El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha eludido evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de la Ley de transparencia por parte de la Administración General del Estado durante 2020, año en el que el Gobierno de Pedro Sánchez realizó a dedo compras millonarias de material de protección para luchar contra la covid-19 y mantuvo suspendido los plazos para la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública durante dos meses y medio.

Bajo la batuta de José Luis Rodríguez Álvarez, al frente desde el pasado 20 de octubre, el CTBG ha decidido aplicar un cambio metodológico que ha eximido al Ejecutivo de este 'examen'. La autoridad independiente ha suspendido durante un ejercicio la presentación de los datos de la evaluación para recortar el desfase temporal existente hasta ahora entre el proceso evaluatorio en sí y la difusión de sus resultados. La intención es que ese análisis se vaya realizando durante el año y los informes de resultados se vayan haciendo públicos en la web durante el mismo periodo, quedando igualmente recogidos en la memoria resumen que se entregará a las Cortes en el primer trimestre del ejercicio siguiente.

"De este modo, la Memoria 2020 no incorpora la información correspondiente a la evaluación de cumplimiento de dicho año, sino únicamente la correspondiente a las actividades realizadas a lo largo de éste por el CTBG en orden a introducir en el proceso el punto de inflexión necesario para que quede interrumpida la dinámica de presentación de datos y resultados establecida en la actualidad y se sustituya por otra, más adecuada, que garantice la mayor inmediatez posible entre los datos y su publicación", justifica.

De esta forma, la institución que vela por la transparencia en las administraciones públicas no se pronuncia sobre si los ministerios han cumplido las obligaciones que establece la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en un ejercicio especialmente relevante por el impacto del coronavirus y la gestión de la crisis sanitaria. Ello supone un incumplimiento del artículo 38.1.d), que encomienda al CTBG la función -entre otras- de evaluar el grado de aplicación de la norma.

"No veo razón ni justificación posible, puesto que se trata de un ejercicio especialmente importante por el azote de la pandemia y existía un enorme interés público por conocer cuál es la opinión del Consejo de Transparencia en esa evaluación. No es una cuestión graciable o voluntaria de esta autoridad, sino una obligación que le impone la ley y se ha vulnerado", declara a este diario Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y especialista en transparencia.

El cambio de criterio del CTBG impide conocer su opinión respecto a si el Gobierno cumplió sus obligaciones de transparencia con las compras de material anti-covid

La pandemia ha puesto a examen el compromiso por la transparencia del que alardea Pedro Sánchez desde su llegada a La Moncloa en junio de 2018. El Ejecutivo recibió duras críticas tanto por su decisión de suspender los plazos administrativos para la tramitación de las solicitudes de información pública como por el retraso en hacer públicas las compras de material sanitario, gestionadas por el procedimiento de emergencia -mucho más laxo- y de cuyos detalles sólo se tuvo conocimiento a posteriori.

El decreto con el que el Ejecutivo de coalición acordó el primer estado de alarma el 14 de marzo de 2020 incluyó una disposición adicional -concretamente la tercera- por la que se interrumpían los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público mientras se mantuviera esa situación excepcional. Finalmente se levantó el 1 de junio de 2020, por lo que estuvieron interrumpidos 78 días.

La medida generó un amplio rechazo entre colectivos periodísticos, profesionales del ámbito de la transparencia y la oposición parlamentaria, al entender que la decisión de no responder a solicitudes de información pública en esas fechas impedía conocer y fiscalizar las compras de material sanitario que el Gobierno gestionó durante los meses iniciales de la pandemia para luchar contra el coronavirus. También conllevó la paralización de las reclamaciones formuladas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En su informe anual sobre libertad de prensa, el Consejo de Europa criticó el ‘apagón informativo’ llevado a cabo por el Ejecutivo de Sánchez, al entender que está decisión "socavó seriamente" la capacidad de los medios de comunicación para recibir información sobre la crisis sanitaria. "Algunos periodistas informaron de que parecía que las nuevas reglas se estaban utilizando para ignorar las solicitudes legítimas de libertad de información de los medios críticos e independientes, cerrando una fuente clave de datos de salud", expone el trabajo.

También fue censurada la demora con que el Gobierno dio publicidad a los contratos. El Ministerio de Sanidad no empezó a dar publicidad a las adjudicaciones hasta la tarde-noche del 21 de abril, cuando ya había comprometido cientos de millones de euros en la compra de mascarillas, guantes de nitrilo, respiradores, gel hidroalcohólico, batas… La propia Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado -en una nota informativa publicada en la página web del Ministerio de Hacienda- tuvo que salir al paso para indicar que todos los contratos de emergencia firmados con motivo de la covid-19 debían publicarse tanto en el Perfil del Contratante como en el Portal de Transparencia.

La decisión adoptada ahora por el CTBG impide conocer su opinión acerca de si los departamentos ministeriales cumplieron con sus obligaciones en materia de publicidad activa o si le parece justificado que, durante 78 días, estuvieran suspendidos los plazos administrativos tanto para la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública como para resolver las reclamaciones.

En 2020, el Consejo de Transparencia elaboró informes de evaluación en materia de publicidad activa sobre seis comunidades -entre ellas Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria- y las dos ciudades autónomas, 11 ayuntamientos, 49 consejos generales de colegios profesionales, 36 entidades y empresas perceptoras de ayudas públicas y 15 agencias, autoridades y fundaciones pertenecientes al sector público estatal (como la Agencia Tributaria, el Instituto de Estudios Fiscales, la Autoridad Portuaria de Cartagena y el Museo Nacional del Prado). No aparece, sin embargo, ningún ministerio.

La falta de personal "no es excusa"

A los ojos de Miguel Ángel Blanes, la elaboración de dichos informes el pasado año y de otros 16 a órganos constitucionales y organismos supervisores en lo que va de 2021 demuestra que "no es excusa" la falta de recursos humanos, una de las quejas que en repetidas ocasiones ha formulado el presidente del CTBG desde que ocupa el cargo. Esta autoridad independiente tiene prácticamente la misma plantilla que cuando se constituyó -unas 22 personas- pese a que la carga de trabajo ha ido aumentando de forma notable.

La oposición cuestionó el nombramiento de José Luis Rodríguez como presidente del Consejo de Transparencia al entender que el hecho de que hubiera sido nombrado en su día director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero no era el mejor aval para garantizar la independencia de un organismo que ha de evaluar al Ejecutivo y que debe resolver reclamaciones contra la actuación de éste.

Una de las primeras decisiones de Rodríguez Álvarez fue destituir a la subdirectora general del área de Reclamaciones, Esperanza Zambrano. Esta funcionaria había dictado numerosas resoluciones en contra del criterio mantenido por el Ejecutivo, como las relativas a la gestión de la pandemia -estimó la pretensión ciudadana de que se conociera la identidad de los funcionarios que asesoraron a Sanidad a la hora de decidir a qué fase iba pasando cada comunidad durante la desescalada- o a los medios de transporte utilizados por Pedro Sánchez en sus desplazamientos. Zambrano fue sustituida por  Carmen Montero García-Noblejas, una funcionaria perteneciente al cuerpo superior de administradores civiles del Estado que hasta su nombramiento ejercía como vicesecretaria general técnica en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.