Repsol no tiene miedo a Villarejo ni al Ministerio de Interior. De hecho, amenaza con reclamar daños y perjuicios al juez Manuel García Castellón, instructor del caso Cenyt por los supuestos espionajes que realizó el comisario Villarejo en la trama a quienes, en dejación de sus funciones, de supervisión y vigilancia propiciaron o permitieron la actuación de Cenyt, así como a Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr por utilizar el procedimiento penal en la persecución de "su beneficio particular". Además, se muestra abierta a colaborar con el proceso judicial.

“En defensa de su reputación corporativa, del interés social entendido como el que afecta a la propia compañía, a sus accionistas, a sus empleados y colaboradores, clientes y proveedores”, explica la petrolera, Repsol adoptará cuantas actuaciones sean necesarias en el ámbito del procedimiento en el que se la investiga, colaborando sin restricción con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos.

En el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol se siente sorprendida porque el juez encargado ha decidido imputar a la empresa sin haber tomado declaración a los principales directivos de la compañía, a pesar “de las reiteradas peticiones” de la sociedad.

Repsol afirma que demostrará que ni hubo incumplimiento ni infracción de norma alguna, ni le era posible conocer que ninguna persona relacionada con Cenyt tuviese la condición de funcionario en activo, “puesto que se había permitido y ocultado ex profeso dicha condición por quienes tenían la capacidad para hacerlo”.

Por otra parte, la compañía asegura que ha intentado cumplir siempre con la normativa vigente y mantiene “en pleno funcionamiento” un órgano colegiado de prevención penal (la Comisión de Ética y Cumplimiento) e implantó y mantiene vigente un Modelo de Prevención y Vigilancia aplicable a 110 sociedades del grupo. 

Repsol recuerda, además, que diferentes consultoras y gabinetes como EY, KPMG, Corporate Defense y Sánchez-Junco Abogados, entre otros han elaborado informes positivos sobre el caso Villarejo y consideran que no se actuó fuera de la legalidad.