El Defensor del Pueblo cuestiona abiertamente el criterio de evaluación que sigue la Dirección General de la Policía al examinar de ortografía a sus opositores y alimenta las críticas expresadas por muchos de los aspirantes que se han presentado a los últimos procesos selectivos al entender que el contenido del cuestionario no permite realmente evaluar sus conocimientos ortográficos.

El Alto Comisionado de las Cortes Generales considera que obligar a un opositor a saber si una palabra está o no incluida en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) -integrado por unas 90.000 voces- para poder superar la prueba sirve para evaluar su riqueza léxica pero no para "medir el conocimiento de la lengua a través de sus reglas ortográficas y gramaticales". Y advierte: "[Ello] podría alterar la finalidad de la misma y generar inseguridad y poca fiabilidad en los participantes en el proceso selectivo".

Así lo razona el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en el escrito con el que da por terminadas las actuaciones que ha llevado a cabo en los últimos meses tras la queja formulada el pasado 10 de marzo por la Confederación Española de Policía (CEP). Este sindicato entendía que el tipo de examen planteado "en ningún caso puede configurarse como indicador fiable de sus conocimientos ortográficos" sino como una prueba para medir el "dominio de una mecánica memorística" sobre las palabras recogidas en el DRAE.

Fernández Marugán deja claro en su respuesta que no cuestiona que se incluya o no una prueba de ortografía en el proceso selectivo para ingresar en la escala básica de la Policía Nacional pero considera que este examen debe responder verdaderamente a la finalidad de "evaluar la capacidad ortográfica del opositor", como expresan las bases de la convocatoria. "Como, por ejemplo, el uso correcto del abecedario o de las reglas de acentuación", añade el Defensor del Pueblo.

Los aspirantes han de marcar en un plazo máximo de ocho minutos si los 100 vocablos están bien o mal escritos, restando un acierto por cada fallo. El cuestionario de la última convocatoria incluía numerosos términos -como outlet, desjudicializar, prepago, kinegrama, sindemia, quillo, resetear, de cúbito, superfino, endocraneal y desfibrilar- que no están incluidos en el Diccionario de la Lengua pero muchos de ellos son de uso habitual.

El Defensor del Pueblo cree que obligar a saber si las palabras figuran en el DRAE genera "inseguridad y poca fiabilidad" al opositor

Lejos de asumir ninguna crítica, el Ministerio del Interior ha venido defendiendo que la evaluación de la prueba ortográfica se basa "en métodos objetivos" y no existe un método "más fiable" que el DRAE. "El hecho de que un opositor sepa discriminar palabras mal escritas o discernir aquellas palabras que están, o no lo están, incluidas en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es una forma válida y objetiva de demostrar los conocimientos ortográficos de los candidatos y efectivamente útil para la tarea que deberán desarrollar en su futuro profesional, dada la alta carga de trabajo documental que deben tramitar los funcionarios de la Policía Nacional en sus labores diarias", ha justificado la Dirección General de la Policía en la información facilitada al Defensor del Pueblo. Es la misma contestación que el Gobierno ofreció el pasado mes de abril en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el PP.

El sindicato CEP lamenta que la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional haya mantenido en los últimos meses "una postura de defensa cerrada de su polémica prueba ortográfica" en lugar de mostrar "un resquicio para aceptar su redefinición a futuro o para demostrar el más mínimo sentido de autocrítica o de receptividad ante propuestas alternativas" a fin de que la prueba cumpla realmente la función que busca.

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Como informó este diario, tan sólo 3.956 de los 16.255 opositores que se presentaron a la prueba de ortografía en la última convocatoria lograron en el examen la nota mínima (el 25 %), pese a que el tribunal de calificación -haciendo uso de la facultad que se había reservado expresamente en las bases- rebajó de 5 a 3,5 la puntuación exigida. El año pasado, la nota de corte fue de 6,20.

Muchos de los aspirantes que no superaron el examen han interpuesto recurso de alzada ante la Dirección General de la Policía para solicitar la nulidad de la prueba por vulnerar supuestamente los principios de mérito y capacidad, paso previo a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. En su opinión, se genera "una clara indefensión" al opositor al obligarle a conocer las 90.000 palabras del Diccionario, abocándole "a una prueba memorística y no a una prueba de ortografía donde se tengan en cuenta sus conocimientos".

La Dirección General de la Policía ha convocado este año 2.366 plazas para ingresar en la Escuela de Ávila para iniciar el proceso de formación. Los integrantes de esta promoción, la XXXVII, se incorporarán a sus destinos dentro de dos años tras completar su preparación teórica y práctica.