El Consejo de Ministros podría aprobar el próximo martes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de alquiler de Cataluña. Una decisión que abrirá un nuevo frente tanto en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez como entre el ejecutivo y la Generalitat, en pleno proceso de deshielo de las relaciones auspiciado por los indultos. El texto ya ha sido recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional, pero el recurso del Gobierno supone la suspensión automática de la norma, vigente en Cataluña desde el pasado septiembre.

Mientras, la regulación de alquileres prometida por el Gobierno sigue bloqueada por las diferencias entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la morada Ione Belarra. Ábalos se opone, precisamente, a introducir limitaciones en el precio del alquiler como las que incorpora la ley catalana.

La pista la dio este miércoles el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, preguntado al respecto por Bildu.  “Si una ley autonómica vulnera el marco competencial, yo tengo políticamente, moralmente y legalmente la obligación de presentar ese recurso. No puedo mirar hacia otro lado”, señaló el catalán. El PSC ya se había opuesto a la aprobación de la ley en el Parlament con este argumento. El texto obtuvo el apoyo de JxCat, ERC, la CUP y Cat-Podemos.

Extender la limitación

"No tiene ningún sentido que justo ahora el Gobierno del Estado pretenda impugnar este avance", respondía este jueves el portavoz del Sindicato de Inquilinos catalán, Jaime Palomera, a las puertas del Congreso. Allí contaron con el apoyo de diputados de Podemos, JxCat, Compromís o Más País, que defienden la regulación.

Paralelamente, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, defendía en Barcelona la necesidad de acordar la ley de vivienda estatal. "Confío en que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo y que este acuerdo va a respetar lo que firmamos los dos socios en el comienzo de la legislatura en el acuerdo programático", afirmó junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Sofía Castañón, diputada de Unidas Podemos, sí se refirió al recurso del Gobierno para explicar que su grupo se opone a el y reclamar que se regule "cuanto antes" el precio del alquiler en el resto del país. Los promotores de la ley catalana defienden que la medida debe extenderse al resto de España porque, asegurado, está permitiendo reducir el precio sin disminuir la oferta.

Caída de la oferta

Sin embargo, un estudio hecho público por el portal El Idealista señala lo contrario: caída de la oferta sin que se hayan reducido los precios en los 60 municipios con precios de alquiler regulados en Cataluña. La oferta se ha reducido, mientras la presión de la demanda se ha incrementado, asegura este estudio.

En la comparativa entre Barcelona y Madrid, la capital catalana ha visto reducir la oferta de pisos en alquiler en un -10,2% desde septiembre, cuando entró en vigor la norma. En Madrid, por contra, el stock se ha incrementado en un 1,7%, según los datos de los anuncios publicados en el principal marketplace inmobiliario en España, Italia y Portugal.

La norma afecta a los municipios de más de 20.000 habitantes y fija que el precio del alquiler no puede aumentar respecto al contrato anterior. En el caso de viviendas con un precio por encima de la media de alquileres de la zona, debe rebajarse hasta situarse en el índice de precios de la Generalitat, que limita también los nuevos alquileres.  

Récord en desahucios y okupaciones

Cataluña es la comunidad con más okupaciones y la que ha batido récords de desahucios durante la pandemia. La vivienda es, objetivamente, uno de sus grandes problemas, especialmente en Barcelona y su área metropolitana.

Un problema al que Generalitat y Ayuntamiento han intentado poner solución por dos vías: activando políticas de amparo a las familias vulnerables que dificultan los desahucios, y con una regulación de alquileres que limita los precios de mercado y obliga a los grandes tenedores -diez viviendas- a ofrecer una residencia alternativa a los inquilinos vulnerables en proceso de desahucio.

Políticas que no han surtido efecto, a tenor de los datos de desahucios y okupaciones. Según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, hecho público por el Consejo General del Poder Judicial esta semana, Cataluña, con 2.437 (el 22,2 % del total nacional) fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos durante el primer trimestre de 2021. Un periodo en el que España volvió a máximos de 2017 en materia de ejecuciones hipotecarias.

Atendiendo únicamente a los derivados del impago del alquiler, Cataluña vuelve a aparecer en primer lugar, con 1.835 desahucios, lo que supone el 23,3% de toda España.

Paralelamente, en 2020 se denunciaron en España un total 14.675 okupaciones. Casi la mitad se produjeron en Cataluña, que ha mostrado la política más permisiva con esta delincuencia de impacto social. En concreto, 6.647, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad.