El Gobierno de Pedro Sánchez lleva dos semanas esforzándose en convencer a la opinión pública de que los indultos a los condenados por el 1-O servirán para "desjudicializar" la crisis catalana y tender puentes de nuevo entre los bloques enfrentados. Pero más allá de la sentencia del procés, cinco causas judiciales siguen amenazando el deshielo con los independentistas.

Se trata de tres causas abiertas contra dirigentes independentistas en otros tantos juzgados de Barcelona, una abierta contra dos policías nacionales por su actuación el 1-O y la investigación del Tribunal de Cuentas contra el Govern de Carles Puigdemont. Procesos en los que se sigue investigando la actuación del gobierno catalán durante los meses previos al referéndum ilegal y el dinero público desviado para promover la consulta, que afectan a buena parte del sottogoverno catalán en 2017.

El origen, Juzgado 13 de Barcelona

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona es el origen de las causas abiertas por el procés. El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer inició las pesquisas en 2016 tras trascender que el senador de ERC y juez Santiago Vidal, suspendido de la carrera judicial por redactar un borrador de constitución catalana, estaba recorriendo Cataluña explicando que el Govern tenía ya los datos censales de los ciudadanos.

La instrucción de Ramírez se convirtió en principal fuente de información del proceso seguido después por el Tribunal Supremo. A este magistrado responden los registros del 20 de septiembre y hallazgos como el de la moleskine de Josep Maria Jové. Tras su fallecimiento, la juez Alejandra Gil asumió la instrucción, que completó en 2019.

El juzgado ordenó el procesamiento de 28 ex cargos del Govern y empresarios, por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación. Los imputa por su papel en la organización y la logística del 1-O, desde la propaganda del referéndum al reclutamiento de los voluntarios y observadores internacionales o la impresión y reparto del material electoral. Entre ellos, los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, o el presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové.

Garriga y Jové, aforados

También la actual consejera de Cultura, Natalia Garriga, entonces secretaria general de Vicepresidencia y Economía. Jové y Garriga, ambos miembros del equipo de Junqueras, son ahora aforados, por lo que su causa va camino del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El 13 de Barcelona ha llamado a declarar esta semana a una decena de cargos y ex responsables de la Generalitat, que afrontarán en los próximos meses el juicio oral por su participación en el 1-O.

En el auto, la magistrada sostiene que "existió un plan común" y que cada uno de los procesados, dentro de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación, "contribuyó de manera decisiva en la consecución del fin conjunto ya dicho", la proclamación de la independencia. Apunta al "firme propósito de la Generalitat, exteriorizado con intensidad creciente desde 2012", en celebrar un referéndum, que "se ensayó en noviembre de 2014", para conseguir la constitución de un nuevo Estado.

Objetivo que "tuvo su plasmación en el referéndum del uno de octubre de 2017 y su corolario en la declaración de independencia realizada" por el president Puigdemont en el Parlament el 27 de octubre.

De la trama rusa a la hoja de ruta de Vendrell

El siguiente frente judicial del independentismo se dirime en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona. La causa se inicia por presunto caso de corrupción en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona, que bajo mando de CiU habrían subvencionado de forma irregular a dos destacados activistas de la independencia, Víctor Terradellas y Francesc de Dalmases.

De esa investigación parte la Operación Volhov, que el pasado octubre llevó a 31 entradas y registros practicadas por la Guardia Civil en oficinas y domicilios de, entre otros, David Madí y Xavier Vendrell, considerados dos de los cerebros en la sombra del 1-O y de Tsunami Democràtic. El auto del juez señalaba entonces la oferta de apoyo ruso explicitada por Terradellas a Carles Puigdemont, y descubierta gracias a las escuchas realizadas al ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergencia.

De esos registros deriva también la nueva "hoja de ruta" del independentismo, hallada en el registro a Vendrell. Un documento en que se explicitan los pasos del nuevo envite independentista, que pasaría por superar el 50% de los votos, abrir el diálogo con el Gobierno y, si allí no se consigue el referéndum pactado, buscar una nueva vía unilateral.

