Indultos y retirada de las ordenes de extradición para Puigdemont, Toni Comín, Marta Rovira y Anna Gabriel. Esta será la próxima batalla política con la que el independentismo presionará al Gobierno de Pedro Sánchez. El discurso oficial habla de amnistía para los "3.000 represaliados" que según Òmnium sufren persecución por su credo independentista. Pero la próxima victoria que acaricia el movimiento es el retorno de Carles Puigdemont a Cataluña, libre de la amenaza penal que ahora pesa sobre él.

Por eso, de forma paralela a la presión política por una amnistía que el Gobierno considera imposible se prepara una batalla jurídica, en la que Puigdemont tiene bastante más confianza. Se trata de una batalla con dos frentes. Por un lado, el de la inmunidad como eurodiputados de Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí. El segundo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a cuenta de los recursos presentados por los condenados por el Tribunal Supremo.

Indulto previo

En el ámbito político el independentismo, especialmente el entorno de JxCat, da la batalla ahora por el indulto a los fugados, de forma previa, sin pasar por el juicio. Se apoyan en el informe del Consejo de Europa y un resquicio en la Ley del indulto, que contempla esa posibilidad en los delitos políticos, como el de sedición.

"Hay una previsión en la propia ley que excepciona este supuesto pero el Gobierno no lo contempla bajo ningún concepto" advertía el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apenas dos días después de la aprobación de los indultos a los que sí habían respondido ante la justicia. La advertencia de Campo no ha conseguido desactivar, sin embargo, el debate, que siguen alimentando penalistas del entorno de Junts, como el abogado Pau Molins.

En contra de lo que esperaba el PSOE, el independentismo ha redoblado sus exigencias tras la aprobación de los indultos y esa exigencia es especialmente firme en el caso de JxCat. El partido de Puigdemont intenta contrarrestar así el primer éxito de ERC en su política de acercamiento al PSOE, al tiempo que evita que su líder quede eclipsado ahora por la salida de prisión de Junqueras.

Además, el independentismo está decidido a seguir poniendo el foco en los supuestos agravios del Estado, y el "exilio" es, en este contexto, una pieza clave. Aunque divida a los dos grandes partidos, como ha demostrado esta semana el hecho de que los indultados hayan acudido por separado a reunirse con Puigdemont en Waterloo, los de Junts, y Marta Rovira en Ginebra los de ERC.

Reforma de la sedición

Pero los indultos aprobados por el Gobierno a favor de los nueve condenados por el Supremo abren también la vía a un indulto exprés a Puigdemont si éste decidiera regresar a España y entregarse a la justicia, como hizo la ex consejera Meritxell Serret. Con la instrucción ya completada, el ex presidente catalán se enfrentaría a un proceso rápido.

Debería formalizar una primera declaración ante el instructor para ajustar su situación de rebeldía, para ser citado después a una declaración indagatoria y la vista de medidas cautelares, en la que podría ordenarse, o no, el ingreso en prisión preventiva. Pero el juicio oral no podría demorarse y entonces, el Gobierno tendría pocos argumentos para negar un indulto a Puigdemont tras habérselo concedido por los mismos hechos a sus ex consejeros.

Un proceso en el que tendría una incidencia directa la reforma del delito de sedición que el Gobierno asegura tener prácticamente preparada. La reforma del Código Penal busca, oficialmente, redefinir este delito para evitar la falta de encaje con los códigos penales de otros países europeos que ha impedido la extradición de Puigdemont. Pero también rebajar las penas asociadas a la sedición, una medida que solo beneficiaría a los fugados, una vez concedidos los indultos.

La vía judicial

Al margen de la vía política, Puigdemont centra sus esfuerzos en la vía judicial. Su abogado, Gonzalo Boye, asegura que "no contemplan" el retorno de los tres eurodiputados. Pero reconoce que la vía jurídica da alternativas, si el Tribunal General de la Unión Europea o el TEDH fallan a su favor, para impedir que la justicia española pueda actuar contra sus defendidos.

Considera la defensa de Puigdemont que, si el Tribunal General de la UE anula la retirada de la inmunidad que acordó el Parlamento Europeo, la justicia española estaría obligada a retirar las euro órdenes. De momento, el TGUE ha aceptado las cautelares solicitadas por los eurodiputados independentistas, que han obtenido una primera victoria judicial recuperando la inmunidad.

Si el Tribunal General ratificara esa decisión, la inmunidad europea impediría, además, que Puigdemont, Comín y Ponsatí pudieran ser juzgados en caso de regresar a España, defiende Boye. Expertos en derecho comunitario difieren, sin embargo, de esa opinión. Defienden que esa inmunidad no afecta a una causa penal abierta previamente en España, como es el caso.

Cuestión prejudicial

Mención aparte merece la cuestión prejudicial planteada por el instructor del caso del procés, el juez Pablo Llarena, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el mantenimiento de las órdenes de extradición para los tres eurodiputados. La defensa de Puigdemont tiene plazo hasta finales de julio para presentar sus alegaciones, de modo que el fallo debería conocerse a partir de agosto.

El instructor del procés acudió el pasado mes de marzo al TJUE, con el respaldo de la Fiscalía, para que determine las razones por las que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden de detención y entrega europea (OED), reaccionando así a la decisión del Tribunal de Apelaciones de Bruselas de no enviar a Puig a España.

En esa consulta debe dirimirse si el Tribunal Supremo puede mantener las euro órdenes y el alcance, por tanto, de la inmunidad de los tres eurodiputados.

Recursos en Estrasburgo

A medio plazo, la vía más esperanzadora para los fugados es la abierta ante el Tribunal de Estrasburgo con los recursos de los condenados por el Supremo. El TEDH debe revisar la condena impuesta por el TS en el juicio del procés, centrándose sólo en si ha habido un "juicio justo" o se ha producido una "vulneración de derechos".

En le primer caso, se trataría de una cuestión formal que podría llevar a la repetición del juicio -como sucedió con la condena a Arnaldo Otegi por el caso Bateraune-. Pero si el TEDH considera que ha habido una vulneración de derechos -como el derecho a la libertad de expresión o de reunión, como alegan algunas defensas-, entrando en una cuestión de fondo, esto condicionaría la situación de los no juzgados.

Así, para Boye, una sentencia del TEDH que avale el recurso de los condenados por el 1-O y anule las sentencias del Tribunal Supremo impediría que Carles Puigdemont fuera juzgado por los mismos hechos.