La investigación del caso Kitchen escala esta semana hasta la cúspide del Partido Popular durante la presidencia de Mariano Rajoy. María Dolores de Cospedal declara este martes como investigada en la Audiencia Nacional, donde el magistrado y los fiscales tratarán de que aclare si ella misma o el presidente de su partido encargaron a la cúpula policial entre 2013 y 2015 espiar y hacer seguimientos al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa para requisarles documentación y grabaciones que podían implicarles en la financiación irregular de la formación para evitar que llegaran al juzgado que comenzó a investigar el caso Gürtel.
Después de las declaraciones como investigados de todos los policías que participaron en el dispositivo costeado con fondos reservados del Estado; del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; del chófer de la familia Bárcenas (Sergio Ríos), al que se captó como confidente de la operación cobrando 2.000 euros al mes, así como del policía Andrés Gómez Gordo, ex asesor de la política cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha y quien se acercó al conductor por indicación del comisario José Manuel Villarejo, la investigación judicial llega al escalón más próximo a Rajoy.
Sólo la ex número dos del PP podría aclarar si, como considera la Fiscalía Anticorrupción, el ex presidente del Gobierno podía ser el más perjudicado por la información que Bárcenas tenía en su poder y el dispositivo se puso en marcha para salvarle. La declaración de María Dolores de Cospedal, que abandonó la política precisamente tras publicarse los audios de unas conversaciones entre ella y su marido con el comisario Villarejo, será clave para que el juez decida si Mariano Rajoy también debe comparecer en sede judicial por el despliegue de Kitchen.
La ex 'número dos' del PP declara este martes como imputada ante el juez que investiga el espionaje a Bárcenas
En el comunicado con el que anunció su renuncia al escaño el 7 de noviembre de 2018, la ex secretaria general no negó conocer a Villarejo. No sólo no lo hizo, sino que justificó haberse reunido "con el responsable de una empresa autorizada por el Ministerio del Interior" que había acudido a ella para ofrecerle "información que podía ser de interés capital para esclarecer comportamientos sospechosos que después la Justicia calificaría de delictivos". Según indicó, procuró "por todos los medios" a su alcance dentro de la legalidad "conocer la problemática" que afectaba a su partido.
Cuando De Cospedal difundió aquella carta hacía una semana que había trascendido el encuentro secreto que años antes había mantenido con José Manuel Villarejo -entonces en el servicio activo- en la sede nacional del PP. Aquella cita tuvo lugar en la tarde del 21 de julio de 2009, cinco meses después de que el juez Baltasar Garzón hubiera detenido a los cabecillas de la trama Gürtel y justo en la víspera de que Bárcenas -senador en aquellas fechas- compareciera en el Tribunal Supremo como "imputado provisional" tras conocerse que había multiplicado por cuatro su patrimonio en cinco años y no había declarado 1,3 millones de euros en ingresos entre 2002 y 2003.
La famosa grabación
Bárcenas, que está personado en esta pieza separada del caso Villarejo como perjudicado por el espionaje al que le sometió la cúpula policial del momento, sostiene que los agentes le requisaron dos grabaciones que él mismo recogió años atrás y que implican al ex presidente del Partido Popular Mariano Rajoy y al ex secretario general Javier Arenas en la financiación irregular del PP registrada en sus anotaciones, los denominados papeles de Bárcenas.
El ex tesorero del partido amenazó en febrero, antes del juicio de la reforma de la sede del PP, con hacer pública la grabación de una supuesta conversación en la que su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, describía cómo entregó sobresueldos con cargo a la contabilidad irregular de la formación a distintas personas, entre ellas Rajoy. En un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción, afirmó que esa grabación "está en poder de persona que oportunamente señalaré por razones de oportunidad procesal". A día de hoy, todavía no ha salido a la luz.
En las grabaciones requisadas al comisario Villarejo cuando fue detenido, al que se atribuye junto al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño ser los dos agentes más activos de la operación Kitchen, las alusiones a dicha grabación que implicaría al 'barbas' -como se referían a Rajoy- son repetidas. Villarejo animó en distintas ocasiones a García Castaño a que la utilizara como arma de chantaje para mantener su posición en la Policía, dando por hecho que estaba en sus manos.
Cuando compareció el pasado mes de abril ante la comisión de investigación constituida en el Congreso, el ex jefe de la UCAO -ya jubilado- desmintió que durante el operativo bajo sospecha se hubiera hecho con un lápiz de memoria con información comprometedora que custodiaba el ex tesorero del PP, como Villarejo parece creer en algunas de las conversaciones que constan en las actuaciones del caso. "Hay una leyenda urbana con los pendrive del señor Bárcenas que es falsa. Ni he visto un pendrive, ni he visto un papel, ni he visto nada del señor Bárcenas", declaró.
La conversación en la que se apoyó la Fiscalía
Villarejo habló con el chófer de Bárcenas sobre dicha grabación, que Ríos consideró que guardaba su jefe y no entregó a nadie, según las conversaciones registradas en el sumario de la causa. Precisamente la Fiscalía Anticorrupción se refirió a una de esas conversaciones en el escrito de septiembre de 2020 con el que pidió la imputación de De Cospedal; su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz al considerar que la ex secretaria general del PP estaba interesada directamente por los hallazgos del operativo "parapolicial".
"En dicha conversación, ambos hablan sobre la problemática del Partido Popular con Bárcenas y la posesión que éste tendría de material comprometedor para los altos dirigentes de dicho partido político Mariano Rajoy Brey, María Dolores de Cospedal García y Javier Arenas Bocanegra", describieron los fiscales en el escrito. Éstos incluyeron la transcripción de las palabras entre Villarejo y Ríos, que hablaron de una "conversación en el despacho del presidente y un papel de 'la Cospe'":
Pasaron nueve meses desde la petición de la imputación por parte de la Fiscalía hasta que el juez decidió citar como investigada a Cospedal, a su marido y al jefe de Gabinete de la primera durante su etapa al frente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Ortiz, por los presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en la pieza Kitchen.
La incautación a finales de año de 13 diarios personales del comisario Villarejo con anotaciones sobre Cospedal y López del Hierro llevaron al instructor a decidirse, que emitió el auto de imputación horas antes de que ambos comparecieran en la comisión de investigación Kitchen del Congreso de los Diputados en la que los grupos políticos, salvo el PP, tratan de aclarar la responsabilidad política por la utilización de medios y fondos del Estado para sufragar la operación bajo investigación todavía en la Audiencia Nacional.
Para el juez, las agendas de Villarejo permiten ubicar temporalmente el nacimiento de la operación, que se sitúa el 11 de julio de 2013 con una anotación junto a las siglas CHISCO (en referencia al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ya imputado en el caso): "Charla 45 minutos. Plan contra LB. Interv.Comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo". A partir de ese momento, para el magistrado "se detecta una cadena de anotaciones que permiten inferir la participación de la Sra. Cospedal y el sr. López Hierro en la captación de Sergio Ríos".
La "captación" del chófer
En la citada resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional exponía que "resultaría conveniente escuchar a María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro sobre su participación en la captación de Sergio Ríos Esgueva en la trama, pues su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo, al parecer pudo ser decisiva para que éste se decidiera a participar".
Este martes, si no se acoge a su derecho a no declarar, el juez Manuel García-Castellón podrá escuchar la versión de la ex secretaria general del PP, que irá acompañada del letrado Jesús Santos. Éste ya defendió al partido en el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas del que salió absuelto. El miércoles será el turno de su marido, Ignacio López del Hierro, y de su ex jefe de Gabinete José Luis Ortiz.
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