La Comisión de Energía, Industria y Agenda Digital del Congreso ha instado al Gobierno a paralizar cautelarmente el subproyecto de almacén de gas Marismas Occidental, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, con 20 votos a favor de Unidos Podemos, PSOE, Ciudadanos y ERC y con 16 abstenciones del PP y Foro Asturias. La Proposición No de Ley, defendida por la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Isabel Franco, pide al Gobierno que garantice la "máxima protección, preservación y conservación" del espacio natural de Doñana y su entorno y que establezca las vías "legales necesarias y posibles" para paralizar cautelarmente el subproyecto, al tiempo que reclama informes sísmicos e hidrogeológicos.
Además, reclama que el proyecto se evalúe de manera conjunta y global para poder conocer los efectos "sinérgicos y acumulativos" del proyecto ya que en la actualidad, las evaluaciones ambientales se han realizado de forma parcial, al subdividirse en cuatro el proyecto total. Del mismo modo, la diputada propone revisar el proceso para conceder las Declaraciones de Impacto Ambiental para evaluar de forma correcta y conjunta los proyectos que, si se consideran en su totalidad, pueden provocar afecciones significativas en un mismo espacio protegido.
Franco ha acusado al PSOE y al PP de estar durante varios años en "clara connivencia" para favorecer a una corporación multinacional como es Gas Natural "matando o intentando matar a esta joya natural". En concreto, ha culpado a los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy y al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñan de dar las distintas autorizaciones ambientales.
Papel de Felipe González
También se ha referido al expresidente Felipe González a quien culpa de convertir Doñana en "un espacio de la gran corporación" cuando era presidente del Consejo Permanente de Doñana en los tiempos en que fue miembro del Consejo de Administración de Gas Natural. "Esto solo se puede comprender si se ha gobernado para proteger los intereses de las grandes empresas dando la espalda a la ciudadanía, a la sociedad civil y a Doñana", ha concluido la diputada, que ha asegurado a Europa Press que su grupo parlamentario no va a parar hasta lograr la paralización del proyecto y que las máquinas salgan de Doñana.
Asimismo, en declaraciones a Europa Press ha celebrado que "ha imperado el sentido común" en los grupos parlamentarios ya que no se ha emitido ningún voto en contra de paralizar el proyecto, "ni siquiera el PP se ha podido oponer". "Esto es muy buena noticia para los ciudadanos", ha manifestado la diputada que está sorprendida por la postura del PP. Sin embargo, ha añadido que no confía mucho en el Gobierno porque "ha demostrado en muchas ocasiones que desoye lo que el parlamento le dice", aunque ha destacado que "por primera vez el PP, ha estado en contra del criterio mantenido hasta ahora".
Por su parte, la diputada socialista Josefa Inmaculada González ha defendido "de forma rotunda y clara" que la conservación del enclave para el PSOE "no tiene discusión ninguna ni es negociable" y ha pedido mantener la integridad del entorno y su buen estado. De este modo, considera que el proyecto gasístico se ha "desmembrado o desmenuzado" por el Gobierno de España. Si bien, ha apoyado la proposición no de ley porque estima necesario conocer los efectos acumulativos y sinérgicos del proyecto en su conjunto y no dividido en cuatro partes. "No podemos trocearlos y hay que ver la influencia de Doñana y todo el entorno, pero al Gobierno de España no le preocupa", ha lamentado.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha coincidido en la necesidad de evaluar de manera global el impacto del proyecto y ha sumado una enmienda transaccional in voce para evitar una "inseguridad jurídica de la iniciativa" que se ha incorporado al texto definitivo. Desde Esquerra Republicana, Francesc Xavier Eritja ha criticado que el Gobierno "sigue" dependiendo del petróleo y el gas, con buenas voluntades pero sin hechos.
Mientras, el diputado del PP Jesús Postigo ha explicado que las competencias de autorización son autonómicas y ha defendido que Doñana es mucho más que vida para todos los miembros de su partido y ha responsabilizado al PSOE del proyecto en su inicio, tramitación y aprobación y, en particular a la Junta de Andalucía de "trocear el proyecto".
En cuanto a la solicitud de la iniciativa de realizar informes geológicos e hidrogeológicos, Postigo ha asegurado que a lo largo de toda la tramitación se han emitido informes sobre riesgos geológicos y sísmicos por parte del IGME y del IGN sobre riesgos geológicos y sísmico.
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