¿Se derribará la cruz que corona el monumento del Valle de los Caídos? ¿Expulsará el Gobierno a los monjes benedictinos del recinto, donde permanecen desde 1958? ¿A qué ubicación se trasladará la sepultura de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española? ¿Se podrán identificar los restos óseos de víctimas de la Guerra Civil enterradas en Cuelgamuros?

El Consejo de Ministros ha dado este martes un paso adelante con la aprobación del proyecto de Ley de Memoria Democrática, que enviará ahora a las Cortes para su tramitación. Entre otras medidas, el texto plantea la "resignificación" del Valle de los Caídos para que no sea un recinto de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, lo que tendrá que perfilarse en el futuro. Mientras tanto, se mantienen diversas incógnitas sobre el futuro de Cuelgamuros.

La cruz. El proyecto de Ley de Memoria Democrática se marca entre sus objetivos la "resignificación del Valle de los Caídos", en línea con la recomendación que formuló la comisión de expertos a la que José Luis Rodríguez Zapatero encargó en 2011 un informe sobre posibles actuaciones en Cuelgamuros. Una de las decisiones que habrá que tomar en ese proceso de redefinición es si se mantiene la cruz de 150 metros de altura y 46,40 metros de longitud de brazos que corona el monumento, visible a leguas. "La ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos pero dentro de ese marco, en su momento, habrá que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre esa cuestión", ha indicado este martes el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros. La demolición de la cruz es una de las propuestas que defiende abiertamente Podemos, según se detalla en el documento que la formación dio a conocer a finales de septiembre de 2018. Entonces era un partido en la oposición, hoy forma parte del Gobierno de coalición.

Los monjes. El texto que vendrá a derogar la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero (2007) no establece de forma explícita la expulsión de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, pero abre la puerta a la salida de los frailes después de 63 años o al menos a limitar su acción en el recinto. "Se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales", detalla el artículo 54.5. Posteriormente, mediante un real decreto, se establecería un nuevo marco jurídico para la organización, el funcionamiento y el régimen patrimonial. En el seno de la comunidad benedictina está instalado el convencimiento de que el Ejecutivo busca su expulsión de Cuelgamuros, máxime tras el pulso que el prior, Santiago Cantera, mantuvo con la ex vicepresidenta Carmen Calvo durante toda la tramitación del proyecto de exhumación de los restos de Franco. Los religiosos se oponían al traslado de los restos argumentando que el desenterramiento no contaba con la aprobación de la familia del dictador. ¿Puede unilateralmente el Gobierno decretar la salida de esta congregación? El establecimiento de la abadía benedictina se llevó a cabo tras el convenio que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos -creada en agosto de 1957 para administrar el conjunto monumental a través de un patronato- firmó con el abad de Silos el 29 de mayo de 1958. Uno de los objetivos fundacionales era mantener el culto litúrgico y Franco confió esa tarea a la orden benedictina, que se comprometía a crear un cenobio "independiente". En su punto 2, dicho convenio establece que su duración es "indefinida" y reconoce el derecho de los monjes a "percibir los productos de los bienes fundacionales y a permanecer en la Fundación". Sobre el papel, la vinculación está amparada por los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 y no podría romperse, salvo instrucción expresa del Vaticano o del abad de Solesmes (superior de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos). La duda es si la jerarquía eclesiástica española está dispuesta a echar un pulso si llegado el momento el Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea que los frailes deben abandonar Cuelgamuros.

Primo de Rivera. La entrada en vigor de la futura Ley de Memoria Democrática obligará a cambiar de ubicación de la sepultura de José Antonio Primo de Rivera para que no ocupe un lugar tan preeminente como el actual: delante del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos. "Hablaremos con la familia, es la manera más sencilla de cumplir la ley", ha indicado Bolaños. El fundador de la Falange fue inhumado en Cuelgamuros el 30 de marzo de 1959. Era la tercera sepultura. Fusilado el 20 de noviembre de 1936 en el patio de la prisión de Alicante, su cuerpo fue depositado inicialmente en una fosa del cementerio alicantino de Nuestra Señora del Remedio antes de su traslado -en noviembre de 1939- al monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Los descendientes de Primo de Rivera no han expresado públicamente aún cuál es su preferencia ante el hipotético traslado que conllevaría la aplicación de la futura norma.

Exhumaciones. La Ley de Memoria Democrática consagra también la disposición del Ejecutivo a atender las "reclamaciones y peticiones" de exhumación que formulen descendientes de personas inhumadas en el Valle de los Caídos. En los osarios de la basílica de Cuelgamuros hay enterradas al menos 33.847 víctimas de la Guerra Civil. La duda que se plantea es si será posible acceder a esas ubicaciones e identificar los huesos en los casos en que así lo deseen sus descendientes, puesto que hay otras familias que se oponen. La mezcla de restos óseos y el deterioro que previsiblemente presentarán por el tiempo transcurrido convierten la identificación genética de los restos cadavéricos en una tarea de "extrema dificultad", como reconoció el comité científico-técnico del Consejo Médico Forense -órgano estatal que asesora al Ministerio de Justicia, a las comunidades autónomas, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado- en el informe que le encargó el consejo de administración de Patrimonio Nacional en agosto de 2018. En casos de imposibilidad técnica de exhumación, el Ejecutivo abre la puerta a llevar a adoptar medidas que permitan una reparación "de carácter simbólico y moral".