La petición que hizo la Fiscalía al titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid para que imputara al tesorero y la gerente del partido político Podemos, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, por pagar a una trabajadora de la formación para que ejerciera supuestamente como niñera de los hijos de la ministra de Igualdad Irene Montero y el exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha provocado la apertura de la última línea de investigación a miembros del segundo partido del Gobierno por supuestos delitos de administración desleal y delito electoral.

El juez ha accedido a la petición del Ministerio Fiscal y ha citado a declarar como investigados a los dos cargos el próximo 19 de julio. Cinco días antes, el 14 de julio, lo hará Teresa Arévalo, la trabajadora contratada como niñera - según denunció Mónica Carmona, exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos- que después pasó a ocupar un puesto como asesora en el Ministerio de Igualdad.

Esta línea de investigación se une a la de la presunta administración desleal y delito electoral también contra el partido morado por si hizo un pago de 30.000 euros a la asociación #404 Comunicación Popular con el fin de eludir las exigencias del Tribunal de Cuentas a los partidos políticos fingiendo donar el dinero para proyectos sociales.

La Fiscalía no se opuso en 2020 a que el juez del caso Neurona Juan José Escalonilla archivara esta línea de investigación sobre el destino de los fondos de la caja de solidaridad de Podemos -a la que los cargos electos de la formación destinaban una parte de sueldo- a distintos proyectos sociales. Pero, una vez reactivada la investigación por orden de la Audiencia Provincial, el Ministerio Público pidió la semana pasada una prórroga de seis meses para continuar investigando y que la asociación mencionada especifique a qué proyectos destinó el dinero. De hecho, solicitó la testifical de los trabajadores de #404 Comunicación Popular, una diligencia que el instructor tiene que resolver aún.

Esa misma diligencia también ha sido solicitada por la exsenadora del partido Celia Cánovas personada en la causa como perjudicada por la presunta administración desleal. Ésta pidió investigar si el dinero que donó a la caja de solidaridad de la formación entre 2016 y 2017 se destinó al proyecto social Impulsa. El juez accedió a ampliar la investigación a todas las donaciones de miembros de Podemos destinadas a ese proyecto viendo indicios de que el partido no destinó las aportaciones de la política al "fin altruista" que dijo.

Los pagos a Neurona

El pasado febrero, el Ministerio Público ya se opuso a la petición de Podemos de que el juez archivara la investigación contra el partido y algunos miembros de su cúpula por destinar 360.000 euros de fondos electorales a un contrato con la consultora mexicana Neurona.

Igual que el juez, la fiscal sospecha que los trabajos que dicha consultora dice que hizo para el partido no llegaron a realizarse, puesto que no se han podido acreditar, y que por lo tanto existen indicios de que se desvió dinero de la campaña electoral de abril de 2019 a otros fines.

De ahí que, en un escrito remitido al Juzgado hace cinco meses, el Ministerio fiscal insistiera en que "el hecho de que se hicieran pagos a una sociedad indiciariamente ficticia obliga a realizar una mínima investigación" y que "los hechos puestos de manifiesto en la denuncia en relación a Neurona así como en la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas no han sido desvirtuados a día de hoy y tras la práctica de diligencias". "Todo ello, casi siete meses después de iniciar las investigaciones sin que haya sido posible determinar qué trabajadores tuvo Neurona, cuánto tiempo trabajaron en España, si se desplazaron desde México y cuándo así como dónde se hospedaron", trasladó en un duro escrito en el que evidenció que Podemos no ha facilitado al juez información que es "de fácil acceso".