Ligia Graciela Ceballos Franco es María Diana Ortiz Ramírez. O María Diana es Ligia Graciela. Esta mexicana, también española pero sin nacionalidad, nació en Madrid en 1968 y sus padres adoptivos le llevaron a México de recién nacida. No fue hasta muchos años después cuando Ligia, Lily, se enteró de que no era quien pensaba. Esta noticia le llegó, como muchas otras a lo largo de su vida, por una casualidad. "El que fuera mi esposo, que ya ha muerto, en un arranque de coraje me dijo que yo era adoptada. Fue un poco desagradable el momento en el que me lo dijo y cómo me lo dijo", asegura en una entrevista para El Independiente, pero esa discusión le sirvió para comenzar a "preguntar e investigar" con el objetivo de conocer sus orígenes.

De nuevo, "por una suerte del destino y por un error administrativo de quienes mandan las partidas de nacimiento", le llegó a Yucatán el acta de María Diana. "Con ese papel, ya fue para mí posible ir a España y solicitar en el Registro Civil el acta original". Ha viajado en varias ocasiones a nuestro país y aquí se manejaba "como si hubiese vivido en Madrid toda la vida". "Es algo extraño" lo que siente al aterrizar en Barajas y al moverse por las calles de la ciudad, reconoce. Señala además que siempre se sintió "un poco diferente al lugar en el que crecí, a pesar de ser una persona aceptada y socialmente relacionada".

"Todos los papeles que me dieron en el archivo regional acerca de la adopción los llevé al Registro Civil; me dieron la partida y me autorizaron a comenzar los trámites de regularización de mi nombre". Sin embargo, afirma que debido al hecho de que siempre se archivan este tipo de casos por el tiempo que ha transcurrido, "no pueden cotejar datos y todo está muy vago". La Fiscalía mexicana, que estaba investigando el caso de Ligia Ceballos y que, según traslada Amnistía Internacional, cosechó importantes avances para arrojar luz sobre su pasado, decidió no ejercer la acción penal al considerar que el fallecimiento de los presuntos perpetradores es uno de los argumentos para justificar el fin de la investigación penal.

El abogado de Amnistía Internacional España dedicado al caso de Lily Ceballos, Daniel Canales, explica para este periódico que se encuentran actualmente en el proceso de impugnación de la decisión adoptada por el Ministerio Fiscal mexicano de no ejercer la acción penal frente al juez de control de garantías. "Estamos a la espera de que nos comunique la fecha en que tendrá lugar la audiencia en la que se dirimirá" acerca de este recurso, dice.

El caso de Lily es el de tantos bebés robados durante el franquismo y hasta bien entrada la década de los 90, según sostiene Amnistía Internacional, que representa a Ligia Ceballos, en su informe Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de "bebés robados". Este tipo de desapariciones forzadas sólo pudieron llevarse a cabo con la intervención y colaboración mutua durante el siglo pasado de la Iglesia y el Gobierno. Pero hasta hoy, no han querido remendar los errores del pasado. "No creo que ni la Iglesia ni el Gobierno tengan ningún interés [en dar información e investigar los casos de bebés robados], porque sería admitir que se cometieron ilícitos", sostiene Ligia.

"Si la Iglesia quiere permanecer como Iglesia, necesita pedir perdón a todos los afectados por cosas que fueron hechas por los que actualmente no están, porque en algún momento, por ser omnipotentes en ese momento histórico, jugaron a ser dioses y a quitar hijos de aquí y ponerlos allí. Y lo mismo se aplica al Gobierno", entiende esta protagonista.

"Desde España no hicieron esfuerzos para encontrarme"

Los padres adoptivos de Ligia Ceballos tuvieron que acreditar ante el Arzobispado de Madrid su suficiencia bancaria y que eran católicos practicantes. "Estaban en un estrato alto de la sociedad, su estabilidad económica era irreprochable, igual que su situación moral", considera. Llegaron a España respaldados por el primer arzobispo de Madrid, Casimiro Morcillo, que tenía buena relación con su homólogo de Yucatán, Fernando Ruiz Solórzano. Además, el apellido de su madre, Franco, pudo abrirles puertas. "Creo que la gente poco preguntaba. Más bien dirían: 'Bueno, igual son parientes'" del Generalísimo. En el momento histórico que vivía nuestro país, "tenían todas las estrellitas que les podían poner para una adopción".

La Iglesia les pide a mis padres adoptivos que al llegar a México quemen toda la documentación que provenga de España"

"Ellos presentan estos papeles en el lugar en el que se encontraba el Arzobispado de Madrid. El secretario personal del arzobispo les recibe y les dice que no se preocupen, que ya tenían todos sus requerimientos, todo lo que mis padres necesitaban y que les iban a otorgar un bebé", relata Ligia. Al poco tiempo, contactan con ellos y "les dicen que ya tienen al bebé y que es una niña". "La Iglesia les pide que al llegar a México me inscriban en todos los papeles como nacida en México e hija biológica de ellos, y que quemen toda la documentación que provenga de España para no dejar ningún rastro", confiesa Ceballos.

Ligia no sabe si sus padres sospechaban que estaban participando en un asunto ilegal, ya que realizaron todos los trámites a través de la Iglesia "y siendo ellos católicos practicantes, lo último que hacían era sospechar de la Iglesia". "Ellos sentían, hasta donde yo entiendo, que hacían un favor al bebé y que le daban una mejor vida a alguien que estaba en una inclusa", indica. "En México lo han hecho como una chapuza y en España tampoco trataron de localizar a los [padres] mexicanos. Simplemente, se les perdió un niño que dieron en prohijamiento y ahí lo dejaron", dice, y se lamenta de que en España no hiciesen "ningún esfuerzo por encontrarme, puesto que yo viví hasta que tuve 22 años en la misma dirección que está en la Diputación Provincial de Madrid".

Sin nacionalidad española ni datos de sus padres

En la actualidad, lo único que sabe María Diana de sus padres biológicos es que se llaman Marta y Rafael. Es posible que no consiga recabar ningún dato más. Las instituciones no colaboran para que estos niños robados reconstruyan su identidad, porque "en España todo se archiva, se trata de ocultar y pasar página".

Eduardo Vela, fallecido en 2019, fue el único médico juzgado en España por el caso de bebés robados. La Audiencia Provincial de Madrid consideró en 2018 probado el hecho de que este doctor había cometido los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial, por los que la Fiscalía pedía 11 años de prisión para él. Sin embargo, este tribunal entendió que los hechos delictivos habían prescrito y resultó absuelto.

Otros casos han sido archivados por el fallecimiento de sus perpetradores, pero Ligia Ceballos exclama que "a quienes se nos ha hecho el daño, a todos esos chiquillos, seguimos vivos". Por ello, pide que se restituya su nacionalidad de origen y se repare su sufrimiento "a través de pruebas de ADN, de una búsqueda mucho más intensiva y de cotejar archivos de la Iglesia y del Gobierno" para "dar luz" a sus orígenes.