Más allá del hallazgo, el proceso del juez Joaquín Aguirre apunta a los principales responsables en la sombra del procès, Madí y Vendrell, con mucho peso todavía en JxCat y ERC. Su procesamiento puede ser más desestabilizador que el de un miembro del Govern.

El pelotazo de Villa Bugatti

De esta causa se deriva aún otra investigación que no está asociada al 1-O pero sí afecta a uno de los nuevos consejeros de Pere Aragonès, el titular de Educación, Josep González-Cambray. Detenido durante la Operación Volhov, está acusado de ayudar a Vendrell en un pelotazo urbanístico en su proyecto de aumentar la ratio de una escuela de educación especial de Sant Joan Despí, además de montar un centro concertado en la masía de Villa Bugatti.

La investigación en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona está todavía en fase de análisis de la documentación intervenida durante el año de pesquisas, por lo que podría ser que la parte del nuevo conseller acabase en el TSJC.

Nueva causa contra Exteriores

A estas causas se ha añadido recientemente la abierta por el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona contra los responsables de la estrategia internacional del independentismo. A raíz de una denuncia de la Fiscalía, basada en la causa abierta por el Tribunal de Cuentas, este juzgado está procesando a la cúpula de Exteriores de 2017 por malversación de fondos públicos en la internacionalización del procés.

La causa afecta al exconseller Raül Romeva, al exsecretario general del Diplocat Albert Royo y al ex secretario del Govern, Víctor Culell. Junto a ellos, los ex altos cargos Roger Albinyana, Teresa Prohías, Aleix Villatoro, Roser Clavell, Manuel José Vila, Gerard Martí Figueras y Antoni Reig. Algunos de ellos, como Figueras y Villatoro, vuelven a formar parte de la estructura del Govern de Pere Aragonès.

Deriva del informe del Tribunal de Cuentas que analizaba los gastos destinados a la acción exterior de los ejercicios 2011 al 2017. En él se apreciaba que algunos de ellos iban destinados a finalidades ajenas a la Generalitat como "dar a conocer, impulsar y obtener el respaldo internacional del procés".

Tribunal de Cuentas, ariete inesperado

El Tribunal de Cuentas se ha convertido, desde 2017, en un ariete inesperado contra los responsables del proceso independentista. Tras la condena a Artur Mas y los miembros de su ejecutivo por la celebración de la consulta del 9N de 2014, el Tribunal de Cuentas ha aplicado el mismo criterio a los responsables del referéndum del 1-O.

En su último informe, hecho público el pasado mayo, ha identificado un total de 45 viajes de los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, o de miembros de sus respectivos Gobiernos, a países extranjeros con objeto de promover el procés secesionista y la reivindicación de un referéndum que condujera a la independencia de Cataluña.

Así se hace constar en el informe de fiscalización elaborado para determinar la cuantía de los fondos supuestamente malversados en el exterior. A los 40 cargos públicos y funcionarios investigados en este expediente se les pide una fianza de 4,8 millones de euros.

Ni el indulto ni la condena previa del Tribunal Supremo salvará de este proceso a los miembros del Govern Puigdemont condenados por malversación. Se trata de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. El Supremo no concretó el total del dinero malversado ni obligó a los condenados a devolver el dinero como responsabilidad civil, sino que lo dejó todo en manos del Tribunal de Cuentas.

Los policías del colegio Pau Claris

En el extremo contrario se sitúa la causa sobre la actuación policial durante el referéndum del 1-O. La Audiencia de Barcelona ha ordenado citar como investigados a dos mandos intermedios de la Policía Nacional por las cargas en la escaleras de la escuela Pau Claris el 1-O porque, pese a su actitud pasiva, no puede descartarse que sean responsables de una actuación "en muchos casos desproporcionada".

En un auto, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona estima el recurso de apelación presentado por la entidad pro derechos humanos Iridia, en representación de cuatro denunciantes, y obliga al juez instructor a tomar declaración como imputados a los agentes Gamo 40 y Lobo 20, dos jefes de grupo que actuaron en el instituto Pau Claris de Barcelona.

Una causa que avala las denuncias de los líderes independentistas sobre el exceso de la actuación policial para evitar la celebración del referéndum.