerdo "ni con el fondo ni con las formas", aludiendo a que el Ministerio de Sanidad ni siquiera referenció en el orden del día de la Interterritorial que lo que se iba a votar en la sesión del miércoles tenía un carácter vinculante. "El Gobierno se ha desvinculado de la pandemia durante meses, ya ahora que parece que todo está terminando aparece como el gran salvador y el gran gestor", manifestaba, al tiempo que tachaba la "injerencia" gubernamental de "falta de respeto" a los profesionales regionales que, durante meses, han gestionado la pandemia y cuya estrategia ahora se echaría por tierra. "Las comunidades merecemos un respeto".

¿Qué dice exactamente el documento de Sanidad?

El acuerdo que se alcanzó el miércoles establece la apertura de los locales de ocio nocturno y discotecas sólo en aquellas comunidades autónomas que se encuentren fuera de los niveles de alerta -por debajo de 25 casos de incidencia- o en el nivel de alerta 1 y 2 -entre 25 y 150 casos-, "siempre y cuando los indicadores complementarios de alerta presenten una evolución favorable". En todo caso, no se podrá superar el 50% del aforo máximo del interior del local, y se podrá abrir los establecimientos hasta las 02.00h de la madrugada, ampliable a las 03:00h de la mañana. Las comunidades por encima de 150 casos de incidencia no podrán reabrir el ocio nocturno.

En el caso de la hostelería y la restauración, los territorios fuera de los niveles de riesgo podrán tener el 50% de aforo en interior -ampliable un 10% si se aplican medidas de control de riesgos, como garantizar un nivel alto de ventilación-, y se permitirá el consumo en barra. Las mesas tendrán un límite de seis personas en interior y de 10 en exterior. El horario de cierre de estos establecimientos se mantiene a las 01.00h, aunque se dejará de servir a las 24:00h. No obstante, en los niveles de alerta de 1 a 4, la guía en este caso será el 'Semáforo Covid', que establece que para los niveles 'alto' y 'muy alto' (por encima de 150 casos de incidencia), el interior de los bares debe cerrarse por completo.

El documento prohíbe también fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, dos metros, una limitación aplicable a cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, como pipas de agua o cachimbas.