Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por un afiliado de Jupol en la que acusa al ya destituido secretario general, José María García, de haber utilizado dinero del sindicato para "fines personales". La acción penal se dirige también contra la organización, gestionada ahora por una comisión transitoria hasta que se celebren elecciones anticipadas para elegir al nuevo líder.

En un burofax fechado el pasado 30 de junio, el Juzgado de Instrucción 53 de Madrid -al que ha tocado en reparto la denuncia- da los primeros pasos al citar al denunciante para que se ratifique en su escrito. Se trata de un policía destinado en Móstoles -conocido en el Cuerpo Nacional como 'Jandro Lion'- y que desde hace cinco meses viene pidiendo información sobre las cuentas del sindicato.

El pasado 27 de mayo dio un paso más al presentar una denuncia en la que ponía en conocimiento de la justicia que el comité ejecutivo nacional de Jupol había revisado los pagos realizados por García y había descubierto "gastos no autorizados", según le había transmitido telefónicamente un responsable provincial de la organización. Como el resto de sindicatos con representación en el Consejo de Policía, una parte de la financiación de Jupol procede de las subvenciones públicas que recibe del Ministerio del Interior, ascendiendo el pasado año a 153.242,24 euros.

Según detallaba en la denuncia, el secretario general habría cargado al sindicato la compra de medicamentos (24 euros), consumiciones de bebidas alcohólicas "a altas horas de la noche por un valor de 24 euros cada copa", un par de zapatos (150 euros), la tasa de la ITV de una autocaravana, una impresora 3D pagada en Murcia "y que no se sabe dónde ha terminado", una comilona de diez personas (1.000 euros) y el alquiler de un vehículo "de alta gama" DS Crossback, con un coste mensual que "se aproxima a 930 euros).

"Se hace constar que en el año 2019 el sindicato no mostró las cuentas, sólo una serie de 'porcentajes' en una proyección sin detallar en una asamblea, haciendo saber que los gastos por desplazamiento de la ejecutiva fueron entonces de 195.000 euros. Nunca fueron detallados ni mostraros con transparencia", exponía en la denuncia.

El comité ejecutivo admite "gastos no justificados"

La comisión transitoria que gestiona el sindicato desde principios de mayo admitió en un comunicado enviado a los afiliados el pasado 12 de mayo que uno de los motivos que le había llevado a forzar la celebración de una asamblea extraordinaria para someter a votación de las bases si se destituía al líder y se convocaban elecciones anticipadas era el descubrimiento de "una serie de gastos no justificados" que -en su opinión- "no se corresponden con el espíritu de eficiencia, transparencia y responsabilidad que ha caracterizado al resto de los miembros de la junta directiva".

Frente a esta versión, José María García ha calificado de "burda justificación" la acusación de que imputó gastos indebidos al presupuesto de la organización con la intención de "levantar fácilmente suspicacias". "Ni lo han acreditado mínimamente, a pesar de haber sido requeridos ante el Comité de Garantías, ni podrán hacerlo porque no es cierto y así se acreditará", ha defendido.

Tres meses antes de que la junta directiva reconociera públicamente la existencia de gastos injustificados, varios afiliados de Jupol habían enviado un escrito por burofax al presidente de Jusapol -plataforma de la que salió este sindicato- y al comité ejecutivo nacional de Jupol en el que reclamaban la memoria de las acciones sindicales desarrolladas durante el pasado año, el plan de actuación para 2021, los extractos bancarios de las cuentas a las que están asociadas las tarjetas que utiliza José María García desde 2019, los contratos firmados por el secretario general en los dos últimos años, los acuerdos por los que se fijaron las dietas y su cuantificación, así como las transferencias realizadas a las secretarías provinciales.

Jupol reconoció que uno de los motivos por los que forzó la destitución de José María García fue por la existencia de "gastos no justificados"

"Es un hecho que la secretaría general de Jupol se comporta, ya sin esconderlo, como único referente en todas y cada una de las acciones del sindicato; que no existen iniciativas dialogadas; que sus acciones son propias del enfrentamiento y la búsqueda del desprestigio de grupos o instituciones; que todos los recursos con los que cuenta son ‘manejados’ por él y se destinan a su ‘loa’ personal: vídeos, reportajes, entrevistas…; que ha instaurado el temor a disentir en sus directos subordinados y el desafecto de los otros", señalaban.

Justo un mes después, el Comité de Garantías, Derechos y Finanzas de Jupol -presidido por Francisco Javier Martínez Castilla, muy próximo a José María García- dio respuesta a ese escrito en un documento de dos páginas en el que concluye que "no se ha observado ninguna incidencia" que justifique su actuación ante las supuestas irregularidades denunciadas, alegando que "no puede realizar ninguna valoración" al no aportarse ningún indicio que demuestre los hechos relatados. "Si de aquí en adelante obtiene algún medio de prueba que acredite tal hecho nos lo puede hacer llegar inmediatamente para que tomemos las decisiones oportunas", añadió.

Contratos firmados desde 2019

En abierto desacuerdo con la "larga cambiada" ofrecida por el Comité de Garantías, Derechos y Finanzas, estos afiliados anunciaron que interpondrían una demanda en los tribunales "en aras del derecho a la información". Ese paso lo dieron en abril y con él pretenden que un juez de la jurisdicción civil obligue a Jupol a detallar tanto los gastos imputados por el secretario general ya defenestrado a las tarjetas de crédito asociadas a cuentas bancarias de la organización como todos los contratos firmados por su máximo responsable desde 2019.

Ahora el Juzgado de Instrucción 53 de Madrid ha iniciado las pesquisas para aclarar si los hechos relatados en la denuncia presentada por 'Jandro Lion' el pasado 17 de mayo son constitutivas de delito. El procedimiento se instruye sin que García esté ya en la secretaría general, dado que la asamblea extraordinaria acordó su destitución y dio su respaldo a la gestora a principios de junio.

El secretario general defenestrado y el presidente del Comité de Garantías, Derechos y Finanzas interpusieron una demanda el pasado 20 de mayo por vulneración de derecho fundamental a la libertad sindical en la que pedían que se declaran nulos todos los acuerdos adoptados por la comisión transitoria y se condenara a los cinco integrantes del comité ejecutivo nacional a indemnizarles con 100.000 euros por todos los gastos que les ha ocasionado "la actuación ilegítima" de la junta directiva.

En una sentencia fechada el pasado 29 de junio, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado su falta de competencia para entrar en el fondo de los hechos relatados al corresponder el asunto a los Juzgados de lo Social de Madrid, al tiempo que ha proclamado la "falta de capacidad" del Comité de Garantías para interponer la demanda y la "falta de representación" de Jupol. El fallo es recurrible ante el Tribunal Supremo.